Tratamiento de salud mental dirigido a los reos resultó más barato y efectivo

Para Stephen Baker, de 55 años, el entrar y salir de la cárcel por cualquier delito fue algo normal por gran parte de su vida.

El hombre quien creció en la ciudad de Carson, al sur de Los Ángeles, desconocía que había desarrollado depresión a muy temprana edad. Ya de adulto enfrentó la muerte de su esposa y su hija lo cual complicó su estabilidad mental aun más.

“Por muchos años experimenté la cárcel y la indigencia. La indigencia es mucho peor”, relató el hombre el lunes por la mañana en conferencia de prensa. “Suena raro, pero por lo menos en la cárcel tienes acceso a comida, un baño y a necesidades básicas de salud”, añadió sugiriendo que esa es la razón por la que muchos regresan a las cárceles.

Fue hasta que en el 2016 poco antes de salir de la cárcel, Baker dijo que personal le habló acerca de la salud mental y le ofreció la oportunidad de recibir ayuda.

“Cuando escuché que ellos me iban a ayudar con la vivienda no lo podía creer. Yo nunca fui una mala persona solo que fui criado por personas que estaban igual de mal que yo”, recordó Baker admitiendo que su madre, quien aun vive, también sufre de problemas mentales.

Baker fue el claro ejemplo de superación para anunciar la expansión de un programa del condado de Los Ángeles que ayuda a remover a los prisioneros con enfermedades mentales de la cárcel y les provee supervisión intensa de sus casos mientras les brinda vivienda temporal.

El programa Office of Diversion and Reentry ODR (Oficina de Desvío y Reingreso) que comenzó en el 2015 inicialmente se dirigía a ayudar solamente a personas con problemas mentales cuyos casos eran escuchados en la Corte Superior del centro de Los Ángeles, conocida como LA Central District.

Sin embargo, datos importantes revelaron que desde ese entonces a la fecha 1.728 personas con enfermedades de salud mental han sido retiradas de la cárcel y colocadas en viviendas de apoyo.

Por esta razón los supervisores del condado de Los Ángeles acompañados de la fiscal del condado y otros funcionarios dijeron que, a principios de abril, a petición de la Corte, los casos serán escuchados en dos tribunales sirviendo a nueve distritos.

Y para el final del año, los presos con problemas mentales de todo el condado de Los Ángeles podrían ser elegibles para tratamiento y servicios en lugar de ir a la cárcel.

“Hoy estamos tomando un paso muy importante al expandir este programa a cada corte del condado de Los Ángeles. Al duplicar el desvío, tenemos el potencial de alcanzar a miles de individuos más en el condado sin comprometer la seguridad pública”, dijo el supervisor del condado de Los Ángeles Mark Ridley-Thomas

El supervisor añadió que el programa ODR ha demostrado en los pasados tres años, tres cosas; que las personas con problemas mentales que reciben tratamiento y vivienda de apoyo crean comunidades más seguras, que se puede romper el ciclo entre el sistema de justicia criminal y la indigencia y se puede ahorrar dinero de fondos públicos.

Se estima que una tercera parte de los hombres que están en la cárcel del condado de Los Ángeles sufren de salud mental. Esto equivale hasta 5.134 en una población de 16.621 en febrero del 2019.

Un reporte del Departamento de Servicios de Salud demostró que el 56%, o alrededor de 2.900, prisioneros con problemas de salud mental podrían ser salvados del sistema carcelario para recibir ayuda apropiada.

Adicionalmente esto ahorraría tremendamente en fondos ya que se estima que la ayuda por día para un enfermo de salud mental es de unos $70 en comparación con hasta $600 que puede costar un preso.

Baker confirmó que estando en la cárcel, y ahora afuera, ha comprobado que muchas de las personas que estaban ya sea en la cárcel o en la indigencia no eran criminales.

“Hay mucha gente allá afuera que son gente buena”, dijo Baker quien orgulloso añadió que ha estado libre de problemas desde hace tres años y ya cuenta con una vivienda permanente en Baldwin Park.

Por su parte la fiscal del condado de Los Ángeles Jackie Lacey, dijo que los fiscales hacen un juramento en sus comunidades donde la seguridad pública es prioridad número uno.

“Queremos asegurarnos que las cárceles y prisiones están reservadas para los delincuentes más graves y violentos”, enfatizó la fiscal.

Se estima que desde que el programa se creo, en el 2015, el ODR ha ayudado a guiar y remover a 3.000 personas que sufren de problemas serios de salud mental, abuso de sustancias o una combinación de ambos.