Extorsionadores superan a la hacienda de México, cobran en los pueblos remotos y… ¡quieren más!

MÉXICO – Después de un año de pagar “derecho de piso” a hombres armados que la obligaban a darles alrededor de 50 dólares semanales a cambio de no quemarle el local ni matar a sus familiares, los extorsionadores escalaron la extorsión contra María Eugenia, una madre soltera de Playa Vicente, Oaxaca

“Querían que la verdulería fuera de ellos, ya no mía, y pagarme como si yo fuera su empleada”, reveló la comerciante que pidió anonimato para evitar represalias: huyó de su pueblo porque no quería ser “esclava” de los malandrines. “Me quitaron mi negocio”.

Más eficientes que la hacienda del Estado que no cobra a miles de negocios pequeños, el crimen organizado ha logrado llegar hasta el último rincón del país con el mismo modelo de negocio ilícito: cobrar dinero a los negocios a cambio de no matar, de no torturar y de explotar los miedos que se incrementan en medio de un ambiente donde la violencia no tiene límite.

“Claro que les creo que iban a violar a mis niños y que iban a asesinar a mi madre porque ya mataron a dos de mis primos y mi cuñado que transportaba mercancía está desaparecido, no sabemos si porque no quería trabajar para ellos o quién sabe qué le hicieron”, revela María Eugenia, quien hoy apenas tiene dinero para pagar una renta lejos de su lugar de origen.

Alberto Estrada, un taxista oriundo del sur del Estado de México, no logró escapar de las garras de los extorsionadores y hoy por hoy no hace más que trabajar para ellos. “Si dejas el coche te buscamos o a cualquiera de tu familia: sabemos que en este pueblo tienes muchos parientes y a cualquiera le damos plomo”, le advirtieron desde un principio.

EN EXPANSIÓN

El delito de la extorsión tiene años de crecimiento en México. En 2013, los pueblos de La Ruana y Tepalcatepec, en la Tierra Caliente de Michoacán, tomaron las armas para defenderse de Los Caballeros Templarios cuando éstos empezaron a cobrarles hasta por el número de motocicletas o el número estudiantes que las familias tenían.

“Los controlamos un rato, pero esa gente es como las cucarachas: las fumigas en un lado y se van otro o regresan cuando ya no ven control, aprovechando el desgobierno que hay en México”, dice Hipólito Mora, líder de las autodefensas de La Ruana en entrevista con este diario.

“La gente denuncia, si es que denuncia, porque muchas autoridades son cómplices y no le hacen caso hasta que se hace un gran escándalo y entonces el gobierno manda policías, pero no atacan la raíz que es la corrupción”.

Después de que las autodefensas de Michoacán tomaron las armas en algunas zonas, los extorsionadores se fueron otros municipios y estados, al sur del Estado de México, al norte de Guerrero en el caso de los Templarios; los Zetas se regaron por Veracruz cuando los golpearon en Tamaulipas; los Rojos, a Morelos para expandirse desde Chilpancingo, etcétera.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reportó que, al término del 2019 se presentó un incremento de 680% en extorsiones, con relación al año anterior, principalmente en el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guerreo y Nuevo León con las entidades con incidencias más altas, aunque prácticamente ningún estado está libre de este delito que ocupa el segundo lugar en incremento después del robo.

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, dijo que un reporte interno de los párrocos de la diócesis rebeló que en el estado de Morelos, ocho de cada 10 negocios y hasta los ayuntamientos son extorsionados por organizaciones criminales.

“Si las mismas autoridades pagan a los delincuentes y no denuncian porque están amenazados, ellos o su familia, ¿qué puede hacer aquella pobre señora que vende tlacoyos en Cuautla o que vende tacos en Cuernavaca?”.

La escalada del delito en contra de las presidencias municipales ha sido a través de operaciones tan precisas que los extorsionadores piden un porcentaje de las obras públicas, de los puestos del gobierno municipal o un porcentaje del salario de los empleados.

“Este esquema lleva años, más de una década y la gente ya se acostumbró: lo aceptan como aceptan que llueve, que hay noche: yo mismo he tenido que dar una parte de mi salario”, dice Octavio, un ex trabajador del ayuntamiento de Xochitepec en entrevista telefónica.

HASTA A LOS CAMPESINOS

Cada año, Miguel Angel, un campesino del norte de Guerrero, tenía la ilusión de su cosecha de maíz: con un buen temporal (lluvias) podía sacar hasta dos toneladas con lo que se hacía de un dinero seguro para la escuela de sus niños y la comida. No es una actividad sencilla: tiene que trabajar duro, de sol a sol, preparar la tierra, ararla, abonarla y, por supuesto, invertir dinero.

Un dinero que ahora no puede recuperar porque hace unos meses los extorsionadores lo interceptaron en la carretera: por cada carga que transporte debe pagar la mitad de la ventano lo matan. “Eso sería trabajar para ellos nada más”, lamenta hoy sin saber qué hacer.

La organización criminal que extorsiona a Miguel llegó hace unos dos años a su pueblo y sus peticiones han ido en incremento. Primero pedían sólo a los negocios más grandes y ahora van con los productores rurales.

Aún no piden dinero por los programas sociales de ayuda del gobierno al campo ni han alcanzado a los micronegocios, pero temen más problemas porque ya ocurre en los vecinos Estado de México, en el Bajío…

Alfonso Garzón, directivo del Consejo Nacional de Unidades de Campesinos y Colonos, denunció que en Michoacán, por ejemplo, los criminales conocen el padrón de campesinos que reciben ayuda y el monto y amenazan con violencia si no les entregan una parte.

“Nosotros denunciamos ante el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural, ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional que si un grupo de beneficiarios del campo tiene programado recibir 200,000 pesos, los delincuentes les exigen la entrega de 100,000 pesos, o que les den una cuota mensual, pero no hay respuesta”,

La impunidad agudizó el delito tanto en el medio rural como en las urbes, incluyendo la ciudad de México, donde restauranteros, vendedores ambulantes y en los mercados, dan cuenta de este delito: algunos ya fueron incendidados por negarse a “cooperar”.

En Pachuca, Hidalgo, el diputado local Víctor Guerrero denunció que desde el año pasado el “cobro de piso” es un hecho en el Valle del Mezquital y la Sierra Gorda hidalguense, una de las más pobres de México, donde van por tortillerías, florerías, lotes de autos, clínicas de salud, balnearios, consultorios médicos privados…

“Llegan y te dicen es tanto y esto es un golpe total a la economía del ´país, donde la mayoría de los negocios son pequeños”.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

El congreso mexicano analiza incrementar las penas en contra de la extorsión con una reforma al código penal federal porque éste todavía mantiene sanciones que no corresponden a las afectaciones. Por ejemplo, sólo se investiga si la víctima denuncia además de que el acusado puede enfrentar el proceso en libertad.

Ahora se busca aplicar penas de cuatro a nueve años de prisión y de doscientos a quinientos días multas y aumentar hasta en dos terceras partes la sanción si hay  asociación delictuosa o complicidad de funcionarios públicos.

Pero para algunos críticos de políticas públicas el incremento de las penas no sería suficiente si no se aplica la ley y si no se hace un trabajo más fino para enviar el mensaje de que no se puede tolerar el delito.

“El gobierno federal, o hasta uno estatal, podría seleccionar un subconjunto pequeño de negocios (50, por dar un número) en alguna población y declararlos intocables”, observó Alejandro Hope, experto en seguridad nacional.  “Si la advertencia es comunicada adecuadamente y se cumple cuando se tuviera que cumplir, nadie tocaría a los intocables y enviaría un mensaje contundente”.