Dos mexicanas con visa de trabajo en EE.UU. se enferman de COVID y… ¡las despiden!

Cuando Reyna Álvarez y Maribel Hernández sintieron que el aire les faltaba y el dolor del cuerpo era insoportable, no lo pensaron más: dejaron de pelar cangrejos y corrieron al hospital. Un sexto sentido y la responsabilidad de ser madres solteras en Tamaulipas y Sinaloa les dijo que dejaran atrás todo y pelearan por sus vidas aunque las despidieran de su trabajo con visa temporal.

En el centro médico confirmaron sus sospechas. Tenían COVID-19; desde Acadia Processors, LLC, la empresa, tan bien llovieron malas noticias: el patrón divulgó que no toleraría la partida de las mujeres del sitio de trabajo sin permiso.

Así se quedaron en Luisiana por un desventajoso contrato que no les daba seguro médico por casos de enfermedad por coronavirus y con un empleador “necio” que se negaba a reconocer lo indefendible: que la pandemia había llegado a su negocio y que era tiempo de parar las actividades.

“Desde un principio, el empleador dijo que no se haría cargo de ningún gasto si nos enfermábamos”, recuerda Reyna Alvarez. Además, agrega Maribel Hernández, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) no estaba realizando inspecciones en el lugar de trabajo ni en la vivienda. Un brote era predecible.

“Trabajábamos tan cerca unos de otros que nuestros codos se tocaban. Compartíamos casa con unos 40 compañeros de trabajo. Las habitaciones estaban tan llenas de gente que apenas podíamos movernos entre maletas abarrotadas y literas”.

El principal temor de estos trabajadores era financiero. “Si nos enfermamos, no podríamos trabajar. Si tuviéramos que recibir tratamiento en el hospital, ¿cómo pagaríamos las facturas?”

A fines de abril pasado, entre los pasillos y las habitaciones de Acadia Processors, se enteraron de que un colega y compañero de piso estaba enfermo con COVID-19. Todos comenzaron a entrar en pánico, pero el mal estaba hecho, se expandía, no era necesario más que el sentido común que pronto se contagiarían más.

Con todo, irse no era una opción porque alquilaban la casa al empleador y sus visas las vinculaban a la empresa. Abandonarla significaba perder el estatus migratorio de migrante legal con permiso de trabajo temporal y quedarse sin hogar además de dejar un mal precedente, según las reglas del programa.

Las empresas estadounidenses utilizan el programa H-2B para contratar trabajadores extranjeros en empleos temporales no agrícolas. El Congreso estableció la cantidad límite de visas H-2B en 66,000 por año fiscal con posibilidad de extensión cada año.

Activistas defensores de los derecho de los trabajadores binacionales señalan que, a pesar de que miles de empresas dependen de esta mano de obra, muchas son denunciadas por malas prácticas como incumplimientos de pago, cambios en las promesas de contrato y en las condiciones de trabajo.

La pandemia, exhibió aún más estas deficiencias y nuevos retos, detalló el Centro para los Derechos de Inmigrantes (CDM), desde fábricas de carne de cerdo en Dakota del Sur hasta plantas avícolas en Maryland, los brotes de COVID-19 están amenazando la vida de los trabajadores en todo el país y más aún para quienes laboran con visas temporales.

“El estatus de estas visas para permanecer en EEUU depende del empleador y los trabajadores carecen de la falta de acceso a la justicia, de un abogado”, advierte Evy Peña, directora de comunicaciones del CDM. “Y cuando sí encuentran a un abogado que las apoye hay poca comprensión por parte de la autoridad”.

La queja

Reyna Álvarez y Maribel Hernández se comenzaron a sentir mal casi a la par. Primero tenían dolores de cabeza y fatiga, luego fiebre y tos seca. Lo mismo ocurría con cerca de 100 de sus compañeras de trabajo, pero siguieron trabajando codo a codo, sin máscaras porque las empresas no se las proporcionaba a pesar de que vivían en una casa abarrotada con otros 40 compañeros de trabajo.

La supervisora ​​llamó a personal médico para que acudiera a la planta donde pelaban los cangrejos para hacerles pruebas del virus. Luego les dijo (la supervisora) que la mayoría de ellas dio negativo aunque algunos de ellos apenas podían mantenerse de pie. Por eso sospechaban que estaba mintiendo.

“Con el tiempo, nuestros síntomas empeoraron y tuvimos que dejar de trabajar. Nuestro empleador nunca nos pagó los días de enfermedad, así que nos estábamos quedando sin dinero. Pero encontramos fuerzas entre nosotras: nos alimentamos, nos ayudamos a salir de la cama y nos recordábamos que nuestros hijos contaban con que volviéramos a casa sanas”, detalla Reyna Álvarez.

Una noche, mientras peleaba por respirar, tanto ella como Maribel Hernández llegaron a la misma conclusión: “si se quedaban ahí, iban a morir”.

El empleador les había ordenado trasladarse a unas cabañas aisladas mientras pasaba la cuarentena de prevención para estar en observación y evitar la propagación. Pero era el mismo hombre que les había hecho trabajar hombro con hombro en medio de una pandemia.

“Después de que nuestro supervisor rechazó una solicitud para ir al hospital, decidimos hacer las maletas e irnos por nuestra cuenta”.

Cuando estaban en el hospital, un compañero de trabajo les dijo que la empresa los había denunciado a las autoridades de inmigración. Ellas sabían que los empleadores deben comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional cuando los trabajadores huéspedes se van antes de que finalice su contrato.

Sin embargo, están seguras de que la compañía cangrejera no reveló que se fueron porque estaban tratando de sobrevivir y no porque era su intensión renunciar.

“Mientras esperábamos nuestro diagnóstico, nuestro empleador nos informó formalmente que nos había despedido”. Maribel Hernández dice que no tenían la fuerza física ni la capacidad para preocuparse: a la par el hospital les confirmó que tenían COVID-19.

Finalmente sobrevivieron a ambos golpes, aunque con sus respectivas secuelas. Después se enteraron que en total, unos 100 peladores de cangrejo

¿Qué hicieron?

Cuando buscaban ayuda legal, Reyna Álvarez y Maribel Hernández se enteraron que el Centro de los Derechos del Migrante brindaba ayuda legal gratuito para casos de abusos de este tipo.

Con este apoyo presentaron quejas ante OSHA y la Junta Nacional de Relaciones Laborales en Estados Unidos por violación a la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional debido a que Acadia Processors tomó represalias contra ellas.

La decisión de estas mujeres es algo valiente, observa Evy Peña, del CDM. El riesgo no termina por haber sido despedidas del trabajo. Podrían ser incluidos en la lista negra, arriesgando nuestras posibilidades de ser contratados nuevamente con visas H-2B en la Unión Americana.

Y, sin embargo,  la respuesta de OSHA a la queja interpuesta fue negativa: la desestimó.

“Esta primera respuesta nos deja claro que la agencia  de autoridad no está protegiendo los derechos esenciales de las trabajadoras quienes, no sólo fueron despedidas, si no que se enfermaron de COVID-19 y les falló”, lamenta Evy Peña. “Y el mensaje que envía es que las empresas puede violar la ley y salirse con la suya”.

En días recientes, Reyna Álvarez y Maribel Hernández, interpusieron un recurso de apelación y esperan respuesta positiva de Osha. Esto, sentaría un precedente local.

La idea de CDM y el Centro de Trabajadores de Nueva Orleans para la Justicia Racial que también las apoya es que la agencia gubernamental OSHA emita una Norma temporal de emergencia para proteger a todos los trabajadores, independientemente de su estado migratorio, durante esta pandemia, además de una mayor supervisión hacia este sector de la economía.

La agencia debería garantizar que los empleadores proporcionen lugares de trabajo y viviendas seguros. Los empleadores saben que los trabajadores H-2B no pueden cambiar de trabajo; saben que los trabajadores migrantes enfrentan barreras idiomáticas y tienen acceso limitado a la justicia. “Sin las inspecciones de OSHA, los empleadores saben que pueden salirse con la suya abusando de los trabajadores”, advierte Evy Peña. “Por este caso de Reyna Alvarez y Maribel es emblemático”.

Otros casos

El CDM realizó un informe el año pasado sobre los abusos de Jaiberas en Maryland, cuando detectó que a las precarias condiciones de los trabajadores migrantes, principalmente mujeres, se agregaba el factor pandemia.

Para empezar, se había complicado porque cambiaron las fechas de transportación.  Durante una temporada laboral típica, las mujeres parten de México hacia los Estados Unidos a fines de marzo, a tiempo para que la temporada de pesca de cangrejos comience el 1 de abril, pero la pandemia alteró las fechas.

Primero, el 16 de marzo de 2020, el DHS emitió una orden indicando que no tramitaría nuevas visas para ingresar al país, pero eximió al programa H-2B de esta prohibición de visas. Al mismo tiempo, el DHS anuló su orden de 35,000 visas H-2B adicionales para 2020.

Sin este aumento en visas, hubo como máximo 33,000 visas ofrecidas a trabajadores H-2B en la primera mitad de 2020 sin posibilidad de extención. Luego modificó el proceso de aprobación para permitir consulados para seguir tramitando visas de trabajadores H-2B y algunos trabajadores tuvieron que hacer más de un viaje desde sus comunidades de origen a Monterrey en largos recorridos que los colocó a un mayor riesgo de exposición al COVID-19.

El CDM recibió llamadas de trabajadores desesperados que pasaron casi dos semanas en Monterrey con su propio dinero esperando la adjudicación de la visa en medio de demoras y la incertidumbre en torno a los reembolsos de viajes al que está obligada la empresa empleadora.

En marzo de 2020, el personal de un hotel en Monterrey expulsó a los huéspedes H-2 a las calles debido al hacinamiento. El hotel no reembolsó a los huéspedes desalojados, y los trabajadores H-2 asumieron el tiempo y los gastos adicionales para encontrar un nuevo lugar.

Las trabajadoras cangrejeras enfrentan aún desafíos adicionales para viajar a la costa Este. Las mujeres corren el riesgo de contraer COVID-19 en el autobús durante su viaje de tres días. Si bien algunas empresas de autobuses implementan medidas sanitarias, el impacto del largo viaje en autobús pone en riesgo a los trabajadores, adivierten activistas.

Las precauciones pueden limitar el riesgo de infección, pero dada la naturaleza altamente contagiosa del COVID-19, el riesgo de enfermarse durante los viajes hacia los destinos de trabajo sigue siendo una gran preocupación.

Peticiones de protección

1. 1. Que los legisladores de EEUU se aseguren de incluir a los migrantes en los paquetes de ayuda federal que abordan los impactos del COVID-19.
2. 2. Que los trabajadores migrantes puedan acceder a las pruebas de COVID-19 sin costo y a equipo de protección, independientemente de su situación en el país.
3. 3. Que los trabajadores de la cadena de suministro de alimentos sean considerados trabajadores esenciales. No sólo los que están en puntos de venta. En las cadenas de suministro laboran miles de mexicanos con visa de trabajo temporal.
4. 4. Que los migrantes temporales  reciban una prima, una compensación adicional, por trabajar y exponerse a sí mismos y a sus familias al coronavirus.
5. 5. Que el Congreso apruebe una legislación que otorgue una prima salarial a todos los trabajadores esenciales.
6. 6. Que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) emita una Norma Temporal de Emergencia que proporcionará protecciones de salud y seguridad a los trabajadores durante esta pandemia mundial.
7. 7. Que se obligue a  las empresas a evitar el hacinamiento que hace imposible las medidas de distanciamiento social necesarias para mantener seguros a los trabajadores durante la pandemia.

8. Que se aseguren inspecciones regulares antes de la temporada para que las viviendas de alquiler proporcionadas por los empleadores a los trabajadores sean adecuadas.

6. Que los legisladores y las agencias gubernamentales se aseguren de que los inmigrantes estén cubiertos y puedan presentar fácilmente un reclamo de beneficios estatales por desempleo en caso de pérdida de empleo relacionada con el COVID-19 o un despido injusto. La información debe estar disponible en varios idiomas y los agentes gubernamentales deben ser rápidos en la investigación de estos reclamos.

7. Garantizar que los trabajadores migrantes tengan acceso a la justicia, incluyendo con sus testimonios remotos vía internet porque según las regulaciones de la Corporación de Servicios Legales, los trabajadores H-2B no pueden ahora acceder a servicios legales gratuitos de manera general.

Fuente: Trabajadores temporales

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