No desapareció del todo ‘la migra’ de las cárceles de Los Ángeles

En la cárcel del condado de Los Ángeles ya no hay agentes de la “migra” como lo prometió el Sheriff Alex Villanueva, pero en cambio sí están algunos “transportistas”, dijo  Patti Giggans, presidenta de la Comisión Civil de Supervisión del Sheriff del condado de Los Ángeles (CSCS).

Giggans indicó que los “transportistas son contratistas privados y pagados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“No hay mucha diferencia entre tener agentes y transportistas”, dijo a La Opinión Giggans. “Aún están ahí y son pagados por DHS”.

Cuestionada si el Sheriff ha mentido a la comunidad latina, respondió que Villanueva “ha engañado al público”.

“Hay una desconexión entre lo que dijo [como candidato] y lo que hace; mucha gente votó por él y [sobre todo] la comunidad latina que ha sido aterrorizada por ICE”.

Giggans y otros cinco miembros de los nueve que componen la Comisión Civil aprobaron hace poco una serie de 10 recomendaciones para nulificar cualquier indicio de cooperación de este departamento con ICE.

Tres de las recomendaciones que podrían ser o no aplicadas por Villanueva se refieren a que el LASD no debe proporcionar a ICE más información de la que proporciona al público, ni debe difundir información sobre el estado de liberación de un recluso u otra información confidencial, a menos que lo exija la ley federal o estatal.

Las otras dos que son más restrictivas  porque indican que el Departamento del Sheriff no debe proporcionar acceso a ICE al Centro de recepción de los internos, a menos que lo exijan las leyes estatales o federales, y que el LASD no debe cumplir con las órdenes de detención de ICE, salvo requerimiento específico de la ley federal o estatal.

Giggans precisó a este diario que el espíritu de las recomendaciones es “no hacer fácil que ICE aterrorice a la comunidad y  espante a la gente teniendo a esos transportadores en la cárcel”, dijo. “Eso es problemático para mucha gente y [en la comisión] teníamos preocupación que las reformas que se habían hecho regresaran al pasado”.

Mariana Magaña, defensora de políticas en la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), comentó que para que las recomendaciones se conviertan en ley, deben ser aprobadas por la Junta de Supervisores del condado.

“Si él [Villanueva] no quiere hacer el cambio, no se hace”, indicó. “Pero nosotros como CHIRLA aprobamos y dimos apoyo a esas recomendaciones que fueron presentadas a finales del año pasado porque hacen un poco más de lo que representa la ley estatal o SB54, y obviamente queremos que el condado con más inmigrantes en todo el país dé un paso más adelante [en la protección de sus residentes]”.

Basados en los comentarios de la comunidad, su propio análisis, los problemas fiscales involucrados y una revisión de cómo la cooperación con las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha sido manejada por las agencias del orden en otras jurisdicciones, los miembros de la Comisión Civil de Supervisión del Sheriff del condado de Los Ángeles concluyeron inicialmente, que LASD ha trabajado de manera diligente y efectiva para implementar procedimientos que garanticen el cumplimiento, tanto con la Ley Confianza de California, como con la Ley de Valores de California. No obstante, indican que la percepción a cambiado.

Contratistas del DHS para el traslado de reos

En febrero, la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU) y  algunas organizaciones defensoras de los inmigrantes protestaron a través de una carta contra Villanueva por el reemplazo de los agentes de ICE con contratistas para manejar el arresto y traslado de individuos a ICE, una práctica que calificaron como una “diferencia estética” con el mismo resultado: deportación de presos indocumentados.

“Los votantes lo eligieron debido a su promesa de que terminaría con la facilitación de deportaciones de LASD, pero su política propuesta continúa esa práctica, prácticamente sin cesar”, indica la misiva enviada a Villanueva.

“Aunque creemos que la práctica de las notificaciones y transferencias de ICE debe detenerse por completo y que usted se comprometió a hacerlo con los votantes, tiene la oportunidad de al menos limitar esta práctica para abarcar solo a personas que hayan sido condenadas por delitos graves o violentos”.

El comisionado Robert C. Bonner fue uno de quienes se opuso a las recomendaciones y pidió que fueran borradas antes de ser adoptadas por la Comisión completa.

“El efecto de estas recomendaciones, individualmente y en combinación, es impedir la transferencia de la custodia del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles a las autoridades federales de inmigración de personas condenadas por delitos graves y violentos que no están legalmente en los Estados Unidos”, dijo y señaló que la adopción de las recomendaciones haría a las comunidades menos seguras.

Al cierre de edición, La Opinión no pudo obtener un comentario de la oficina del alguacil Alex Villanueva, a quien se le envió una serie de varias preguntas relacionadas a este tema.

Los sacan de las celdas y los entregan a la “migra”

Por su parte, Rosa María Santana, portavoz de la supervisora del condado, Hilda Solís, dijo que la supervisora siempre se ha opuesto a la práctica de transportación ya que la eliminación de ICE de las cárceles hace que los agentes del LASD participen más en el proceso de transferencia.

Ejemplificó que “los agentes del Sheriff ahora están enviando correos electrónicos a ICE para notificarles de la liberación de los reclusos en los que han indicado [tener]  interés; están extrayendo físicamente a los reclusos de sus celdas, y luego los entregan a los contratistas de transporte de ICE”.

Añadió que la supervisora Solís no cree que los cambios que ha hecho el Sheriff son suficientes para abordar las inquietudes que ella tiene sobre la participación del Departamento del Sheriff con ICE.

“La supervisora Solís sabe que este asunto es algo que preocupa profundamente a los votantes, y que se trata de mejorar la transparencia y fomentar la confianza entre la comunidad y el Departamento del Sheriff”, dijo.

“Los votantes quieren que la Junta de Supervisores garantice que las promesas del entonces candidato Villanueva sobre la eliminación de agentes de migración de las cárceles se lleven a cabo”.

Solís apoyo  las recomendaciones de la Comisión de Supervisión Civil del Sheriff (CSCS) que, si se implementan, irían lejos para construir la confianza que el público necesita tener en su principal agencia de aplicación de la ley.