La propuesta ‘Ley de Gabriel’ intenta detener la negligencia de trabajadores sociales en Los Ángeles
Activistas buscan que el condado mejores sus medidas de seguridad de los casos de abuso a menores que le son reportados
La muerte de dos niños del valle del Antelope a manos de sus familiares, en el 2013 y 2018, ha causado que activistas y partidarios del bienestar de los menores de edad sea investigado con más intensidad por parte de las autoridades.
La propuesta de ley AB 1450 “Gabriel’s law” fue gestionada tras la muerte del pequeño Gabriel Fernández, de 8 años de edad, quien vivía en East Palmdale con su madre y el novio de ella. Sin embargo, su madre y el novio fueron los que terminaron torturado al pequeño hasta causarle la muerte.
En el 2018, una situación similar enfrentó el pequeño Anthony Avalos, de 10 años, quien vivía con su madre y el novio de ella en Lancaster.
En ambos casos, el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) recibió llamadas acerca de los abusos, y en ambos casos, los trabajadores sociales optaron por dejar a los niños en el hogar con su madre.
Félix Menéndez, miembro de la organización SALVA del Valle del Antelope, dijo que ellos se encargan de asistir a familias cuyos hijos están en el sistema del DCFS y han sido testigos de las negligencias por parte del sistema.
“Por ejemplo, una de las familias estaba viendo golpes y moretones en las partes intimas de sus niños. Se les presentaba fotos a los trabajadores sociales y ellos decían que ella [la mamá] maquillaba la información”, dijo Menéndez.
Cuando la organización se enteró e intentó llamar la atención del DCFS en el Valle del Antelope, se les exigió mano dura ante los abusos de los menores, pero el sistema optó por poner una orden de restricción en contra de Menéndez y las familias que protestaban.
“Lo mismo hacían con la familia de Gabriel y la familia de Anthony. A los trabajadores sociales lo que les importa es su cheque, entre más niños tienen más horas trabajan; ellos tienen asegurado su trabajo”, añadió Menéndez.
La organización SALVA encontró que un trabajador social supervisa alrededor de 79 casos.
“Entonces nosotros nos dimos cuenta que para ellos en realidad esto es un negocio y no están cuidando la vida de los niños”, dijo Menéndez. “También lo que nos dimos cuenta es que el DCSF cuando tiene mucho trabajo contrata agencias privadas para que hagan la supervisión de esos niños; estas empresas para mantener sus contratos, maquillan la información y no dan la información que provee la policía o los padres”.
Propuesta de ley AB 1450
La propuesta de ley estatal AB 1450 del asambleísta Tom Lackey, del distrito 36—de ser aprobada—exigirá a cada condado establecer una base de datos privada y segura en línea para informar denuncias fundamentadas de informes de abuso y negligencia infantil.
En dicho sistema de datos nadie podrá manipular la información que pone el sheriff, los trabajadores sociales y el DCSF o compañías privadas.
La ley requeriría que cada base de datos que se implemente con políticas para supervisar el intercambio de información incluya, entre otros datos, informes entrelazados del DCFS, la oficina del fiscal del distrito y agencias locales del cumplimiento de la ley, para garantizar que cada agencia lleve a cabo su respuesta investigativa obligatoria a los informes de abuso o negligencia infantil.
Adicionalmente, la ley requerirá que cada condado desarrolle un proceso más intenso para que una persona sea borrada de la base de datos si el informe con respecto a dicha persona no tiene fundamentos.
Menéndez dijo que la propuesta de ley esta pautada para ser escuchada hoy martes 9 de abril en la asamblea en Sacramento; él y un grupo de activistas estarán presentes apoyándola.