Crisis en Nicaragua provoca “grave y masiva” migración

Washington, D.C.- De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis política que acontece en Nicaragua con múltiples protestas antigubernamentales, ha provocado que cerca de 70,000 personas hayan tomado la decisión de emigrar de este país centroamericano. La cifra data desde abril de 2018. 

En el documento “Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa Rica”, difundido el viernes 20 de septiembre en Washington, el organismo interamericano analiza la situación en ese país, donde estima que han fallecido unas 325 personas a raíz de “la represión estatal a las protestas” que estallaron el 28 de abril del año pasado.

“Un año después del inicio de la crisis, más de 70.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua, y solo en Costa Rica, 55,500 personas han solicitado protección internacional”, apuntó el documento, que describió que “dicha migración forzada ha ocurrido en razón a la grave crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua”.

“De acuerdo con la información recibida por parte del Estado costarricense, de enero a septiembre de 2018, cerca de 52,000 personas nicaragüenses ingresaron a Costa Rica y se quedaron en el país”, de las cuales 13,697 “formalizaron su solicitud de asilo por medio de una entrevista con las autoridades migratorias”, explicó la publicación.

Y advirtió que “los meses en que se recibió un mayor número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado (en Costa Rica) fueron junio con 3,344, julio con 5,279, y agosto con 4,055”, que “coinciden con la implementación de la ‘Operación Limpieza’“.

Esa operación consiste en remover los bloqueos de las vías con palas mecánicas, camiones y trabajadores del Estado, bajo el resguardo de las “fuerzas combinadas”, que se movilizan a bordo de camionetas todo terreno y fuertemente armados.

Según la CIDH, a raíz de la represión estatal 2,000 personas han resultado heridas, 700 personas detenidas y enjuiciadas, mientras que 300 profesionales de la salud han sido despedidos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) expulsados y al menos 70 periodistas y trabajadores de medios permanecen en el exilio, “hechos que han quedado impunes”.

En el documento, que recoge los resultados de una visita de trabajo a Costa Rica entre el 14 al 18 de octubre de 2018, la Comisión reitera en sus conclusiones su “enérgica condena a la reacción estatal” y pide que se investiguen los actos de violencia “de manera inmediata, con autonomía e independencia, y en estricto apego a las normas y los estándares internacionales”.

Ante la “grave y masiva” migración de nicaragüenses a Costa Rica, propone “implementar una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos de estas personas”, la cual facilite los recursos necesarios al Estado costarricense.