Inmigrante logra la residencia gracias a sus hijos militares

Más de tres décadas después de vivir en las sombras, Benita López logró la residencia por la vía menos esperada, sus dos hijos militares. Pero el proceso estuvo manchado por un abogado sin escrúpulos que la estafó con 40,000 dólares sin mover un dedo por su caso.

Benita emigró de Michoacán, México en 1988. Un niño de tan solo 12 años la cruzó tranquilamente por la línea fronteriza en Tijuana.

“En esos tiempos era muy fácil cruzar. Me cobraron 350 dólares por dejarme en Hamet, – una ciudad en el condado de Riverside – donde vivía el padre de mi hija”, explica.

Tiempo después, Benita mandó traer a su hija Nicole Cortés que había dejado al cuidado de su suegra en México.

Ya en el país, tuvo dos hijos más, Elizabeth y Michael Cortés. Cuando crecieron, fue su hija Elizabeth quien le dio una sorpresa inesperada al decirle que se reclutaría en el ejército. A los tres meses, su hijo Michael le comunicó que él también quería ir a la milicia.

“La verdad yo no quería que se fueran. Estaba preocupada por sus vidas, pero ellos se empeñaron”, dice.

Al final, Benita comenta que no pudo oponerse a sus deseos. “No me quedó otra más que apoyarlos”, recuerda.

Fue su hija Elizabeth quien le dijo que ella podría arreglar su residencia, bajo un alivio para los padres con hijos en las fuerzas armadas.

“En 2012, fui entonces a ver a un abogado de migración en Temecula, cuando faltaban tres meses para que mi hija cumpliera los 21 años. Pero pasaron tres años, y en ese tiempo el abogado no hizo nada. Pero eso sí, nos sacó 40,000 dólares”, asegura.

“Cuando me di cuenta que el abogado quería más dinero, y de unas instalaciones de lujo se mudó a una oficina que se rentaba por hora, me di cuenta que todo era una farsa y decidí no darle ni un dólar más”, comenta.

En 2016, alguien le recomendó al abogado en migración, Eric Price.

“Me inspiró confianza desde el principio y decidí darle mi caso. Batallamos mucho para que el otro abogado nos entregara los expedientes. Ahí nos dimos cuenta que nunca presentó ninguna petición a migración”, indica.

La abogada Mitzi Cárdenas de las oficinas de Eric Price, precisa que Benita obtuvo la residencia porque su hija que nació en Estados Unidos, es mayor de 21 años, y es miembro del ejército.

“No basta con que los padres indocumentadas tengan un hijo ciudadano en los Estados Unidos mayor de 21 años para solicitar la residencia, necesitan otro factor de ayuda. En este caso fue su hija que es militar, pero también ayudó su hijo que está en la reserva del ejército”, indica.

A partir de sus hijos militares, Benita pudo sacar un permiso que se llama Parole in Place (PIP). En español, se conoce como entrada legal en su lugar.

“La ley de Migración, dice que si tienes un hijo en el ejército, en la marina o en la reserva militar puedes pedir ese permiso que funciona como una entrada legal para propósitos de solicitar la residencia”, aclara la abogada.

Una vez con el parole in place, se procede a pedir la residencia.

“Ahorita este procedimiento puede durar entre seis y ocho meses. En ocasiones se dilata porque migración quiere más evidencias de que los hijos en verdad sirven en las fuerzas armadas”, indica la abogada.

Benita cuenta que saltó de la cama cuando le avisaron muy temprano el 20 de febrero. Ella tenía que ir a la oficina de su abogado porque le había llegado su tarjeta de residencia permanente.

“El viaje de más de 80 millas entre Hamet y Los Ángeles que normalmente nos toma dos horas de manejo, lo hicimos en hora y media. Mi hija y yo salimos como cohete”, dice más que emocionada.

Nunca pensó que a través de sus hijos militares podrían resolver su situación migratoria, reconoce.

Después de cuatro años de estar activo en el ejército, Michael se dio de baja, pero se quedó como reservista. Actualmente a sus 25 años, es agente del sheriff de San Bernardino. Elizabeth López,de 27 años, lleva seis años sirviendo al ejército.

“Queremos ir a celebrar a Cancún. Tengo más de 30 años que no voy a México y quiero ver a mi padre porque a mi madre la perdí hace ocho años”, platica.

Pero Benita, ahora de 52 años, dice que quiere ampliar su negocio de decoración para fiestas que inició hace 16 años en la ciudad de Hamet.

Eso sí, advierte a los inmigrantes, que tengan mucho cuidado con el abogado de migración que contraten. “Pidan referencias. No vayan a salir estafados como yo. Si no les late desde la primera cita, no vuelvan”, comenta.

La abogada Cárdenas afirma que Benita podrá solicitar su ciudadanía en cinco años.

Para tranquilidad de militares

El parole in place (PIP) es un proceso por el cual los familiares inmediatos de militares, veteranos o reservistas, que se encuentran en condición de indocumentados pueden evitar una deportación, residir en los Estados Unidos y adquirir una tarjeta de residencia. El parole in place es ‘una entrada legal en su lugar’ que da el gobierno estadounidense a los familiares de un miembro de las fuerzas armadas para evitar la deportación, y es el primer paso a la residencia.

El propósito del programa es evitar que los militares se preocupen por una posible deportación de sus familiares. En 2013 se desarrollaron las regulaciones del programa y se ampliaron en 2014.