Campesinos piden se reconozca el empleo esencial que realizan durante la pandemia para una legalización

Vicente Reyes tenía apenas 5 años cuando emigró con su familia a Estados Unidos en el 2005. Una vez establecidos en Bakersfield, los padres del ahora joven empezaron a trabajar en el campo y al poco tiempo él comenzó a acompañarlos y a ser parte de la fuerza laboral.

El gobierno federal estima que la mitad de los 2.5 millones de trabajadores agrícolas del país son indocumentados. Entre ellos están los padres de Reyes quienes desde que llegaron al Valle Central de California han trabajado en la cosecha de zanahorias, remolachas, naranjas, uvas de mesa, cebolla, lechuga, col rizada, mostaza. Muchas veces con bajos pagos, sin seguro médico y en malas condiciones ambientales y de salud.

En el 2012, Reyes calificó para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) lo cual le permitió continuar su educación superior. Actualmente está asistiendo al Colegio de Bakersfield y planea transferirse a una universidad de cuatro años para convertirse en ingeniero en robótica.

No obstante, mientras lucha por sus objetivos académicos a largo plazo, también continúa trabajando en el presente en los campos agrícolas de California.

El joven de 20 años dijo que trabaja principalmente cosechando la uva en Bakersfield.

“Trabajo los fines de semana, cuando no tengo clases y en el verano”, indicó Reyes.

El poder experimentar la vida de ambos lados de la moneda; la educación hacia un mejor futuro y el arduo trabajo del campesino llevaron a Reyes a testificar ante el Comité Judicial de la Cámara de Estados Unidos para que se considere una protección contra la deportación para los trabajadores agrícolas esenciales indocumentados.

“El trabajo que hacen día a día es muy duro,  muchas veces no tienen representación laboral y no saben pelear por sus derechos”, dijo Reyes. “Ahora que estoy en una situación un poco mejor con DACA quiero hablar por ellos”.

Durante la audiencia que se llevó a cabo el miércoles, Reyes testificó de forma virtual instando al Comité Judicial para que reconozcan las contribuciones esenciales de los trabajadores indocumentados de la nación y considere un camino hacia la legalización.

A favor y en contra

Miembros del comité judicial destacaron que desde el 2003, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha identificado ciertas industrias como críticas para la seguridad nacional, incluyendo la salud pública, la agricultura y el procesamiento de alimentos.

“Mientras que muchos de nosotros pasamos al trabajo de tiempo completo en el hogar, estos trabajadores tuvieron que seguir presentándose en persona”, dijo la congresista demócrata de California Zoe Lofgren. “Cada día, han arriesgado sus vidas para garantizar que Estados Unidos sea seguro y tenga un suministro abundante de alimentos. Ellos cuidan a nuestros niños, atienden a los ancianos, desinfectan nuestras escuelas y lugares públicos, y una parte significativa del trabajo esencial está compuesto por trabajadores inmigrantes”.

Por su parte, el congresista republicano de Colorado, Ken Buck, reconoció el arduo trabajo de los inmigrantes legales y los refugiados legales en su estado. Aceptó que el trabajo que realizan es difícil e importante para mantener en funcionamiento la economía incluyendo los servicios vitales de alimentos y agricultura.

No obstante recalcó que “tenemos que reconocer que los inmigrantes ilegales que no tienen ningún papel [legal] no deberían estar en este país y estamos cometiendo un grave error cuando no permitimos que los estadounidenses ocupen puestos que ahora están siendo ocupados por inmigrantes ilegales”.

El congresista dijo que mientras el país intenta recuperar su equilibrio económico debido al COVID-19 hay muchos estadounidenses sin empleo.

“Estamos perjudicando grandemente a este país cuando seguimos viendo crecer las listas de desempleo mientras este país promueve activamente las ciudades santuario y las grandes ciudades y políticas que socavan el estado.

Buck dijo que no es justo que los estadounidenses tengan que hacer cola para recibir cheques de desempleo o de asistencia social u obtener otras formas de subsistencia mientras los indocumentados están trabajando socavando la economía.

Indicó que se debe tomar acción rápida para que los indocumentados se vayan del país.

“Deberíamos asegurarnos de que nuestra frontera sur sea segura para no permitir que entren más inmigrantes ilegales a este país”, aseveró.

Reyes explicó que escuchar estos comentarios del congresista Buck le causaba pena porque seguramente él no ha tenido acercamiento al trabajo arduo que se realiza en los campos. Razón principal por la que  muchos americanos se rehúsan a realizarlo.

“El señor Buck no está viendo que estamos aportando para alimentarlos mientras ellos están en sus casas seguros”, dijo Reyes. “Nosotros somos los que trabajamos en los campos haga frío o calor. Incluso ahora con los incendios se vuelve más peligroso pero así se debe trabajar”.

Leydy Rangel, portavoz de la fundación United Farmer Workers (UFW), dijo que el objetivo principal de esta audiencia no era para una votación pero para comenzar una conversación con los representantes del congreso y que conozcan el trabajo de los campesinos de su propia voz.

“Estos son los trabajadores esenciales que laboran durante el COVID-19, muchos de ellos indocumentados, y queremos ver cómo pueden ayudar en el futuro”, dijo Rangel.

Añadió que esperan continuar esta conversación en el futuro con la esperanza de que sea bajo una nueva administración presidencial.