ICE detiene a 70,000 durante la pandemia

Adrián y Yasmani, quienes prefirieron usar otros nombres para proteger su identidad, dicen seguir sin poder asimilar que en el centro de detenciones de Otay Mesa —ubicado en San Diego— un guardia, que después supieron que se había contagiado de COVID-19, se quitaba la mascarilla del rostro para toserle a los migrantes.

Ambos cubanos, quienes forman una pareja gay, explicaron que “fue horrible estar ahí… [Que fue como estar] en como otro mundo”.

La pandemia ya se registraba fuera del centro de detención pero poco tiempo después, una celadora y un primer migrante se contagiaron.

“Cuando empezó el coronavirus, hicimos una huelga de hambre porque no nos daban mascarillas. [Los guardias] empezaron a atacarnos. Se presentaban vestidos de negro con pistolas de gas lacrimógeno y nos amenazaban… Ordenaban que volviéramos a las habitaciones”, platicó Adrián.

Yasmani recuerda que “se llevaron a unas siete personas de nuestra sección, porque un guardia tenía coronavirus”.

Agrega que “[el celador] se quitaba la máscara y andaba tosiendo. Después de que dejó de venir a trabajar por unas dos semanas, pusieron nuestra sección en cuarentena”.

“Todo el mundo se dio cuenta de que nuestra sección tenía COVID-19 y fue cuando empezamos a preocuparnos más. Estábamos atrapados allí, pero ellos [los guardias] no adoptaron ninguna medida… No nos dieron nada y no podíamos mantener ninguna distancia”.

Explicaron que si alguien de la sección enfermara, sacarían a esa persona del área durante una semana y después de eso, traerían a la persona de regreso.

“Como alguien que es VIH positivo, temía no sobrevivir si me enfermaba allí”, dijo Yasmani.

Al salir del centro de detenciones, cerca de la frontera de San Diego con México, “nos sentimos bien al poder respirar aire fresco de nuevo”, platicó.

Pandemia y arrestos

Este relato se basa en lo que platicaron a la ACLU los dos migrantes cubanos que viajaron a Guyana, de ahí a Brasil; y por tierra lograron llegar a Tijuana, México.

En esta última parada, tuvieron que esperar meses hasta conseguir pasar en orden a pedir asilo, solo para ser enviados a la “hielera” de la patrulla fronteriza y luego al centro de detención de Otay Mesa.

Son solo dos de 525 migrantes que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha conseguido liberar de centros de detenciones en lo que va de la pandemia.

Pero la organización legal sin fines de lucro más grande en el país, calcula que en lo que va de la contingencia sanitaria, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a una 70,000 personas a nivel nacional.

Las detenciones van desde personas que el ICE busca hasta inmigrantes que están en el lugar del operativo pero terminan capturados —a quienes la agencia llama arrestos ‘colaterales’. Encierran incluso a aquellos, que como Adrián y Yasmani, hacen todo apegados al derecho internacional, al derecho de asilo y aportan evidencias.

Aún ahora, Yasmani dice sentirse mal “porque tengo un monitor electrónico de tobillo puesto y eso te hace sentir que sigues siendo un prisionero”.

Indica que los agentes del ICE “te llaman por la noche, en todo momento y otra vez al amanecer. Durante el proceso, no puedes trabajar. No tenemos trabajo… No somos independientes”.

Sin embargo ambos se alegran de haber salido de un encierro donde amenazaba el COVID-19.

Contagios tras las rejas

De acuerdo con información del ICE proporcionada a La Opinión este lunes, la agencia reconoce que 45 de sus agentes en centros de detenciones han sido contagiados con el COVID-19, además de 850 migrantes detenidos.

El ICE informa que, de ese total, 167 migrantes en Otay Mesa, se contagiaron del coronavirus. Pero la cifra oficial solo ha aumentado un migrante en un par de meses.

En junio, dijeron que tenían 166 contagios.

Oficialmente y según el ICE, solo 5 migrantes han perdido la vida por el COVID-19 en centros de detenciones.

Durante la administración del presidente Donald Trump se han disparado las detenciones del ICE incluidas las que hace la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a quienes cruzan la frontera a solicitar asilo.

En los tres año y medio del gobierno de Trump han abierto 40 nuevos centros de detenciones y ahora la capacidad global de todos los centros es de 80,000 detenidos como número permanente.

Unos migrantes salen en libertad condicional, otros son deportados, pero el nivel de detenciones continúa.

La ACLU dice que “la crisis del COVID-19 volvió a exhibir la negligencia profundamente arraigada en estos centros de detención”.

Declaró que mientras el país se quedaba en sus hogares, los inmigrantes detenidos se han visto obligados a hacer frente a la pandemia en condiciones de hacinamiento, sin protocolos de limpieza adecuados o, en algunos casos, incluso suministros básicos de saneamiento como tener un jabón.

Reclamo en California

Sin embargo, Pedro Ríos, el director del proyecto fronterizo del Comité de Servicio de los Amigos Americanos, responsabilizó al gobernador GavinNewsom en parte por el alto número de detenidos por el ICE durante la pandemia.

“Desde que la pandemia llegó a California hemos pedido al gobernador que ordene suspender la entrega al ICE de presos estatales de California, algunos de ellos incluso que ya cumplieron su sentencia, y el gobernador ha dado oídos sordo a las peticiones”.

Ríos dijo que no hay un número exacto de personas que California ha entregado al ICE en los últimos seis meses, “pero es un número considerable, seguramente mayor que cualquier otro estado”.

El activista confirmó que una coalición de organizaciones continuará en protestas para exigir que el gobernador “deje de enviar a los centros de detenciones” inclusive a personas con mayor riesgo de contagio”.