Cinco hipótesis sobre la desaparición de 10 yaquis en Sonora

MEXICO.- Un coctel de violencia en el estado de Sonora se ensaña en los últimos meses con los yaquis. Varios de sus miembros pagan con sangre frente a tres poderes paralelos, dicen: el Estado, grupos criminales que quieren controlar la economía local así como el cruce de droga y las empresas mineras que quieren su parte.

En el camino, sus enemigos (que la etnia llama “poderes fácticos”) les dan duro y a la cabeza. Tan solo en los últimos días desaparecieron a 10 personas de un tirón después del asesinato de dos de sus miembros más destacados.

Tomás Rojo, el vocero de la etnia de 54 años, desapareció mientras daba un paseo en Vícam, su comunidad en el municipio de Cajeme, y fue localizado casi un mes después, semienterrado, su cuerpo en descomposición; también recibió varios tiros el ambientalista Luis Urbano frente a un cajero de Ciudad Obregón.

El estado de Sonora y el municipio de Cajeme, donde se encuentran los ocho pueblos yaquis, se han convertido en uno de los focos más violentos del país. Por cuatro años consecutivos, la cabecera municipal, Ciudad Obregón, se encuentra entre las 10 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

El Observatorio Sonora por la Seguridad indicó que entre enero y mayo de 2021 se registraron 822 víctimas de este delito, mientras que en el mismo periodo, pero de 2020, fueron 596. En lo que respecta a Cajeme, la organización señaló que en esa localidad se presentaron alrededor del 70% de los homicidios estatales.

Los pueblos yaquis señalan a una sola causa del semillero de nota roja: la ambición que, acompañada por la impunidad, deriva en una pelea mortal por cinco “tesoros”.

1. El control de territorio

En sus investigaciones sobre el asesinato en Tomás Rojo, la fiscalía del estado tiene como principal hipótesis del crimen a una batalla por el control del territorio entre organizaciones criminales y la etnia, a quienes acusan de jugar con el margen de la ley.

Los yaquis tomaron la carretera Federal México 15, tramo Guaymas-Obregón, desde 2018. En algunas entrevistas, los líderes dijeron que era en protesta por la construcción de gaseoductos y en contra de las mineras; la fiscalía del estado, aseguró que lo hicieron, más bien, “para recaudar fondos para la comunidad”.

En tanto los grupos delictivos, dijo, querían el control de esa carretera para sus propios fines, aunque no aclaró cuáles. En general, estas organizaciones quieren pasar la droga y el tráfico de migrantes.

2 y  3. La minería y el gas

En Bácum otra lucha ha sido la construcción de un gasoducto de metano por parte de la empresa IEnova, filial de la estadounidense Sempra Energy, al cual se oponen los yaquis. Tras años de conflicto y con el visto bueno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mes pasado, se llegó a un acuerdo para un nuevo trazado del ducto de metano.

Pero la minería sigue siendo un tema presente. En un comunicado los yaquis dicen que la presencia de militares es para preparar el terreno de varias concesiones mineras; la Secretaría de la Defensa Nacional sostiene, en cambio, que las razones son de seguridad nacional por el tema de narcotráfico.

La desaparición de 10 miembros de la comunidad yaqui de Loma de Bácum coincidió con la entrada en la zona de un dispositivo especial del Ejército y la Guardia Nacional. El arribo de las tropas a esta región que se gobierna por usos y costumbres y tienen sus propias autoridades de gobierno y de seguridad causó mucha tensión.

Los yaquis dicen que el Estado quiere abrir el paso a empresas mineras que en los últimos años apuestan al litio para enriquecerse con la demanda del mineral para la tecnología. El gobierno estatal dio concesiones mineras a gente de Ciudad de Obregón y casualmente ahí, donde está una concesión minera, es donde sucedió la desaparición.

“Andan queriéndose meter en nuestro territorio”, dijo Guadalupe Flores, de la Tropa Yoreme de Loma de Bácum.

4. Droga

Las Fuerzas Armadas y las corporaciones policiacas locales afirman que, por el número de decomisos, Sonora ocupa el primer lugar en aseguramientos de metanfetaminas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de octubre de 2019 al 30 septiembre de 2020, se logró el aseguramiento de 133 toneladas.

Análisis de las fiscalías de los seis estados fronterizos del lado mexicano sostienen que los cárteles de la droga apuestan a bajar los costos de producción de la droga a estas zonas y así evitarse los gastos y los riesgos de producción desde estados más al sur como Sinaloa, Michoacán, Jalisco…

Casas, bodegas, bosques, campos, jacales y sitios al aire libre son montados en la franja fronteriza con Estados Unidos y Cajeme y la zona yaqui no están exentos.

La Guardia Tradicional yaqui replicó en días pasados que algunos militares llegan a su territorio a “sembrar droga para intentar inculparnos y justificar su represión. Porque el mismo Estado promueve y protege a los delincuentes”, dijo el portavoz Guadalupe Flores. “Quieren causar miedo y psicosis para que la gente abandone sus tierras”.

5. El agua

Los 65 ataques, amenazas e intimidaciones en contra de defensores ambientales en el rubro hidráulico de Sonora entre 2012 y 2018 tienen una sombra detrás, al acoso: el acueducto  Independencia, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Esta obra planeada por el gobierno estatal para abastecer a Hermosillo, la capital, que sufre constantemente por las sequías, tiene como opositores principales a los pueblos yaquis quienes argumentan que el uso del agua del río por este proyecto los dejaría literalmente “muertos de sed” mientras que los agricultores no indígenas les han quitado poco a poco el recurso.

A principios del siglo pasado, un decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas determinó que el 50% por ciento de las aguas del río era para los yaquis y el otro 50 por ciento para los agricultores, pero los gobiernos locales construyeron presas, desviaron el agua y el caudal prácticamente desapareció.

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