Qué significa para inmigrantes y sus hijos la suspensión de carga pública
Juez bloquea intenciones de castigar peticiones de "green card"
Cada vez es más costosa la solicitud de ciudadanía. Crédito: JIM WATSON/AFP/Getty Images
Casi cuatro millones de no ciudadanos estadounidenses son impactados por la regla de carga pública, aunado a que más de 200,000 empresas de inmigrantes se verían afectadas por esta norma aplicada por Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), según datos de Nueva Economía Americana.
La principal preocupación de activistas y defensores de inmigrantes que buscan la Residencia Permanente y, eventualmente, la ciudadanía, es que esas personas estuvieran en mayor riesgo durante la pandemia de COVID-19 por temor a la política del Gobierno del presidente Donald Trump, que castiga a quienes hayan solicitado algún apoyo social, como cupones de alimentos, Medicaid y ayuda para vivienda.
Su inquetud tuvo eco en una Corte de Distrito de Nueva York, donde el juez George Daniels, reconoció las dificultades para los inmigrantes, ya debían decidir entre atender una emergencia causada por coronavirus o evitar solicitar ayuda por miedo a ser castigados al momento de hacer una petición migratoria.
“Como resultado directo de la regla, los inmigrantes se ven obligados a hacer una elección imposible entre poner en peligro la salud pública y la seguridad personal o su estado migratorio”, escribió el juez Daniels en su opinión.
La decisión permite a los inmigrantes seguir solicitando asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos; seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), seguro de enfermedad, cupones de alimentos o SNAP, ayuda para vivienda y asistencia de alquiler, entre otros beneficios.
El magistrado consideró que fueron insuficientes los esfuerzos de USCIS de no castigar a los inmigrantes durante la pandemia por solicitar ayuda para ellos y sus hijos.
El juez Daniels incluso expresó que la alerta de la agencia sobre que cualquier prueba o tratamiento para el coronavirus no se contará en su contra es ambigua y “agrega más caos y confusión”.
La decisión todavía podría ser apelada por el Gobierno del presidente Trump, pero el juez dio un paso hacia adelante y, por ahora, ningún tipo de ayuda solicitada por inmigrantes deberá ser considerada para un castigo posterior durante peticiones migratorias.
La medida fue impulsada Nueva York, Connecticut y Vermont, pero el juez Daniels dejó claro que la regla debería detenerse en todo el país.
“Los inmigrantes han estado en primera línea luchando contra esta pandemia desde el principio, y la orden judicial de hoy (miércoles) asegurará que no sean objeto de castigo por obtener cobertura de salud u otros servicios vitales mientras continúan luchando contra COVID-19”, dijo la fiscal general de Nueva York Letitia James.
El Centro Nacional de Derecho de Inmigración celebró la decisión de la corte y calificó de “cruel” la política migratoria.
“La corte reconoció correctamente que la pandemia de #COVID19 ha demostrado aún más cuán cruel, inmoral y peligrosas son las reglas de #PublicCharge (carga pública) de la administración Trump para la salud de todos en todo el país”, expresó.
The court rightly recognized that the #COVID19 pandemic has further shown how cruel, immoral, and hazardous the Trump administration’s #PublicCharge rules are to everyone’s health across the nation. 5/
— National Immigration Law Center (@NILC) July 29, 2020
Un portavoz de USCIS indicó que la agencia revisa sus lineamientos para hacer cumplir la decisión del tribunal.
“USCIS cumplirá plenamente con la orden del tribunal y proporcionará orientación adicional (a inmigrantes)”, señaló la agencia a petición de este diario.
Otras organizaciones, como la Southern Poverty Law Center (SPLC), destacaron la decisión del tribunal, ya que consideraron que socavaba el acceso a servicios de salud, nutrición y vivienda para familias inmigrantes en un momento de crisis sanitaria.
“Nos complace ver que el tribunal ha negado otra política de Administración de Trump excepcionalmente cruel y dañina que sólo tenía la intención de hacer la vida más difícil para las familias inmigrantes y los niños, quienes ya luchan bajo las presiones y las dificultades económicas causadas por la pandemia”, indicó esa asociación.
Consideró que la regla de carga pública impide el acceso a las pruebas de COVID-19, además de complicar la atención médica y tener una vivienda digna.
“Debemos reenfocar nuestras políticas y recursos para garantizar que nadie se quede sin alimentos ni atención médica, especialmente durante una pandemia”, indicó. “Ahora más que nunca, los recursos deben estar disponibles de manera equitativa y fácil para nuestros vecinos y comunidades inmigrantes”.
Algunas cifras
La regla de carga pública impacta a distintos niveles a la comunidad migrante, según datos de Nueva Economía Americana:
- 3.9 millones de personas son afectadas
- El 90% de todos los adultos activos en la fuerza laboral afectados están empleados
- Más de 867,000 personas tienen al menos algo de educación universitaria
- Más de 105,000 son trabajadores en las industrias de comercio, transporte y servicios públicos
- Al menos 74,000 son empleados en las industrias de servicios de educación y salud
- Al menos 58,000 trabajan en la industria de servicios profesionales y comerciales
- $48,000 millones de dólares es el ingreso anual de ese universo
- $34,000 millones de dólares es la afectación a la economía de EE.UU.
