Investigan amenazas de un ‘sargento’ contra abogada del condado de Los Ángeles

La Oficina del Inspector General Rodrigo A. Castro-Silva comenzó una investigación sobre la presunta amenaza hecha contra la abogada del condado, Mary C. Wickham, declaró el Inspector General interino.

“No hubo una grabación; fue una llamada de persona a persona”, declaró Castro-Silva a La Opinión. “Fue algo raro, único, singular y diferente a otras llamadas [de presunto fraude telefónico], pero una investigación independiente y exhaustiva nos dirá lo que pasó”.

La investigación se produce luego de una llamada al teléfono celular personal de Wickham el sábado 20 de abril de 2019.

El autor de la llamada se identificó a sí mismo como un “sargento” del Sheriff del Condado de Los Ángeles, quien exigió que Wickham se presentara a la estación del alguacil de inmediato y se entregara por no haberse presentado a una citación del Gran Jurado de 2006.

“Cuando ella respondió que no había ninguna base para esta indignante e infundada demanda, la persona que llamó la amenazó con ir a su casa para arrestarla”, dijo el Inspector General interino.

También, consideró el acto como “un descarado intento de intimidación”.

“Estas amenazas son un acto hostil destinado para intimidar a un funcionario público que hace su trabajo en nombre del Condado de Los Ángeles, la Junta de Supervisores y los residentes a los que servimos”, dijo Castro-Silva. “Anticipo y espero la cooperación total e inmediata del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles para determinar a la persona o personas detrás de este ataque injustificado contra el principal asesor legal del Condado”.

El incidente también suscitó el rechazo de miembros de la Junta de Supervisores.

“Amenazar a un funcionario público es despreciable y nunca será tolerado declaró la Supervisora Hilda Solís. “Esta intimidación antidemocrática está diseñada para evitar que la abogada del condado haga su trabajo”.

Agregó que “Mary Wickham representa a la Junta de Supervisores con respeto, honor y con una vida dedicada al servicio a todos los residentes del Condado de Los Ángeles. Ni ella ni mi oficina serán disuadidos de cumplir con nuestro trabajo como representantes de los residentes del Condado de Los Ángeles. Apoyo plenamente a la Oficina del Inspector General en su investigación de este asunto, y espero que esta amenaza se resuelva rápida y adecuadamente”.

Earl Ofari Hutchinson, presidente de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles comentó a La Opinión que “la culpa de esta llamada a la abogada del condado ya sea real o fraudulenta, se relaciona directamente con el sheriff Villanueva”.

“[Villanueva] ha dejado claro que hará cualquier cosa para proteger a los oficiales del alguacil, incluidos aquellos que cometen actos de mala conducta. La prueba es, por supuesto, su absoluta determinación de volver a contratar a un agente que ha cometido abusos”.

El líder afroamericano de derechos civiles subrayó que “Villanueva ha creado un clima peligroso dentro del Departamento del Sheriff donde los oficiales ya no serán responsables por la mala conducta. También ha dado señales sólidas de que no superará muchas de las reformas que se ordenaron para el departamento del alguacil debido a sus prácticas abusivas desenfrenadas y sin control, especialmente contra los negros y los hispanos”.

La Opinión solicitó una entrevista con el Sheriff Alex Villanueva, pero al cierre de edición no respondió a la petición.

Sin embargo, en la página del LASD se estableció que: “El incidente al que se refiere la Sra. Wickham sigue un patrón similar de llamadas recibidas por otros en el en el área”.

La pugna por las recontrataciones

La presunta intimidación del “sargento” surgió en medio de la batalla que sostiene el nuevo Sheriff, Alex Villanueva y la Junta de Supervisores por la recontratación de al menos seis alguaciles, quienes previamente fueron despedidos.

Un oficial fue acusado de asaltar y hostigar a una mujer y mentir sobre el caso. Otro, regresó a las fuerzas del orden luego de haber sido echado del LASD por el uso de una fuerza irrazonable durante un arresto.

“Yo no sé si es parte de esta lucha de poder o no; espero que en la investigación podamos encontrar los hechos”, precisó el Inspector General. “Ese grave problema [de la cultura de violencia y amiguismo] es parte de si esta cultura ha regresado al Departamento, una cultura que todos pensábamos que ya no existía, [pero] lo que se está manifestando es terrible”.

La Junta de Supervisores pidió al Sheriff Villanueva que parara la práctica de recontrataciones, aunque él ha argumentado que los líderes previos a él fueron demasiado duros para castigar a los agentes y que él quiere ser más justo.

Reformas en retroceso en el LASD

 Los críticos de Villanueva temen que esté haciendo retroceder las reformas impuestas en el Departamento del Sheriff, a raíz de un gran escándalo de corrupción hace varios años, y por el cual el exalguacil Lee Baca está a punto de ser enviado a prisión.

En diciembre de 2018, Villanueva reincorporó a uno de los voluntarios de su campaña, Caren Carl Mandoyan, quien fue despedido en 2016 por violar las políticas del departamento con respecto a la violencia familiar y la deshonestidad. En febrero, también recontrató a Michael Courtial, luego de que una revisión realizada por el LASD determinó que el oficial no debió haber sido despedido por usar una fuerza irrazonable. Otros oficiales reinstalados en el departamento son: Justin Seman, Omar Chávez, Jason Goss y Brian Mayfield, que habían sido despedidos.

Peter Eliasberg, abogado principal de la ACLU en el Sur de California dijo que “en un corto periodo de tiempo el Sheriff ha roto sus promesas como no contratar a personal que haya cometido actos de mala conducta y mucha gente está descontenta”.

La batalla legal contra el alguacil latino

 La lista de agentes que han retornado motivó una batalla legal. La Junta de Supervisores llevó a la corte a Villanueva, a fin de tratar de impedir la reinstalación de Mandoyan. Los supervisores, que controlan el presupuesto del condado dejaron de pagar el salario a Mandoyan, argumentando que no es un empleado, aunque él hubiera permanecido en servicio.

A principios de abril, Mandoyan presentó una demanda civil en un tribunal federal, alegando ser un objetivo de represalias por su respaldo al sheriff Villanueva, en 2018 y al excandidato Jim Hellmold en las elecciones de 2014, ganadas por Jim McDonnell.

Mandoyan disputa la retención de su pago y la “injusticia” por intentar su expulsión del LASD.

El agente ya había presentado una demanda anterior en 2018 contra el condado por su terminación de 2016.

Este año acordó retirar la demanda con la condición de que el Departamento del Sheriff lo volviera a contratar.

Antes que retirara la demanda, el condado había acordado pagarle un acuerdo de $ 200,000, que ahora está en disputa.

El ‘amiguismo’ y la petición de destitución

 Pero no solamente las críticas por el “amiguismo” tienen a Villanueva en el ojo de la tormenta, sino también su postura sobre promesas incumplidas de que reformaría el Departamento del Sheriff sobre su cooperación con agentes del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE).

“La Migra” se fue de las cárceles del condado, pero en su lugar se obtuvieron los servicios de contratistas privados para transferir a reos a las autoridades federales para su deportación.

“Es una diferencia cosmética, pero con el mismo resultado”, criticó en una carta la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La carta solicita que si Villanueva planea continuar con las transferencias de ICE y las notificaciones que “solo lo haga por condenas por delitos graves o violentos con un período de tres años”.

La estafa telefónica

El departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) señala que todos recibimos la convocatoria por correo para ser jurado (Jury Duty) de los Estados Unidos en algún momento u otro.

Todas las citaciones judiciales para el Condado de Los Ángeles se envían por correo a través del servicio postal y ninguna oficina del gobierno llamaría a un residente para avisarle por no comparecer.

“Si recibe una llamada telefónica con respecto a la fecha de comparecencia de un jurado, tenga cuidado, es una estafa’, dice el comunicado.

Añade que “esta estafa puede ser un poco intimidante porque la persona en el otro lado de la línea telefónica pretende ser un representante de la ley, cuando en realidad es un estafador que exigirá un pago para evitar que se emita una orden por no haber acudido a la citación para ser jurado’.

Cómo funciona esta estafa:

• Los residentes reciben una llamada telefónica de un individuo que dice ser oficial de la ley (como un alguacil adjunto) o personal de la corte diciendo que no han cumplido con su deber de jurado y le informan que debe hacer un pago. Estos estafadores pueden llegar a identificarse como agentes del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles u otra agencia específica de cumplimiento de la ley.
• Estos criminales solicitan un pago inmediato para evitar emitir una orden relacionada con el deber de jurado. Estos pagos han oscilado entre unos pocos cientos de dólares y miles de dólares.
• Los estafadores instruyen a la víctima para que realice un pago con una tarjeta prepagada como Green Dot. (Punto Verde) que generalmente se compra en su tienda minorista local. El estafador luego solicita el número al dorso de la tarjeta “Green Dot” para que puedan robar los fondos de las tarjetas.

Si recibe una llamada de este tipo, no proporcione ninguna información personal, de tarjeta de crédito o bancaria. Si se convierte en víctima de esta estafa, comuníquese con la policía de inmediato.