‘Ellos son pacientes antes que presos’

Familiares de personas que presentan alguna discapacidad mental y que están encarceladas en California celebraron esta semana el fallo de la corte, entregado por el Tribunal con sede en San Francisco, que impide que estas personas permanezcan detenidas por períodos prolongados sin recibir la atención médica necesaria.

El Tribunal de apelación de California dictaminó que en el estado la detención prolongada de personas que han sido declaradas incompetentes para ser juzgadas —debido a una discapacidad psiquiátrica o intelectual— viola su derecho al debido proceso.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del norte de California, que presentó la demanda en 2016, indicó que el encarcelamiento sin tratamiento adecuado tiene profundas implicaciones para las miles de reos que decaen en las cárceles del condado cada año porque no pueden defenderse.

Angustia dentro y fuera de la cárcel

Stephanie Stiavetti, una de las demandantes en la querella que indicó que su hermano sufrió abusos en la cárcel en 2014, dijo que la decisión de la corte es un paso a la dirección correcta.

“Estoy doblemente contenta de que los tribunales hayan decidido respaldar esta decisión porque, en última instancia, es muy importante para la salud mental de las personas que sufren de esta manera”, expresó la mujer de raíces peruanas. “[Ellos] ante todo son pacientes antes que presos”.

La querella explica que el hermano de Stiavetti, identificado solo como N, fue encarcelado el 28 de agosto de 2014 por obstruir el desempeño de unos agentes del orden.

Una vez encarcelado, indican los documentos, tuvo que esperar por más de dos meses para ser transferido de la cárcel del condado Contra Costa, al norte del estado, al Metropolitan State Hospital para recibir tratamiento por sus problemas de salud mental.

Poco después, fue devuelto a la cárcel Contra Costa y a principios de 2015 fue nuevamente reingresado al hospital por su discapacidad mental.

La situación de N fue un ejemplo de cómo funciona el sistema que pide que los presos con discapacidades psiquiátricas sean enviados al hospital para ser evaluados y recibir tratamiento. Después deben regresar a la corte para enfrentar nuevamente al juez, quien se encarga de dictaminar si todavía son capaces de someterse a un juicio o si necesitan más tratamiento.

“Entonces deben regresar al hospital, lo que introduce una demora adicional porque nuevamente se quedan allí sentados en la cárcel hasta que se abra otra cama”,
explicó.

Cuenta que mientras su hermano estaba en la cárcel, no entendía las reglas y constantemente sufría de depresión, confusión o agitación. Esto causó que se involucrara en peleas con otros presos y con los agentes. Fue enviado a confinamiento solitario, lo que le causaba más confusión porque no entendía el limbo en el que se encontraba.

El encarcelamiento de N también afectó severamente a sus familiares que no sabían cómo ayudarlo.

Stiavetti, quien no quiso mencionar el estado actual de su hermano, dijo que el estado debe reconocer que hay demasiados pacientes de salud mental que sufren en las cárceles, perdidos en un sistema plagado de abusos y mal preparado para atenderlos.

“Se necesita una legislación inmediata para garantizar que las personas con trastornos de salud mental reciban tratamiento pronto y fuera del sistema carcelario”, indicó la demandante.

Miles de presos afectados

Michael Risher, abogado de la Fundación ACLU del Norte de California, dijo que en el Estado Dorado por más de una década las personas con enfermedades mentales o discapacidades de desarrollo han estado en la cárcel durante meses y meses sin ningún tratamiento.

La demanda presentada hace seis años indica que no se puede mantener a las personas en la cárcel por tiempo indefinido y sin darles tratamiento, cuando se suspenden los procesos penales.

“Tienen que proporcionar tratamientos o tienen que dejarlos salir”, dijo Risher.

Se aceptó que el estado había violado los derechos constitucionales de miles de personas. “A partir del año que viene [el estado] tiene que comenzar a brindar tratamiento a las personas dentro de los 28 días de la corte enviando la documentación al sistema”, dijo el abogado.

Esto no significa que se debe transportar a las personas a un hospital estatal, sino más bien brindarles tratamiento. Esto pudiera ser fuera de la cárcel en la comunidad de forma segura donde los hospitales son efectivos y más baratos.

“Y significa que el estado puede brindar más tratamiento por la misma cantidad de dinero”, indicó Risher.

Aunque no hay un número exacto de personas por etnia, Risher dijo que el sistema de justicia penal afecta desproporcionadamente a personas de color y gente pobre.

“Sabemos que un gran porcentaje de estas personas que son declaradas incompetentes para ser juzgadas no tenían hogar antes de ser arrestadas”, indicó Risher.

“Entonces lo que podemos decir con seguridad es que este es un problema que afecta desproporcionadamente a las personas pobres y personas sin hogar”.

El tribunal no especificó cómo se debe proveer el tratamiento, lo que sí dejó seguro es que no se puede permitir que las personas permanezcan en la cárcel durante meses después de que se suspenda un procedimiento judicial.

Actualmente hay alrededor de 1,600 personas en la cárcel esperando por un tratamiento médico a su salud mental que garantiza la Constitución, añadió Risher.

El Departamento del Hospital del Estado (DSH), que se ocupa de las personas que padecen una enfermedad mental, recibe cada año alrededor de 4,000 personas con este tipo de dificultades.

Durante la pandemia el DSH no aceptó a nadie fuera de la cárcel, pero hace un par de meses la oficina del analista legislativo indicó que las cifras han vuelto a niveles pre pandémicos de entre 300 y 400 personas al mes.