Jueza autoriza que se sumen a demanda colectiva a todos los afectados por solicitudes de asilo
La decisión de convertir en colectiva la demanda permitirá que se sumen más afectados por las políticas migratorias que han rechazado o demorado las solicitudes de asilo en la frontera
Hay miles de personas y familias esperando en la frontera una cita para el asilo. / fotos: Manuel Ocaño. Crédito: Manuel Ocaño | Impremedia
Una jueza federal en San Diego, California, permitió incluir en una demanda a todos los afectados por la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump de rechazar solicitudes de asilo en los puertos fronterizos, lo que representa una “victoria” para los migrantes que buscan impugnar la regla, dijeron este viernes sus abogados.
La decisión dada por la magistrada Cynthia Bashant del Tribunal de Distrito para el Sur de California representa un triunfo de los defensores de los solicitantes de asilo que intentan atajar la política de la Administración Trump desde 2017, dijo la abogada Sarah Rich del Southern Poverty Law Center (SPLC), organización que hace parte de la querella legal.
La abogada explicó que la decisión de convertir la demanda en colectiva permitirá que un posible fallo en favor de los inmigrantes incluya a todos los afectados, incluso aquellos que no tuvieron representación legal.
El litigio conocido como “Al Otro Lado vs Wolf” se inició en julio de 2017, en un esfuerzo de activistas en la frontera de California y México por detener las prácticas de los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que según las denuncias “utilizaron mentiras, amenazas, coacción y abuso físico, entre otras tácticas, para negar a los migrantes el acceso al proceso de asilo en los puertos de entrada a lo largo de la frontera sur”.
En noviembre de 2018 el Southern Poverty Law Center (SPLC) se unió a la demanda en un esfuerzo por detener las múltiples acciones del Gobierno para afectar las solicitudes de asilo político, advierte Rich.
“Son muchos los obstáculos que ha puesto la Administración para los solicitantes, como la ´política de devolución´, o el ´tercer país´, haciéndolos esperar meses en medio del peligro”, insistió la abogada.
La queja enmendada describe cómo la conducta de la CBP viola los derechos de los demandantes bajo la ley estadounidense e internacional al evitar que las personas que han huido de daños graves en sus países busquen protección en Estados Unidos.
También explica que la Política de Devolución abarca una variedad de prácticas que CBP ha utilizado para evitar que los migrantes busquen asilo en Estados Unidos, incluidas las denegaciones directas de acceso y la discriminación racial.
En marzo de 2018, por ejemplo, cuatro solicitantes de asilo guatemaltecos en un puerto de entrada de El Paso, Texas, fueron rechazados después de que funcionarios de la CBP les dijeran que “los guatemaltecos nos enferman”.
Melissa Crow, abogada supervisora de SPLC, advirtió que “esta política, que hizo retroceder a innumerables hombres, mujeres y niños después de que se presentaron en los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, fue una de las primeras implementadas como parte de esta cruel campaña dirigida a los solicitantes de asilo”.
Por su parte Erika Pinheiro, directora de Políticas y Litigios de Al Otro Lado, advirtió que si bien el “fallo es una victoria importante para los solicitantes de asilo, es solo un paso en el esfuerzo por derrotar la guerra contra el asilo de la Administración Trump”.
Aunque la demanda se encuentra en la última fase, Rich considera que no se dará una decisión antes de las elecciones de noviembre.
