La Prop. 23 ‘es un asunto de vida o muerte’

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Wayne Cox es uno de los más fervientes opositores de la Proposición 23, que aumentaría las reglas para los centros de diálisis. Lo hace porque, según asegura, “pone en riesgo la vida de 80,000 pacientes como yo”.

Debido a la hipertensión que le fue detectada hace una década, este hombre —productor de cine que reside en Van Nuys— acude tres veces por semana a recibir tratamiento de diálisis, por la falla en el funcionamiento de sus riñones.

“Así como lo hicieron en 2018 con la Proposición 8, la Proposición 23 nunca debió haber estado en la boleta electoral”, dijo DeWayne Cox. “Para mí y para muchos pacientes en diálisis es un asunto de vida o muerte”.

Entre otros requisitos, la Proposición 23 requerirá la presencia de al menos un médico con licencia en el lugar donde se realizan todos los tratamientos de diálisis y algunas clínicas pueden ser eximidas por el Departamento de Salud Pública de California si esto no es posible.

“El público en general no sabe lo delicado que es un tratamiento de diálisis; así que yo les pido que voten no en la Proposición 23, porque puede causar el cierre de clínicas. [Si esto ocurre, los pacientes tendrían que ir a otros centros] y algunos de nosotros quizás no alcancemos a llegar a tiempo si tenemos que viajar más lejos”, explicó.

Un estudio para el Grupo de Investigación de Berkeley, halló que el requisito de médicos en todo momento en los centros de diálisis aumentaría los costos en el estado para todas las clínicas en $328 millones anuales. Eso promedia un aumento de costos de $582,189 en cada clínica por año.

El informe indica, además, que el 47% de las clínicas tendrían márgenes operativos negativos si se aprueba la iniciativa. Al reducir el funcionamiento de las clínicas y obligar a algunos pacientes de diálisis a tratamientos más costosos, la iniciativa aumentará los costos para el estado de California en hasta $988 millones para continuar el tratamiento solo para aquellos pacientes asegurados a través de tres programas parcialmente financiados por el estado: CalPERS, Atención administrada de Medi-Cal y pago por servicio de Medi-Cal.

“La Proposición 23 aumentará innecesariamente los costos de la atención médica y empeorará la escasez de médicos para todos los californianos, al trasladar a miles de doctores practicantes a funciones no relacionadas al cuidado en las clínicas de diálisis”, asegura el doctor Peter N. Bretan, presidente de la Asociación Médica de California.

Mientras tanto, DeWayne Cox dice que tiene miedo de la Proposición 23, así como lo estuvo con la Proposición 8.

“Es innecesario que jueguen con la vida de las personas”, dijo.

“Yo tengo a mi nefrólogo, que es mi médico de los riñones y me visita cada semana en mi centro de diálisis. Si hay clínicas que tienen problemas, pues identifiquen el problema y abórdenlo, pero no se limiten a tomar un machete y querer cortarlo todo y poner nuestras vidas en peligro”.

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