ICE rechaza dejar libre a residente, aún cuando su condena fue revocada

Juan Cancino, un residente legal de los Estados Unidos, se encuentra a un paso de la deportación debido a que las autoridades de migración se niegan a aceptar la revocación de su condena criminal dictada por un juez de la Suprema Corte de California.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Migración y Aduanas (ICE), no quiere dejar salir libre a mi cliente, aún cuando ya no existe una condena en su contra. Lo mantienen detenido ilegalmente”, afirma la abogada Patty Corrales quien durante 17 años trabajó como abogada sénior en casos de seguridad  nacional y desnaturalización para el entonces Servicio de Naturalización e Inmigración (INE) que después se convirtió en DHS/ICE; y ahora tiene su propia firma legal.

De 37 años de edad, Juan Cancino se encuentra bajo custodia del ICE en el Centro de Detención de Adelanto desde el 9 de septiembre de 2018.

“Él nació en Guatemala, y lo trajimos aquí cuando tenía nueve años de edad. Vivía en Lancaster al norte del condado de Los Ángeles. Es soltero, pero tiene un hijo de dos años de edad”, dice su madre Tesla Cancino.

Y agrega que hace más de diez años, su hijo se hizo residente permanente de los EEUU.

Los problemas de Juan comenzaron cuando en 2016 tuvo una pelea con su hermano y lo agredió con un cuchillo.

Si bien el hermano no entabló cargos. Juan fue detenido por la policía y enviado a prisión por 18 meses tras declararse culpable.

La abogada Corrales, cuenta que el mismo día que salió de la prisión estatal en el 2018, fue detenido por los agentes de migración con el objeto de deportarlo por haber cometido un delito grave.

“Durante la detención migratoria, él solicitó  asilo, pero se lo negaron. El 25 de julio de 2019, una juez en Adelanto ordenó su deportación”, precisa.

Después de ver a tres abogados que no pudieron encontrar una solución para evitar la deportación de Juan, su madre, ya muy desesperada, acudió a ver a Corrales, quien es especializada en asuntos criminales y de migración. Ella buscaba ver si esta defensora podía hacer algo para que le anularan la condena criminal al hijo, ya que era la única razón para mantenerlo en proceso de deportación.

“De inicio, yo le comenté que no había nada que hacer. Pero después de que se fue de mi oficina, empezó a molestarme algo sobre el caso y un mes después llamé a la madre; y le dije que iba a tratar de ayudar a evitar la deportación de su hijo”, dice.

Al revisar el caso criminal, la abogada encontró que había un error legal porque el juez de la Corte Superior que lo sentenció a 18 meses en la cárcel, hizo una declaración incorrecta que ya no se permite, hacer público su recomendación para que no fuera deportado porque el pleito entre hermanos había sido un altercado familiar.

“Eso hizo que Juan se confiara. En realidad nunca entendió que su residencia estuviera en juego. Su abogado tampoco lo alertó sobre los peligros que enfrentaba al declararse culpable. Su hermano nunca testificó en su contra”, explica la abogada Corrales.

En mayo de 2019, presentó una moción para que se invalidara la condena criminal, y el 11 de diciembre de 2019, otro juez de la Corte Superior echó abajo la condena de asalto con arma mortal sobre la base de un error legal y constitucional.

“Cuando una sentencia es revocada sobre bases legales, deja de ser válida para propósitos de migración. Yo inmediatamente notifiqué a mis colegas del ICE para que pararan su deportación y lo dejaran libre”, comenta.

Sin embargo, el DHS y el ICE no aceptan la revocación ni quieren dejar libre a Juan. La abogada pidió a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que ordene al ICE su liberación, pero no han tenido respuesta.

“Mientras tanto pedimos una audiencia para solicitar una fianza que le permita obtener su libertad. El 29 de enero, la juez de Adelanto quien resultó muy conservadora, le fijó una fianza altísima por 25,000 dólares. Esto es una cantidad que la familia no puede pagar”, enfatiza.

Tesla, la madre de Juan, dice que su hijo se encuentra muy deprimido. “También sufre de problemas de salud, se queja de que dos de sus dedos y el brazo izquierdo los siente dormidos. Le duele la espalda”, platica.

Además dice que ella está muy desgastada financiera y emocionalmente porque han invertido dinero y mucho esfuerzo para sacar al hijo de la detención y evitar su deportación a Guatemala.

“No tiene a nadie en Guatemala. ¿Qué va a hacer allá? Acá estamos toda su familia. Él necesita salir libre para ponerse a trabajar y ver por su hijo”, externa Tesla.

La abogada lamenta que bajo la administración de Trump, los abogados y jueces no siguen las leyes porque tienen mucha presión para ejercer políticas antiinmigrantes y deportar gente.

“Juan fue mal aconsejado. Nunca debió declararse culpable y hacerlo sin conocer sus derechos y protecciones. Muchos abogados criminales no saben las implicaciones que tiene eso para los residentes. No entienden las leyes migratorias”, señala.

Y advierte que si Juan no es liberado, la madre no descarta demandar al ICE y al DHS por negarse a seguir una orden de una juez.

La Opinión se encuentra a la espera de un comentario de ICE sobre el caso.