Joven abusado alcanza acuerdo de $1.8 millones con Distrito Escolar Unificado de Claremont
Acusó a una trabajadora de la cafeteria de acoso y asalto sexual
El Distrito Escolar Unificado de Claremont (CUSD) y una extrabajadora de la cafetería colectivamente acordaron pagar $1.8 millones de dólares a un exestudiante que alegó que ella abusó sexualmente de él en 2014, cuando tenía 16 años de edad.
El demandante, ahora de 20 años, fue identificado sólo como John SE Doe en la demanda presentada en abril de 2017 contra la CUSD y la empleada Vanessa Antonia Tinoco. Alegó negligencia, acoso sexual, agresión, violencia sexual e infligir intencionadamente angustia emocional.
En sus documentos judiciales, Tinoco mantenía que las reclamaciones del muchacho se presentaron demasiado tarde y que “no sufrió ningún daño” en sus encuentros con ella.
El Distrito mantuvo en sus documentos judiciales que no era responsable de los daños del demandante.
El entonces adolescente dijo que conoció a Tinoco en enero de 2014, cuando ella supervisó un programa de educación especial en el que ayudó en la preparación de almuerzos en escuela secundaria Claremont.
“Tinoco… deliberadamente se enfocó en el demandante después de determinar que sería vulnerable a su depredación sexual”, alegó su demanda.
Tinoco habló con el estudiante acerca de su matrimonio y los niños, le envió fotos gráficas de sí misma y eventualmente intensificó su conducta hasta llegar a la actividad sexual con él, algunos de estos encuentros ocurrieron en el campus, de acuerdo con la querella, que indicaba que sus interacciones no eran un secreto.
“De hecho, otros empleados de la cafetería se unieron al demandante y a Tinoco en varias actividades fuera del campus”, leía la demanda. “Tinoco regularmente llevaba al demandante hacia y desde la escuela, caminaban juntos a su coche estacionado en el estacionamiento del personal directamente en frente de las oficinas administrativas”.
La Policía de Claremont arrestó a Tinoco en octubre 2014. Tinoco, entonces de 33 años, renunció de su trabajo en el distrito en febrero de 2015.
La residente de Pomona se disputó los cargos de relaciones sexuales ilegales y fue condenada a tres años de libertad condicional formal y un año en la cárcel. También se le ordenó registrarse como un ofensor sexual.