Ley de Amnistía de AMLO avanza entre esperanzas y temores
La Ley de Amnistía ahora espera su aprobación en el Senado de México
Andrés Manuel López Obrador. Crédito: Agencia Reforma
MEXICO.- La Ley de Amnistía que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña se abre camino para ser una realidad después de su aprobación en la Cámara de Diputados en medio de una polémica porque, a juicio de muchos, no soluciona el problema de injusticia que hay en el país.
Los partidarios de ella, en cambio, consideran, que es un primer paso para saldar malos procedimientos judiciales o legislaciones radicales que se volvieron en contra de la gente más vulnerable como los indígenas, o quienes no pudieron pagar un abogado, o no tuvieron ningún apoyo de oficio para defenderse.
“Son delitos que no tienen nada que ver con acciones delictivas en las que se emplearon armas o se produjeron actos violentos, ni mucho menos cuando acontecieron con la intervención de grupos criminales o si hubo reincidencia”, preciso la diputada Claudia Pérez.
La nueva legislación beneficiará a mujeres, médicos, comadronas y familiares involucradas en abortos; a personas procesadas por asuntos de drogas que viven pobreza, discapacidad, vulnerabilidad u obligadas por parejas sentimentales, parientes o delincuencia organizada; a ladrones sin violencia con penas menores a cuatro años y a quienes hayan incitado al alzamiento público sin terrorismo.
Todo “bajo ciertos criterios”
La falta de precisión de estos criterios es lo que preocupa a Isabel Miranda, fundadora de Alto al Secuestro, quien había sido una de las principales opositoras de los primeros borradores de la ley.
“Es buena la intención de poner en libertad a personas vulnerables frente a la inequidad para enfrentar un proceso, como son los indígenas; sin embargo, el éxito de la ley dependerá de que su contenido sea claro y se instrumente adecuadamente para no crear impunidad”.
De lado más radical, el opositor Partido Acción Nacional (PAN) a través de su vocero consideró que le ley tiene más interés político, en lugar de atender el problema de fondo: “López Obrador se niega a fortalecer a las instituciones de impartición de justicia. En lugar de aumentar los recursos para la actualización de jueces y Ministerios Públicos”.
El presupuesto de 2020 recortó alrededor de $700 millones de dólares al Poder Judicial y $83 millones de dólares (en su equivalente en pesos) a la Fiscalía General de la República.
De aprobarse en el Senado, como se prevé, pasaría a manos del presidente para su publicación y se crearía una comisión de seguimiento.
