Temen que incrementos a los procesos migratorios aleje a las personas de la ciudadanía  

Los inmigrantes de bajos recursos ya se les complica pagar la actual tarifa, un incremento simplemente vendría a complicar su situación

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Foto de archivo.  Crédito: John Moore/Getty Images

Una propuesta reciente de la administración Trump para aumentar el costo de solicitar la ciudadanía estadounidense afectará desproporcionadamente a los inmigrantes de bajos ingresos y podría disuadir a muchos titulares de la tarjeta verde de solicitarla por completo, dicen los defensores de la inmigración.

La nueva regla propuesta, publicada el 14 de noviembre por el Registro Federal con un período de comentarios de un mes, aumentaría la tarifa de solicitud de naturalización para la mayoría de los inmigrantes elegibles en más del 60 por ciento, de $725 a $1,170. También eliminaría una exención de tarifas ahora disponible para los solicitantes de bajos ingresos.

El aumento es uno de los varios incrementos de tarifas relacionados con la inmigración propuestos por la actual administración. Otros cobrarían a los solicitantes de asilo por presentar solicitudes y permisos de trabajo, y aumentarían el costo de renovación para los destinatarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, cuyo destino está siendo deliberado actualmente por la Corte Suprema.

En un comunicado, Ken Cuccinelli, director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, dijo que los aumentos eran necesarios para apoyar un “sistema sobreextendido” con un déficit de más de mil millones de dólares, pero los defensores locales de inmigración argumentan que el déficit podría financiarse de otras maneras.

Dicen que el costo adicional de solicitar la ciudadanía presentaría barreras significativas para los titulares de la tarjeta verde de bajos ingresos, ya que la tarifa más alta es equivalente a aproximadamente dos semanas de pago para los trabajadores de California que ganan el salario mínimo.

“Esto es parte de un esfuerzo coordinado y concertado para manipular el sistema de inmigración y el sistema de naturalización para que se convierta en un sistema que favorezca a los ricos”, dice Melissa Rodgers, directora de programas en el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes con sede en San Francisco. “Es un ataque cruel a las comunidades vulnerables y es un ataque cruel a las comunidades de color que serán las más afectadas por estos cambios”.

Rogers estimó que hasta un tercio de los aproximadamente 9 millones de personas que ahora son elegibles para la naturalización podrían quedar excluidos de la propuesta. Un estudio de 2018 del Laboratorio de Políticas de Inmigración de la Universidad de Stanford concluyó que la tarifa actual de $725 ya impide que una “parte considerable” de inmigrantes de bajos ingresos solicite la ciudadanía.

El estudio también encontró que las tasas de solicitud para inmigrantes elegibles con inseguridad financiera aumentaron en más del 40% cuando se les dieron vales que cubrieron el costo de la solicitud.

Maricela Gutiérrez, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro SIREN, con sede en San José, dice que los clientes han expresado su preocupación por la posibilidad de tarifas más altas.

“Muchos de estos clientes tienen empleos con salario mínimo, están ayudando a sus hijos con la universidad y los libros, y muchos de ellos viven en unidades de alquiler que son muy caras”, dice ella. “Cada centavo cuenta para estas familias. Y otro aumento cuando estaban guardando una cierta cantidad de dinero para sus solicitudes probablemente se retrasará cuando puedan presentar una solicitud”.

Otros señalaron que los cambios podrían limitar la cantidad de personas que solicitarían la naturalización y votarían en las elecciones presidenciales de 2020. Richard Hobbs, un abogado de inmigración en San José, dice que muchos de sus clientes están interesados en convertirse en ciudadanos para poder votar, una posibilidad que podría ser menos probable para aquellos que no pueden pagar los costos más altos de la solicitud.

“Creo que es una política muy precisa para evitar que los inmigrantes puedan votar”, dijo.

Erica Hellerstein es una reportera de Mercury News que forma parte de The California Divide, una colaboración entre diferentes salas de redacción que examina la desigualdad de ingresos y la supervivencia económica en California.

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