Avalan polémica ley de ampliación de mandato de gobernador electo en Baja California
Legisladores federales piden juicio político para los diputados que aprobaron dicha ley, considerada inconstitucional
MÉXICO – El Congreso de Baja California validó la reforma que amplía de dos a cinco años el periodo de Gobierno del morenista Jaime Bonilla, lo cual ha desatado una serie de criticas en todo el país, el presidente Andrés Manuel López Obradro, asegura que él no tiene nada que ver al respecto.
En sesión en una sede alterna, además los legisladores desecharon, por considerarla improcedente, la solicitud derivada del exhorto emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para dejar sin efecto esta reforma.
“Tomando a consideración el vicio constitucional de fondo que presenta la solicitud de dejar sin efecto el Decreto 112 de la Constitución Local, acto jurídico distinto a la Iniciativa que modificaba el Octavo Transitorio de fecha 8 de julio de 2019, iniciativa que no se puede dejar sin efectos al no tener el carácter de Decreto por encontrarse todavía en el Proceso Legislativo”, refiere la iniciativa aprobada.
Leído por el diputado priista Alejandro Arregui Ibarra, uno de los 21 diputados que avalaron la llamada “Ley Bonilla”, el Congreso aprobó rechazar la injerencia de la Comisión Permanente “en asuntos que únicamente corresponden a los bajacalifornianos y exigimos respeto a nuestra soberanía”.
Además, los legisladores reviran el exhorto para que el Congreso de la Unión se dirija a otras instancias jurisdiccionales.
“Se exhorta a la Comisión Política Permanente del Congreso de la Unión, que en el caso de cualquier inconformidad de esta soberanía y sus determinaciones, se inicie el de trámite por las vías y mediante los procedimientos contenidos en la nuestra Carta Magna, esto es, se concurra ante las instancias jurisdiccionales idóneas”, indica el dictamen.
Durante una sesión extraordinaria en Playas de Rosarito, diputados del PRI y del PAN se quejaron de que han sido objeto de críticas a nivel “nacional e internacional”.
Los legisladores incluso se consideraron víctimas de posibles actos de la delincuencia, al darse a conocer que presuntamente recibieron sobornos.
La diputada panista Mónica Hernández Álvarez, en proceso de expulsión de Acción Nacional, indicó que se encuentra en una situación “bastante vulnerable” al difundirse que posiblemente recibió dinero.
Alfa Peñaloza, en proceso de expulsión del PAN, dijo que se va con la frente en alto.
“A mi familia la han amenazado”, se quejó.
La Alcaldesa del PAN, Mirna Rincón, también en proceso de expulsión del PAN, dirigió sus escoltas para que no dejaran ingresar a nadie al Palacio Municipal de Playas de Rosarito desde dos horas antes de la sesión de los diputados.
Medios de comunicación no pudieron ingresar a la sesión del Congreso local.
Algunos ciudadanos gritaron desde la calle “vendidos” e intentaron ingresar al Palacio Municipal, pero fueron contenidos por policías municipales.