ICE la detuvo cuando acababa de dar a luz. Ahora denuncia abusos ginecológicos en el centro de detención

Elizabeth es una de las mujeres que se unió este lunes a la demanda contra los abusos médicos que ya han denunciado 40 inmigrantes detenidas en las instalaciones del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del condado de Irwin, Georgia.

Esta mexicana de 21 años, que llegó a Estados Unidos con ocho, entró en el centro de detención de migrantes el pasado mes de julio, cuatro meses después de haber dado a luz a su primera hija. Los dolores que empezó a sentir en la parte baja del vientre al poco tiempo los achacó a que el parto aún era reciente. Pero necesitaba ayuda médica.

La experiencia de Elizabeth en la consulta médica

“Es lo más horrible que he vivido nunca“, dice Elizabeth en una conversación telefónica con La Opinión desde las instalaciones en las que sigue detenida. “Aquí no hay revisiones médicas. Cuando te sientes mal, tienes que insistir hasta que te lleven a ver a un doctor“, añade sobre su experiencia en un lugar que es caldo de cultivo perfecto para la propagación del coronavirus.

Tras pedirla varias veces, Elizabeth consiguió una cita para que el doctor Mahendra Amin la examinara. Pero cuenta que su experiencia fue humillante. No tuvo intimidad al desnudarse ni recibió una mínima señal del ginecólogo que le inspirara confianza y la tranquilizara.

“Abre las piernas”, fueron las primeras palabras con las que el médico se dirigió a ella, según relata la propia demandante. “Sentí que no tenía ni voz, ni voto. Me sentí humillada. Pensé: ‘ya quiero que esto se acabe'”, continúa describiendo Elizabeth con la voz contenida y en una llamada que se entrecorta cada pocos minutos.

“Tienes un quiste en el ovario izquierdo“, se limitó a concluir el ginecólogo tras hacerle sin delicadeza alguna un ultrasonido vaginal. No le explicó que el “Depo shot” que le iba a inyectar era un anticonceptivo y que podía tener efectos secundarios. Elizabeth se enteró al salir de la consulta, cuando otra detenida mexicana le dijo que el doctor también le había diagnosticado un quiste en el ovario izquierdo y le había inyectado lo mismo. La “casualidad” les pareció sospechosa.

Elizabeth, que prefiere no dar su nombre completo, fue víctima de los abusos sexuales de su padrastro entre los nueve y los 10 años, según la demanda. Como consecuencia de este trauma, sufre ansiedad y depresión, que han hecho que esta experiencia ginecológica le afecté también psicológicamente.

Un patrón de tratamientos médicos intrusivos

El caso de Elizabeth se suma al de unas 40 mujeres que siguen encerradas en el centro de detención donde han sido víctimas de tratamientos intrusivos similares o que ya han sido deportadas. Algunas de las demandantes han denunciado incluso extirpaciones no autorizadas de útero.

“A nosotras también nos hubieran hecho la cirugía si el centro (de detención del condado de Irwin) no hubiera sido noticia en los medios”, calcula la mexicana con una mezcla de miedo y alivio.

Estos casos empezaron a salir a la luz después de que la enfermera Dawn Wooten los denunciara en público el 14 de septiembre y varias organizaciones que defienden los derechos de las migrantes empezaran a investigarlo. El tema está también bajo la lupa del Congreso, que considera que hay al menos 57 mujeres afectadas, y de los medios de comunicación.

Associated Press publicó a finales de septiembre que no habían podido confirmar que se hayan realizado histerectomías, pero sí encontró un patrón de prodecimientos médicos no consensuados en el centro de detención. La agencia de noticias informó entonces que Amin ya no estaba tratando a detenidas en las instalaciones de Irwin.

La postura de ICE frente a las acusaciones

Este lunes a última hora, una demanda de otras 14 mujeres se unía a los esfuerzos por destapar lo que está pasando en el interior de las instalaciones de Irwin, que controla la empresa privada LaSalle Corrections.

El documento de 160 páginas nombra como acusados a Tony Pham, director interino de ICE; Chad F. Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional; William Barr, fiscal general, y Mahendra Amin, el ginecólogo que atendía a las inmigrantes en la prisión de Irwin; entre otros. Pero ninguno ha hecho pública su postura ante las acusaciones.

La portavoz de ICE, Danielle Bennett, dijo que la agencia no puede comentar sobre los litigios pendientes, pero que está cooperando plenamente con la investigación. “Cualquier insinuación de que ICE está intentando obstaculizar la investigación llevando a cabo la deportación de las entrevistadas es completamente falsa”, dijo la agencia el 25 de noviembre en una declaración que publicó Time.

Lo mismo argumentan desde LaSalle Corrections para aplazar los comentarios. La compañía privada “desmiente encarecidamente cualquier implicación de la mala conducta en el Centro de Detención del Condado de Irwin” y está “seguro de que los hallazgos de la investigación independiente apoyará firmemente nuestra posición”, según publicó la mencionada revista.

También en noviembre, Scott Grubman, abogado del ginecólogo Amin dijo a The Washington Post que su cliente niega las alegaciones en su contra. “El doctor Amin siempre ha tratado a sus pacientes, incluidas las que estaban bajo la custodia de ICE, con el mayor cuidado y respeto”, dijo Grubman al diario capitalino.

La nueva demanda contra ICE

Para Elizabeth y otras mujeres que aseguran haber pasado por esta trágica experiencia la demanda que han presentado con el asesoramiento de varias organizaciones es la única esperanza para poner fin a su situación.

Las demandantes piden -“a pesar de los constantes intentos de ICE de silenciarlas”- el fin de las represalias por contar sus casos, una compensación por los daños que han sufrido y la posibilidad de participar plenamente en la demanda o su puesta en libertad.

A algunas de las que denunciaron abusos en otras ocasiones ya las deportaron, por lo que tendrán más complicado pelear su casos en los tribunales estadounidenses. Ante la presión de los abogados de las mujeres, que presentaron un recurso ante un tribunal federal, la Administración Trump se comprometió a no deportar a otras migrantes que participen en estas demandas. Los defensores piden además, el regreso de las que están en sus países de origen.

La petición insta también a la Administración entrante de Biden y al Congreso a revertir la agenda de Donald Trump contra los inmigrantes. Para ello, consideran necesario el cierre del centro de detención del condado de Irwin e investigar a los trabajadores de la LaSalle Corrections que “hicieron la vista gorda ante las vulneraciones que sufrieron las mujeres mientras estaban bajo su supervisión”.

“Nadie será libre hasta que todo el mundo esté libre“, dijo Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South y coasesora en la demanda, al cerrar durante la mañana del martes la sesión informativa en la que anunciaban el rumbo de la batalla legal.