Activistas piden se elimine la deuda carcelaria a la Junta de Supervisores del condado de LA

Ana Barrera, de 34, años jamás imaginó que una visita a un familiar en una prisión de Los Ángeles la involucraría en problemas económicos fuera de su alcance.

Barrera dijo que en noviembre del 2018 estaba visitando al padre de sus hijos cuando la acusaron de un incidente que, asegura, no sucedió.

Fue arrestada en el momento, fue puesta en custodia y el departamento del sheriff la llevó a la cárcel de mujeres en Lynwood, donde salió bajo fianza dos días después.

“Ahí es cuando todos los problemas comenzaron para mi”, indicó Barrera.

Desde entonces, ella carga sobre su espalda una multa de más de $7.000, aparte de los $25.000 que tuvo que pagar de fianza.

Barrera dijo que ella no sabe de donde salieron esos extra costos y nadie le ha podido explicar. Tampoco ha podido deshacerse de la deuda ya que como madre soltera de cuatro menores, los gastos son excesivos en su hogar.

“Les dije [en corte] que porque debía tanto si nunca había estado en problemas. No tenía record criminal y era la primera vez que estaba ahí”, dijo Barrera. “Ellos no tomaron eso en consideración”.

Barrera dijo que cuando buscó ayuda legal ni sus asesores entendieron de qué s trataban los “honorarios” y “multas” adicionales.

Pidiendo un cambio

Por esta razón, Barrera se unió a un grupo de activistas y defensores legales para pedir el martes a la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles que se terminen los cobros de honorarios y multas.

Ellos piden que la junta derogue las leyes del condado actuales que permiten a las Cortes, el Sheriff y el Departamento de Libertad Condicional cobrar y colectar estos honorarios.

Pidieron que el condado reembolse a las familias que han perdido altas cantidades de dinero en estos pagos y que apoyen la medida SB 144, de la senadora Holly Mitchell, la cual pide que se eliminen tarifas y multas impuestas por el estado.

Los activistas aseguran que si la persona ya pagó su tiempo y su fianza, los cargos extra solamente se convierten en una extensión del castigo.

Agregan que estas multas crean una injusticia económica ya que el 43% de las personas que son arrestadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) están desempleadas, muchos otros van saliendo de la cárcel y no tienen una vivienda estable; todo esto complica y hace casi imposible para que las personas reingresen al sistema laboral, expresaron.

Los activistas enfatizaron que muchas personas no pueden limpiar su récord o tener acceso a trabajos estables y vivienda hasta que liquiden sus honorarios y multas extras, lo cual pudiera tomar años.

Gloria González, de 24 años, concuerda con Barrera. Actualmente ella está siendo afectada por un problema de libertad condicional que enfrenta el padre de su hija.

González dijo que el joven de 25 años, cuyo nombre no fue revelado, tuvo un accidente vehicular el año pasado y lo pusieron bajo libertad condicional por tres años.

“Él no tiene que presentarse a corte ni le ofrecieron servicios, pero es muy preocupante porque tiene un cobro de $4.000”, dijo González.

“Él tiene que estar preocupándose de mes a mes y no importa cómo lo pague pero debe hacerlo, pero si lo detienen y eso aparece en su récord, puede ser encarcelado y él no quiere regresar a la cárcel”.

No obstante, esto se convierte en una preocupación cuando el joven debe enfocarse principalmente de sus gastos de vivienda, manutención, transporte y demás gastos, quedando en un aprieto al pagar una mensualidad que no disminuye.

Barrera dijo que por mucho tiempo, el sistema injusto ha tratado de financiarse a costa de aquellos que han sido más perjudicados por el monto monetario de estas tarifas.

“Realmente no hay un precio total que se pueda colocar en el peso emocional y mental que estas tarifas colocado en miembros de nuestras comunidades.

Las supervisoras Hilda Solís y Sheila Kuhel presentaron una moción para pedir que la junta de supervisores envie una carta al gobernador de California, Gavin Newsom, en apoyo de la medida SB 144.

La supervisora Solís dijo que hacer estos cobros adicionales es un cargo extra par la familia.

“Estos gastos fácilmente pueden subir en cada caso a veces hasta $5.000…, imaginen aquel individuo que esta recibiendo cargos adicionales por no poder pagar su deuda”, dijo Solís, aseverando que estos cobros afectan gravemente a las familias pobres, sobre todo a las familias de color.

“Mientras unos cargos son impuestos por el estado, otros caen dentro de nuestra jurisdicción”, indicó la supervisora, pidiendo su eliminación.

Cobros

Cifras obtenidas mediante el Public Records Act demostraron algunos de los cobros que incluyen;

Tarifas de libertad condicional por un periodo de cinco años: $9,300

Tarifa de informe pre-sentencia: $696

Tarifa por cobro tardío (evaluación civil): $300

Tarifa para un plan de pagos: $30

Honorarios del defensor público y del investigador por un acuerdo de declaración de delito grave: $305- $2,399