México: Diputados de estados decidirán si se quitarán bienes a corruptos y ladrones de combustible
Es parte de un paquete de nuevas medidas del gobierno de México contra la corrupción y la malversación
Andrés Manuel López Obrador. Crédito: ALFREDO ESTRELLA | AFP/Getty Images
MÉXICO – La Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas la minuta del Senado de la República que reforma la Constitución Política a fin de que la extinción de dominio también aplique a la corrupción, ilícitos cometidos por servidores públicos y robo de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos.
La extinción de dominio equivale a quitar a los propietarios los bienes obtenidos o utilizados en actos ilícitos. Hasta ahora no aplicaba para esos delitos.
La diputada Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que estas reformas “son medidas urgentes para fortalecer el combate inteligente contra el crimen organizado y los hechos de corrupción, como base estratégica de seguridad pública y procuración de justicia”.
Una vez aprobada la minuta, aún enfrenta un obstáculo: que sea aprobada por más de la mitad de los 32 estados del país por tratarse de una reforma constitucional. Ahora el documento fue turnado a los legislativos de los estados para su análisis y eventual ratificación.
“Aunque Morena tiene la mayoría en los congresos locales (19 en total) no hay una cohesión en muchos temas. Morena es un partido que se formó gracias a muchos pactos y hay riesgo de que algunos de estos intereses se contrapongan a la extinción de dominio”, advirtió el analista especializado en temas legislativos Fernando D`Worak.
Es la primera que una ley se va a congresos locales para su aprobación y aquí vamos a ver si hay fortaleza del partido”. Fernando D`Worak.
La actual redacción del artículo contempla que la extinción de dominio procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.
Se agrega que también serán objeto de extinción de dominio bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos e ilícitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal”, y serán “las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función”.
“La estrategia de seguridad pública, es considerada para atacar los fondos económicos con los cuales la criminalidad crea, corrompe y destruye la institucionalidad del Estado”, destacó Carrillo.
