En plena pandemia, una mujer de 62 años está al borde del desalojo

Victoria Enríquez trabajó limpiando casas durante muchos años, pero apenas ajustaba lo suficiente para cubrir los $700 mensuales para la renta de un estudio que comparte con su nieto de 12 años en el sur de Los Ángeles. Además de limpiar casas, la abuela de 62 años complementaba sus ingresos con la venta de articulos usados, la recolección de cartón y el reciclaje de botellas y latas.

Siempre se las arreglaba como podía hasta que en febrero se enfermó de bronquitis que le causó fiebre y dolor de huesos. Su médico le dijo que tenía un virus, pero Enríquez no pudo confirmar si era coronavirus. Las autoridades del condado de Los Ángeles confirmaron el primer caso de coronavirus el 26 de enero.

Incapaz de ganarse la vida para pagar el alquiler, Enríquez ha caído en una trampa como tantos inquilinos ancianos que enfrentan amenazas verbales y legales de desalojo. La abuela, quien vive en una unidad separada en la parte trasera de una casa, teme que ella y su nieto puedan quedar en la calle durante la pandemia si la dueña de la propiedad decide sacarla.

La Opinión no trató en varias ocasiones ponerse en contacto con la dueña de la residencia, pero no fue posible al cierre de esta edición.

“Apliqué para el programa de alivio de la renta, pero no creo que califiqué”, dijo Enríquez. “Nunca me contactaron”.

Los defensores de los inquilinos como Elena Popp, directora de la Red de Defensa de Desalojos en Los Ángeles, dicen que los gobiernos estatales y locales tienen que dar un paso adelante y tratar la pandemia como la llaman: una crisis de salud.

Frecuentemente los arrendadores desalojan informalmente a los inquilinos que se atrasan en el pago del alquiler. La Red de Defensa de Desalojos estima que hubo más de 40,000 desalojos en el condado de Los Ángeles en 2019. De ellos, solo alrededor de 5,000 fueron representados legalmente.

“Si esta es una crisis de salud que solo puede ser resuelta por personas que se refugien en sus hogares, entonces no podemos desplazarlas”, dijo Popp.

El problema se agrava cuando las familias desplazadas se duplican o triplican, aumentando las posibilidades de infección en los hogares a los que llegan a refugiarse. “Si uno se enferma, todos se enferman”, indicó Popp.

Y una vez desalojados, muchos inquilinos se ven empujados a un mercado inhóspito de viviendas donde los alquileres son significativamente más altos que la última vez que buscaron vivienda.

Aumentan los desalojos informales

Popp recomienda que Enríquez impugne la notificación verbal de desalojo de su arrendadora. Indicó que el proceso legal para los propietarios es presentar una demanda de desalojo y esperar un período de 12 meses antes de aplicar la ley.

“Así que el inquilino debería decir simplemente ‘No me voy. Presenta su acción de desalojo’ y, con un poco de suerte, no se convertirá en una persona desalojada ilegal”, agregó Popp.

Hasta ahora, las medidas provisionales para evitar que los inquilinos sean desplazados han sido insuficientes.

Cuando se aprobó el subsidio de asistencia de emergencia para el alquiler de la ciudad de Los Ángeles en julio, el vecindario de Enríquez tenía el mayor número de hogares que recibieron ayuda, indicó Angelina Valencia, portavoz del concejal Curren Price Jr., quien representa al Distrito 9, donde vive Enríquez.

Financiado a través del proyecto de ley de estímulo económico federal conocido como la Ley CARES, el programa de asistencia para el alquiler proporcionó $103 millones para ayudar a más de 50,000 hogares en Los Ángeles.

Hasta el lunes 24 de agosto, 4,005 inquilinos del distrito de Price habían sido aprobados para el programa, pero otros 3,155 todavía seguían en la lista de espera, según el Departamento de Vivienda + Inversión Comunitaria de Los Ángeles.

“Nuestra gente está recibiendo la mayor ayuda posible”, dijo Valencia. “¿Podríamos necesitar siempre más ayuda? Absolutamente.”

Los Ángeles fue la primera ciudad del país en promulgar una moratoria de desalojos en respuesta a la pandemia. Además de los subsidios de alquiler, la ciudad se ha movido para proteger a los inquilinos, congelando los alquileres de las 624,000 unidades de alquiler estabilizado, y organizando abogados de los principales bufetes legales para brindar representación legal gratuita a las familias que rentan.

“Sin embargo, las ciudades no pueden hacer esto solas”, dijo el alcalde Eric Garcetti en un comunicado. “Haremos todo lo posible para proteger a los inquilinos y reforzar nuestra red de seguridad en Los Ángeles, pero la inacción en [Washington] D.C. pone vidas en riesgo. Necesitamos un nuevo paquete de apoye federal ahora que ayude a los angelinos y estadounidenses a pagar el alquiler y permanecer en sus hogares”.

¿Qué se necesita?

Los defensores de los derechos de los inquilinos, incluyendo el Eviction Defense Network y Alliance of Californians Community Empowerment (ACCE), dijeron que los legisladores deberían detener el desplazamiento de inquilinos extendiendo una moratoria estatal sobre las órdenes de desalojo conocida como Rule 1; además de aprobar  el proyecto de ley AB 1436, que daría a los inquilinos 12 meses para pagar su renta sin un desalojo judicial.

Rule 1, creada por el Consejo Judicial del estado, permite que los propietarios presenten una orden de desalojo, pero impide que un tribunal emita una citación. Esto detiene los desalojos en forma efectiva.

La Asociación de Apartamentos de California (CAA), que representa a los propietarios de alquileres y a las empresas supervisoras de alquileres, se opone a la moratoria de desalojo porque impide que los propietarios mantengan seguros a los inquilinos.

“Lo que necesitamos es la capacidad de mudar a los inquilinos que han creado un ambiente hostil para los otros vecinos”, dijo Debra Carlton, vicepresidenta ejecutiva de la asociación. “Esto realmente no ha sido posible bajo la Rule 1”.

El grupo dice que una mejor solución es mantener a los inquilinos alojados compensando a los propietarios por proporcionar esa vivienda.

“De lo contrario, las hipotecas no se pagarán, los empleados no recibirán el pago y las viviendas de alquiler desaparecerán del mercado”, agregó el director ejecutivo de CAA, Tom Bannon, en un comunicado.

La Rule 1 expirará el 1 de septiembre. Los defensores de los inquilinos le piden al gobernador Gavin Newsom que cree una réplica de la Rule 1 para extender el período y salvar a millones de personas de ir a la calle.

En el condado de Los Ángeles, alrededor de 491,000 inquilinos corren el riesgo de ser desalojados si no se reemplaza la Rule 1. Los activistas dicen que esto exacerbará la crisis de personas sin hogar del condado y empeorará la propagación del COVID-19, que ya ha impactado de manera desproporcionada a los angelinos latinos y afroamericanos.

Los defensores también están presionando por la AB 1436, presentada por el miembro de la Asamblea David Chiu. Si se aprueba, el proyecto de ley daría a los inquilinos que experimentan dificultades financieras relacionadas con la pandemia 12 meses para pagar el alquiler atrasado.

Mientras tanto, activistas están presionando por un movimiento estatal. El viernes, los manifestantes participaron en un bloqueo, cerrando por cuatro horas el acceso al edificio de la Corte Superior del Condado en el centro de Los Ángeles.

Sergio Vargas, organizador de ACCE, dice que los bloqueos tienen un propósito: “Esto es para enviar un mensaje al gobernador y a los legisladores de que tienen que hacer algo”.

Si usted o alguien que conoce se enfrentan a un desalojo, envíe un correo electrónico a askanattorney@edn.la o en español consulta@edn.la

Este artículo es parte del proyecto California Divide, una colaboración entre redacciones que examina la desigualdad de ingresos y la supervivencia económica en California.