Corte determina que la Fuerza Aérea es 60% responsable del tiroteo en Sutherland Springs, Texas

27 personas murieron y otras 19 resultaron heridas en el tiroteo masivo ocurrido durante un servicio religioso en la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs, en Texas, en noviembre de 2017

Corte determina que la Fuerza Aérea es 60% responsable del tiroteo en Sutherland Springs, Texas

La Primera Iglesia Bautista realizó un acto en memoria de los muertos en la masacre ocurrida el 5 de noviembre de 2017. Crédito: Archivo/Scott Olson | Getty Images

Un juez federal determinó que la Fuerza Aérea de Estados Unidos era responsable en un 60% del tiroteo masivo ocurrido en una iglesia en Sutherland Springs, Texas, el 5 de noviembre de 2017, según ABC News.

Devin Kelley abrió fuego dentro de la Primera Iglesia Bautista, a 40 millas a las afueras de San Antonio, durante un servicio dominical y mató a 26 personas de entre 5 y 72 años, lo que se convirtió en el peor tiroteo masivo en una casa de culto de la historia.

En una demanda civil presentada por familias y víctimas del tiroteo contra el gobierno, el juez Xavier Rodríguez determinó que debido a que Kelley fue investigado y sometido a un consejo de guerra por agredir a su entonces esposa y a su hijastro en una base de la Fuerza Aérea, esa rama del ejército debería haber alertado al FBI de que Kelley no podía comprar legalmente un arma, a través de su sistema de alerta.

“El Tribunal concluye que el gobierno no ejerció un cuidado razonable en su compromiso de presentar antecedentes penales al FBI. El hecho de que el gobierno no ejerciera un cuidado razonable aumentó el riesgo de daño físico al público en general, incluidos los Demandantes. Y su incumplimiento provocó inmediatamente la muertes y lesiones de los Demandantes en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs el 5 de noviembre de 2017”, escribió Rodríguez.

El gobierno argumentó que estaban protegidos de responsabilidad en la masacre de la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs por la Ley Brady, que exige que las agencias federales, incluido el Departamento de Defensa y la Fuerza Aérea, compartan información descalificante “con una frecuencia no menor que trimestralmente”, según la presentación.

La “información descalificante” incluye cualquier registro de cualquier persona que demuestre que se encuentra dentro de una de las categorías “de personas a las que se les prohíbe comprar armas de fuego“.

Durante la investigación sobre las acusaciones de agresión doméstica, Kelley “amenazó con matar tanto (a su esposa) como a las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea” si denunciaban el abuso a las autoridades, según el expediente judicial. Además, su esposa les dijo a los investigadores que Kelley amenazó con cometer un tiroteo masivo en la Base de la Fuerza Aérea Holloman en Nuevo México.

“Mi trabajo es afortunado. Tomaría una escopeta y les volaría la cabeza a todos”, dijo Kelley en ese momento, según el expediente judicial.

Cuando los investigadores de la Fuerza Aérea investigaron a Kelley, descubrieron un “largo historial de violencia y abuso”, según el expediente judicial.

Kelley finalmente fue encarcelado durante un año por los cargos de agresión doméstica. Más tarde se volvió a casar y abusó de su segunda esposa, según el expediente judicial.

El juez concluyó que la Fuerza Aérea no informó adecuadamente sobre Kelley al Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales (NICS) que los traficantes de armas deben usar para completar una verificación de antecedentes.

“El juicio estableció de manera concluyente que ningún otro individuo, ni siquiera los propios padres o parejas de Kelley, sabía tanto como Estados Unidos sobre la violencia que Devin Kelley había amenazado con cometer y era capaz de cometer. Además, la evidencia muestra que: si el gobierno hubiera hecho su trabajo y hubiera reportado adecuadamente la información de Kelley en el sistema de verificación de antecedentes, lo más probable es que Kelley se hubiera disuadido de llevar a cabo el tiroteo en la iglesia. Por estas razones, el gobierno tiene una gran responsabilidad con los demandantes.”

El pastor de la Primera Iglesia Bautista, Frank Pomeroy, le dijo en 2019 al corresponsal en jefe de Justicia de ABC News, Pierre Thomas, que todavía estaba lastimado por el tiroteo. “Las secuelas mentales dolieron casi tanto como las reales, lo que hizo el tirador en nuestra iglesia”, dijo Pomeroy.

El juez le dio al gobierno 15 días para elaborar un plan de conciliación.

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