Tierras, ¿la segunda nacionalización de la 4T?

MEXICO.- En México se cocina una reforma agraria. Se realizan foros y discusiones. Los legisladores van de aquí para allá en busca de ideas que frenen la pobreza de agricultores y particularmente de propietarios de ejidos —tierras comunales — con sus millones de hectáreas vulnerables frente al “colmillo de acaparadores”.

Los acaparadores son vivillos que se aprovechan de vacíos legales; compadrazgos con gobernantes, ignorancia y desinformación de los campesinos propietarios de las tierras comunales que se entregaron después de la Revolución Mexicana como entidades indivisibles, pero que desde los años 90 pueden fraccionarse para su venta.

Todo esto argumentó el senador por Morena José Narro, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado, en una iniciativa de ley que presentó ante el congreso el 26 de noviembre pasado para reformar el artículo 27 constitucional.

En ella plantea que sea el congreso federal (y no los legislativos estatales como es ahora) el que determine cómo se fracciona la tierra. Y también cuándo se “enajena” o nacionaliza cuando ésta supere… ¡las 100 hectáreas!

José Narro dice que con estos cambios atenderían un mandato que ordenó a los congresos de los estados desde 1992 determinar a partir de cuántas hectáreas se considera un latifundio para que el Estado lo frene con la enajenación. Sin embargo, desde entonces sólo tres de las 32 entidades lo hicieron y por tanto propone que se considere latifundio a partir de las 100 hectáreas.

Las modificaciones propuestas al artículo 27 son dos: agregar las palabras “propiedad social” para que el ejido tenga personalidad jurídica porque hasta ahora no la tiene y quitar las palabras “legislaturas de los estados” porque éstos no han hecho su tarea.

“La modificación beneficiará a cerca de 11 millones de mexicanos, toda vez que los terrenos rurales representan cerca del 51% de la tierra del trabajo del campo en el país”, afirmó en conferencia de prensa. “El fin es evitar la formación de nuevos latifundios en el país en colusión con los gobernadores de las distintas entidades”.

Los casos de concentración de tierras con artilugios legales—incluyendo el uso de prestanombres (testaferros)—, engaños y sobornos a líderes corruptos se han vuelto una constante en el sistema agrario mexicano.

A César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, detenido julio pasado en Estados Unidos, por ejemplo, las autoridades mexicanas le aseguraron ranchos que en conjunto tienen una extensión mayor a las 30,000 hectáreas, algunas de éstas presuntamente de propiedad ejidal.

En otro caso a menor escala, la prensa de Baja California informó en octubre pasado que el comisionado del Registro Agrario Nacional, Eduardo Cota, concentró tierras ejidales para sí mismo en la cotizada zona vitivinícola del Valle de Guadalupe.

A través de los certificados legales, se documentó que el 4 de diciembre de 2018, Cota sólo poseía dos parcelas y para junio del 2019 se le habían sumado otros siete a través de la “cesión de derechos” de otros propietarios del ejido. Así Cota concentró 1,342 hectáreas.
Luego construyó un camino de terracería y un restaurante a pesar de que el Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio de las Minas-Valle de Guadalupe prohíbe la construcción de más caminos sin permiso del Ayuntamiento.

De acuerdo con la argumentación del senador Narro, otro factor que ha despertado el interés de particulares de hacerse de tierras ejidales es el crecimiento inmobiliario. “La reforma de 1992 sin las condiciones legales adecuadas ha permitido abusos y despojos en contra de quienes tienen menos ingresos y de esto hay ejemplos en todo el sector turismo”.

LA REPLICA

Poco después de que se presentó la iniciativa, algunos senadores se dijeron sorprendidos y hasta escandalizados. Lilly Téllez, legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), escribió en la red social Twitter un mensaje polémico: “Este gobierno neocomunista va por la expropiación”, dijo.

En los discursos de la oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prevalece el tema del miedo a que México se encamine hacia la nacionalización de bienes al estilo socialista como ocurrió en años recientes en Venezuela.

En respuesta, Narro negó tal afirmación e hizo un llamado a sus pares en el legislativo para no “mal interpretar” su iniciativa. Desde su trinchera, el líder de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal, salió al paso y  dijo que aún no hay una discusión profunda al respecto ni un acuerdo de Morena para modificar este artículo 27 constitucional.

“Deben de estar tranquilos los productores, los propietarios, los ejidatarios y los comuneros”.

 Monreal ha evitado abundar en la propuesta de Cota; en cambio, presentó la suya que de igual forma busca una protección a los campesinos.

La iniciativa pretende regular las inversiones públicas y privadas en ejidos, comunidades o pueblos indígenas para que cualquier ocupación temporal o servidumbre legal que se requiera para las industrias del petróleo, eléctrica o minera, sea aprobada por las asambleas de los ejidos y comunidades, con mayoría calificada, considerando que los proyectos duran como mínimo 25 años.

MALA FE

Organizaciones de la sociedad civil, asesores legales y activistas en defensa de la tierra han peleado por décadas frente a presuntos abusos cometidos en contra de ejidatarios por obras que van desde la explotación ilegal de minas en el país hasta despojos de tierras para obras.

En 2018 presentaron una lista de al menos 65 casos a una misión de la Organización de las Naciones Unidas que estuvo de visita en México por casos emblemáticos como el de Juchitán, en Oaxaca, debido a los métodos que se usaron para realizar las “consultas” sobre la construcción de los 12 parques eólicos en la zona.

Denunciar irregularidades como sobornos, desinformación y manipulacón de asambleas le costó  a integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco ser blanco de amenazas, insultos e intimidaciones; a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, el asesinato de uno de sus líderes: Rolando Crispín, un policía comunitario del ejido de Álvaro Obregón, donde se encuentra la empresa Eólica del Sur, de capital español.

De acuerdo con información divulgada por el Senado, de los 150 millones de hectáreas que tiene el país, 115 millones fueron entregadas en concesiones mineras y otros proyectos extranjeros desde los años 90 del siglo pasado durante cuatro administraciones:

Con el ex presidente Ernesto Zedillo, 34.6 millones; con Felipe Calderón 35.5 millones; Vicente Fox, 24.9 millones  y Enrique Peña Nieto cedió 9.9 millones de hectáreas.

Ricardo Monreal destacó que, a pesar de la riqueza que han generado el uso de esas tierras, el 61% de la población rural donde se encuentran las minas y otros proyectos siguen en la pobreza o la pobreza extrema. Por tanto, su iniciativa busca reconocer al ejido y la comunidad como la organización social y económica más importante del campo mexicano y protegerlo.

Tanto las propuestas de Monreal como la de Cota forman parte de los documentos que están en la lupa del legislativo para una nueva Ley Agraria que ayuda a mejorar las condiciones del campo. El gobierno de AMLO que llegó al poder con la bandera de justicia social enfrenta ahora el reto de cumplir sus promesas y cada día tiene más presiones incluso con sus propios proyectos.

Indígenas y ejidatarios opositores al Tren Maya han denunciado que el actual gobierno hace trampas similares a las que hacían sus antecesores para hacerse de tierras por donde pasaría el ferrocarril turístico en el sureste y muchos de ellos exigen que se les incluya como accionistas si les van a quitar sus tierras.

Al sudoeste, en San Pedro Quiatoni, Oaxaca, cientos de comuneros marcharon para exigir al presidente cancelar las concesiones que se dieron a subsidiarias de la compañía estadunidense Gold Resource Corp; al norte, los yaquis quieren aguas para sus tierras…

Por lo pronto, el legislador Monreal, mano derecha del presidente en el legislativo, reconoció que habrá grandes cambios. “Necesitamos una ley que incorpore las propuestas de los 32,121 ejidos y comunidades, propietarios de casi 100 millones de hectáreas”.

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