Editorial: SB54 y AB1080, ahora no es el momento

A fines de 2017, el gobierno de China adoptó una serie de medidas destinadas a limitar la importación de determinados papeles de desecho y varios tipos de plásticos. 

Hasta aquel momento, Estados Unidos enviaba a China 4,000 contenedores diarios de deshechos, lo que incluía ⅔ de los materiales reciclables de California.

Meses después, le siguió la India, otro gran importador de desechos plásticos. En consecuencia se creó en poco más de un año un exceso tal de materiales desechables en Estados Unidos, que se desestabilizó la industria del reciclaje. Los excedentes llevaron a la caída de sus precios. Por ejemplo, una tonelada de papel reciclado se vendía a $95 hasta entonces. El precio cayó a $10.  De pronto, municipios y autoridades regionales dejaron de promover el reciclaje como hasta aquel momento. Se preveia la necesidad de un cambio que llevase a la reducción en la cantidad de excedentes de plásticos y papeles. 

Dos propuestas legislativas californianas similares, la SB54 y AB 1080, tratan desde el año pasado de encontrar una solución general y drástica al problema. Estos proyectos de ley se proponen reducir el desperdicio de envases y garantizar un proceso de reciclaje efectivo.

Estos son buenos propósitos, y como se sabe La Opinión ha apoyado por décadas estos esfuerzos.

Pero una revisión de los alcances y detalles de la propuesta evidencian que estas ideas, como otras tantas, no se han adaptado a la nueva realidad crítica que vivimos en la era del coronavirus. 

La sociedad entera pasa por una  emergencia; pero la crisis recae más sobre los hombros de la comunidad latina, en donde junto a la afroamericana se anotan altos coeficientes de contagio, infección y tasas de mortandad, y que sufre la pérdida de empleos, reducción de ingresos, y la generalización de la pobreza. 

Esto incluye a miles de pequeños negocios pertenecientes a miembros de la comunidad, entre ellos restaurantes, que están a punto de cerrar si no lo han hecho ya. 

Y si bien en tiempos normales no dudaríamos en apoyar una fuerte reducción en envases y demás productos de un solo uso, estos productos hoy ayudan a mantener un nivel mínimo de ventas que permiten la supervivencia momentánea de estos negocios. No podemos pretender que nada ha cambiado. 

Tampoco podemos ignorar que la industria del reciclaje, si bien dañada por las circunstancias, sigue siendo una fuente de ingreso para miles de familias latinas que carecen de otros recursos. ¿Qué pasará con ellos?

Eliminar los desechos plásticos sin atender los problemas que se generarían es como buscar solucionar un problema creando otro. 

Los proponentes de la  SB54 y la AB 1080 deberían desistir de sus esfuerzos momentáneamente, esperar hasta que la situación vuelva a cierta normalidad, buscar soluciones consensuadas, y asegurar que en toda versión futura de estas leyes haya financiación estatal adecuada para la creación y mantenimiento de una infraestructura de reciclaje adecuada.  Deberían hacer eso, en lugar de hacer la situación aún más difícil para los pequeños negocios que utilizan estos materiales. Al menos hasta que otra solución no contaminante, que no signifique un aumento en los costos de producción, esté al alcance de la mano. 

Además, la presente versión contempla de cualquier manera metas parciales entre 2024 y 2030. Retomar el esfuerzo legislativo el año próximo, buscando consenso y participación de la población, todavía permite cumplir estas metas a tiempo. 

Repetimos: estas leyes tienen buenas intenciones para tiempos normales. Estos son tiempos extraordinariamente graves. No es el momento.