Líderes: el Congreso debe actuar para asegurar el Censo 2020

Líderes de diversas comunidades que temen graves errores en el Censo de Población del año 2020 instaron hoy al Congreso de Estados Unidos a hacer “todo lo que esté en sus manos” para aprobar una ley que impida la inclusión de la pregunta de ciudadanía en los cuestionarios.

El 15 de enero un juez federal en Nueva York ordenó al gobierno de Donald Trump retirar la pregunta de los cuestionarios que llegarán al público en general, pero este apeló la decisión directamente a la Corte Suprema de Justicia para revertir ese fallo.

“Sabemos que el gobierno busca una decisión rápida y también creemos que el Congreso debe de actuar lo antes posible y que tiene la responsabilidad de hacerlo”, dijo Beth Lynk, directora de la campaña del Censo para el Fondo Educativo de la Conferencia de Liderazgo.

El fallo del juez federal Jesse Furman dijo que la pregunta sobre ciudadanía fue añadida a última hora, con “intenciones sospechosas”, sin seguir la ley y las reglas administrativas, o tomar en cuenta las consecuencias que esta tendría en reducir la participación de ciertas poblaciones en el conteo.

El propio Censo en sus estudios internos con decenas de miles de personas por medio de “focus groups” ha verificado que hay desconfianza de la población hacia el conteo que se realiza cada 10 años y cuyos resultados se utilizan, entre muchas otras cosas, para distribuir recursos y servicios federales.

Aparte de la demanda de Nueva York hay otras dos pendientes, incluyendo una liderada por Asian Americans Advancing Justice (AAAJ) y por el Fondo México Americano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), que alega intención discriminatoria en la decisión de añadir al Censo la pregunta: “¿Es esta persona ciudadana de Estados Unidos?”

“Creemos que esta fue una conspiración contra ciertas comunidades y que individuos como Steve Bannon y Kris Kobach buscaron invisibilizar a ciertas comunidades”, dijo John Yang, presidente y director ejecutivo de Asiático Americanos por la Justicia (AAAJ).

El gobierno debía comenzar a imprimir los materiales del Censo en junio, pero en los documentos presentados hoy ante la Corte Suprema alegan que podrían posponer la impresión hasta octubre para dar tiempo a la resolución del tema legal.

Yang dijo que esto ofrece “aún mayor razón” para que el Congreso actúe de inmediato y apruebe alguna de las medidas pendientes, como la Ley IDEA del Censo patrocinada por la congresista Carolyn Maloney, que prohibiría añadir nuevas preguntas si no se prueban y evalúan durante un mínimo de tres años y son evaluadas por el Congreso.

Otra medida está pendiente en el Senado, pero hasta ahora no ha habido señales de apoyo republicano, a pesar de que todos los análisis serios dicen que los estados “rojos” o de mayoría republicana, son precisamente los que más van a sufrir por la pérdida de recursos.

“Este no es un asunto partidista, todo el mundo debe contar en el Censo, sea rojo, azul o púrpura (se refiere a los colores del partido republicano, demócrata y la mezcla de ambos)”, dijo Angela Manso, de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos NALEO.

De acuerdo con los propios estudios del Censo, así como los análisis de expertos, añadir la pregunta sobre ciudadanía a todos los cuestionarios inhibirá la participación de ciertas comunidades vulnerables, en particular la inmigrante y familias mixtas.

Los propios “focus groups” del Censo han hallado que esta desconfianza existe en la población que duda del manejo de sus datos personales por parte del gobierno. Esta desconfianza aumenta entre minorías e inmigrantes debido al ambiente racial y antiinmigrante que existe en el país, explican los expertos.

“El Buró del Censo necesita la certeza en lo que está haciendo y realizar mucho trabajo educativo y preparación que no puede comenzar hasta que se resuelva este tema”, dijo Manso.

Se espera también que la Cámara de Representantes, ahora en manos de los demócratas, realice audiencias y llame a declarar al secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien según el juez Furman, cedió a la presión política para incluir esta pregunta en la lista.

El gobierno ha alegado que necesita la información de ciudadanía para aplicar mejor la ley de derecho al voto, pero los documentos presentados por MALDEF y AAAJ en la demanda Lupe vs Ross explican que la inclusión de la pregunta tiene más que ver con presiones políticas y antiinmigrantes.