Emilio Lozoya contrata Baltasar Garzón para impedir su extradición a México
El exdirector de Pemex es acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho
Baltasar Garzón fue juez y Magistrado de la Audiencia Nacional hasta 2012. Crédito: Agencia Reforma
MÉXICO – El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya contrató como su abogado al exjuez y exmagistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, para que lo represente en el juicio de extradición por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, delitos por los cuales se le pretende juzgar en México.
Lozoya Austin se niega a ser extraditado en México , donde deberá enfrentar un juicio por diversos delitos que habría cometido mientras era director de Pemex, en el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, Lozoya Austin contrató los servicios del jurista ibérico, con el propósito de litigar e impedir su entrega a las autoridades mexicanas.
Garzón es conocido por prohibir la operación del Partido Batasuna, dada su vinculación con la organización terrorista vasca ETA, así como por instruir las causas por los crímenes del franquismo y delitos de lesa humanidad contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, e integrantes de la última dictadura argentina como Ricardo Miguel Cavallo, quien fue detenido en México en el año 2000.
Sin embargo, en el 2012 fue destituido e inhabilitado por 11 años para desempeñar la carrera judicial, tras hallársele responsable de prevaricato en la instrucción del llamado Caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años en España y que involucró a varios integrantes del Partido Popular.
Tras la separación del cargo, asumió la defensa del australiano Julián Assange, fundador del sitio de internet Wikileaks, que ha difundido documentos de las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos.
El pasado 12 de febrero Lozoya fue detenido en Málaga, España, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el Gobierno de México, con el propósito de llevarlo a proceso por dos causas penales.
En una le imputan recibir recursos de procedencia ilícita para adquirir 38 millones de pesos su casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
En la segunda, le atribuyen recibir recibir sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), así como de la compra que hizo su esposa Marielle Helen Eckes de una casa en Ixtapa por una suma de 1.9 millones de dólares.
