Peter Schey, el abogado líder del Acuerdo Flores: desafiarán nueva regla de Trump para anular este acuerdo

La administración Trump impuso esta semana una nueva regla para que las familias migrantes permanezcan bajo detención de manera indefinida mientras sus casos se resuelven en las cortes de migración, lo que elimina el  histórico Acuerdo Flores que estableció los derechos de los menores bajo custodia.

Pero Peter Schey, el abogado líder del Acuerdo Flores, advierte que presentarán un documento en la corte que especifica que las recientes regulaciones no son consistentes con el acuerdo y por tanto deben ser bloqueadas.

Por 21 años, este acuerdo sentó los estándares nacionales para la detención de miles de menores acompañados y no acompañados”, dice Schey.

“Protegía a los menores de dos maneras: primero exigía un trato humano para los niños y que los pusieran lo más rápido posible en instalaciones con licencia de agencias estatales especializadas en el cuidado de menores; segundo, el acuerdo requiere que al menos que sea un riesgo para ellos, los menores migrantes deben estar reunidos con sus familias en los Estados Unidos lo más pronto que se pueda”, explica.

Aclara que el Acuerdo Flores no obliga a liberar a los menores en un periodo de 20 días como la administración Trump ha remarcado repetidamente.

Schey, quien es presidente del Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales, logró el Acuerdo Flores con el gobierno federal en 1997, tras 12 años de litigio. 

Considera que la decisión de anularlo es impulsada desde la Casa Blanca y decidida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para poner un alto al flujo de inmigrantes que llegan a la frontera sur.

Y recuerda que el 5 de abril de 2019 cuando el presidente Trump se reunió con agentes de la Patrulla Fronteriza en Calexico, California, despotricó contra el Acuerdo Flores, llamándole un desastre. “Tengo que decirte juez Flores quien quiera que seas que esa decisión fue un desastre para nuestro país”, dijo el presidente Trump.

Pero resulta, observa Schey, que Flores en el título de este acuerdo, no se refiere a un juez sino a una adolescente, Jenny Lisette Flores, una de las cuatro demandantes de 1985.

“Este esfuerzo para anular el Acuerdo Flores, es una demostración completa de la indiferencia cruel a la salud y seguridad, y de hecho hasta de las vidas de los menores detenidos”, dice Schey.

Trae a la memoria que durante los últimos años, varios niños han muerto en custodia de la administración Trump, miles han sido detenidos en celdas y jaulas sobrepobladas e inhumanas, con frecuencia sin cobijas ni colchonetas para dormir; y muchos han necesitado cuidado médico por las enfermedades contraídas en las condiciones de detención antihigiénicas y saturadas, y no se les ha dado. Así es como el presidente Trump trata a los niños inmigrantes detenidos por su administración”, expone.

El plan de la administración Trump, asevera, es desde luego detener niños inmigrantes todo el tiempo que se desee sin tener que adherirse a los estándares establecidos para las condiciones de confinamiento de los menores, retrasar la entrega a sus familias que viven en Estados Unidos, ignorar su elegibilidad potencial de estatus legal bajo las leyes actuales, y deportar tantos menores como sea posible sin importar el abuso o persecución que puedan enfrentar en sus países de origen.

Esperanza en las cortes

La administración Trump sabe que sus regulaciones serán bloqueadas por las cortes. “Muy probablemente son parte de la campaña de reelección del presidente Trump más que un esfuerzo serio para terminar con el acuerdo”, considera.

Y anticipa que en los próximos meses, el presidente Trump intensificará sus ataques contra las caravanas, criticará que la frontera ha sido infestada, que las patrulla fronteriza está en un caos, y enfocará la culpa a las familias migrantes y los menores no acompañados e insistirá en que necesitamos un muro, y detener a los inmigrantes y regresarlos. “Ese será el camino que tomará para su campaña de reelección”.

Reacciones

Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), dice que con estas nuevas reglas, la administración Trump demuestra que no se detendrá ante nada para disminuir su abuso sobre los inmigrantes más débiles y expuestos.

“Hace 35 años, cuando los abogados presentaron la demanda que resultó en el acuerdo Flores, los niños languidecían por semanas en cárceles sucias e improvisadas, cercadas con malla de alambre. El Acuerdo Flores quería terminar todo eso”, dice.

Las nuevas reglas son el más reciente componente de una campaña de máxima crueldad del presidente Trump contra los inmigrantes, particularmente contra lo solicitantes de asilo y refugiados, anota Salas.

“Flores fue una victoria significativa para el bienestar de los niños. Nosotros vamos a proteger y desafiar las nuevas reglas mientras trabajamos para que estas protecciones básicas se conviertan en ley. Esto no se ha acabado”, destaca.

El procurador de California Xavier Becerra hace ver que están preparados para defender los derechos humanos de los menores y los valores e integridad de los Estados Unidos de América. “La administración Trump quiere eliminar protecciones que alejan a los niños del trauma y daño causado por una detención prolongada, cruel e inhumana”, afirma.

Sindy Benavides, directora ejecutiva de LULAC, lamenta que después de los 22 asesinatos inspirados por la retórica de Trump, y 680 familias devastadas por las redadas de ICE en una planta procesadora en Mississippi, se elimine Acuerdo Flores porque considera es otro ataque bajo y cruel sobre los niños y familias refugiadas latinas.

“Sabemos que al menos siete niños han muerto en custodia de migración, y el hecho de que Donald Trump y su administración quiera mantener a los menores detenidos por más de 20 días en centros de detención escuálidos, será por siempre parte del legado manchado del presidente Trump”, afirma.

Y enfatiza que los estadounidenses y las comunidades latinas no apoyan la explotación de los niños para aumentar las ganancias de los centros de detención privados. 

“No serviremos como peones políticos para energetizar a su base supremacista blanca. Nuestros niños no son una mercancía. Queremos ver esta política derogada en la corte”, afirma.