Grupo de manifestantes ‘Freeway 9’ son llevados a corte una vez más

Han pasado más de dos años desde que Miguel Antonio se unió a un grupo de manifestantes para bloquear brevemente la autopista 101 del centro de Los Ángeles—en dos ocasiones—en oposición “régimen fascista” de la administración Trump.

Como resultado, el joven se vio implicado en una acusación criminal por obstrucción vehicular, traspasar la autopista y por no obedecer a un agente de la policía.

Antonio y su compañera manifestante Chantelle Hershberger se unieron a otros siete manifestantes, todos miembros del grupo Refusefascism.org en septiembre y noviembre del 2017 para bloquear de improvisto el trafico vehicular en la autopista 101, en el centro de Los Ángeles.

Consigo llevaban pancartas, una decía “Comienza el 4 de Noviembre”, en referencia a una manifestación que querían llevar a cabo el mismo día de las elecciones y la otra decía “¡El régimen de Trump/Pence debe irse!”

Tras varias audiencias el caso fue declarado nulo en julio del 2019 pero antes de que el manifestante pudiera celebrar, un abogado de la oficina del fiscal de la ciudad Mike Feuer, pidió que se reabriera el caso.

El pasado 13 de febrero se presentaron nuevamente a la audiencia estipulada donde se escucharon testimonios de agentes de la policía que estuvieron presentes en los bloqueos del 2017. Posteriormente, los acusados fueron ordenados a regresar este 20 de febrero para una decisión de la jueza.

Los abogados de los acusados presentaron la moción Murguía, la cual establece que el acusado puede tener derecho a una desestimación de cargos penales si se presenta una violación del derecho a la igualdad de protección de ley.

Esto es como respuesta a las acusaciones de que un espía fue enviado por el departamento de policía de Los Ángeles (LAPD) para vigilar y grabar las reuniones del grupo anti-Trump Refusefascism.org

También hubo acusaciones de que miembros del grupo viajaron al área de la bahía para participar en una protesta en UC Berkeley que se tornó violenta.

“Todo es mentira”, dijo Antonio. “Estamos diciendo que esto es una persecución selectiva”.

Después que los medios de comunicación descubrieron este acto, la portavoz del LAPD Norma Eisenman dijo que el jefe del LAPD Michel Moore ordenó una revisión de principio a fin “para determinar si se siguieron los estrictos requisitos del departamento para el uso de información confidencial”.

En aquel momento la oficina del fiscal de la ciudad no quiso dar comentarios al respecto. Desde entonces se cuestiona la legalidad del monitoreo y grabación de las reuniones internas y privadas del grupo Refuse Fascism LA.

Los abogados de los acusados intentan descubrir si estas fueron para investigar la ideología anti-Trump y anti-fascismo o una persecución política por parte del LAPD y del fiscal de la ciudad.

Malgastando recursos

Antonio dijo que se siente defraudado ya que la ciudad de Los Ángeles esta gastando recursos importantes, que pudieran ser utilizados en otras situaciones, en lugar de insistir en enjuiciarlos por un caso que ya había sido declarado nulo.

“El LAPD tiene historial de infiltrarse en grupos políticos, más ahora que lo están haciendo bajo la administración Trump”, dijo Antonio. “[El fiscal] Feuer esta más preocupado en encarcelarnos, mientras que Trump esta haciendo cosas peores. Él rompió todas las reglas y fue exonerado de su juicio”.

El joven dijo que esta es una razón por la cual no confían tampoco en los demócratas, ya que Feuer, aunque se identifica como demócrata, “esta colaborando con el fascismo [administración Trump]”.

Por ahora solo les queda esperar para ver que sucederá este 20 de febrero cuando se presenten en corte de nuevo para ver si la juez aprueba o no la moción Murguía.

“Si la juez niega la moción tendremos que prepararnos nuevamente para las audiencias”, indicó el joven.

La Opinión intentó contactar a la oficina del fiscal Feuer para obtener algún comentario, pero no ha habido respuesta hasta el momento.