Demanda millonaria: México solicita por lo menos $10,000 millones de dólares a los fabricantes de armas en Estados Unidos por impulsar la violencia

La NSSF y la NRA señalaron que estas acusaciones no tienen fundamento y que el gobierno mexicano es el responsable del crecimiento del crimen organizado y de la corrupción en las aduanas fronterizas

La demanda asegura que los fabricantes de armas estadounidenses facilitan el tráfico ilegal de armas a México.
La demanda asegura que los fabricantes de armas estadounidenses facilitan el tráfico ilegal de armas a México.
Foto: Ethan Miller / Getty Images

El gobierno de México presentó el miércoles una demanda contra once fabricantes y vendedores de armas de Estados Unidos por estar vinculados de manera directa a la violencia en México además de realizar prácticas que permiten el tráfico ilegal de armas que llegan a las manos del crimen organizado.

Se trata de un nuevo capítulo en la relación bilateral en el tema de seguridad que muestra que el tema es prioritario para el gobierno de México pero que tiene pocas posibilidades de prosperar en los tribunales.

La demanda fue presentada en un Tribunal Federal de Estados Unidos en Boston y tiene como objetivo “poner fin al daño masivo que los demandados causan al facilitar activamente el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros delincuentes en México”, dice la demanda.

Se trata de la primera vez que un gobierno demanda a los fabricantes de armas en Estados Unidos, sin embargo, los expertos en el tema señalan que cuenta con pocas probabilidades de ganar debido a que la ley federal en Estados Unidos otorga a los fabricantes de armas inmunidad contra las demandas que presenten las víctimas. Sin embargo, la acción legal podría brindar apoyo político a la discusión sobre las regulaciones de las armas en Estados Unidos.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo durante una rueda de prensa que después de dos años de trabajo, “México busca que las empresas compensen al gobierno mexicano por los daños causados por sus prácticas negligentes, el momento de esta demanda se determinará en el juicio”.

“Vamos a ganar el juicio y vamos a reducir drásticamente el comercio ilícito de armas hacia México ya que no puede quedar impune a quienes producen, promueven y fomentan este tráfico desde Estados Unidos”, dijo Ebrard.

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La demanda no especifica la compensación que está buscando el gobierno, sin embargo, de acuerdo al periódico The New York Times, los funcionarios de la cancillería mexicana estimaron que los posibles daños potenciales sumarían poco más de $10,000 millones de dólares.

La demanda ha sido criticada porque varias de las empresas demandadas también son proveedoras de armas legales del Ejército y de la policía mexicana. Entre ellas se encuentran Smith & Wesson, Colt y Glock.

Un informe de la Contraloría General de los Estados Unidos (GAO) publicado en febrero señala que el 70% de las armas de fuego que fueron recuperadas en México entre 2014 y 2018 son de origen estadounidense.

De acuerdo a la demanda, los homicidios en México disminuyeron durante el periodo de 1999 a 2004, pero después aumentaron de manera drástica a partir del 2004, “al mismo tiempo que las empresas fabricantes de armas aumentaron la producción, distribución y comercialización de sus armas de uso militar”, dice uno de sus argumentos.

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La respuesta de la NSSF

La respuesta de la Asociación Industrial del Comercio de Armas de Fuego, NSSF, por sus siglas en inglés, rechazó las acusaciones y argumentó que la demanda no tiene fundamento ya que México tiene la responsabilidad de los delitos cometidos con armas de fuego en su territorio y de la corrupción en las aduanas fronterizas.

“En lugar de buscar un chivo expiatorio para las empresas estadounidenses respetuosas de la ley, las autoridades mexicanas deben centrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia”, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y consejero general de la NSSF.

La respuesta añade que son los cárteles los que hacen un uso indebido de las armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público.

Tanto la NSSF y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) negaron que estas armas no pueden proceder de sus organizaciones y pidieron que el gobierno de México lleve a los cárteles ante la justicia.

La demanda del gobierno mexicano fue presentada un día después de que el canciller mexicano asistió a la ceremonia del segundo aniversario de la masacre de Walmart en el Paso, Texas, donde murieron 23 personas, entre ellas varias originarias de México.

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