Inquilinos de Los Ángeles celebran la ley que los protege del acoso de los caseros

La ordenanza no permite que los arrendadores tomen represalias contra ellos

Edna Monroy (centro) activista de SAJE celebra la aprobación de la ordenanza. (Jacqueline García/La Opinión)

Edna Monroy (centro) activista de SAJE celebra la aprobación de la ordenanza. (Jacqueline García/La Opinión) Crédito: (Jacqueline García/La Opinión) | Impremedia

Un grupo de inquilinos y defensores de la vivienda llegaron este viernes al Ayuntamiento de Los Ángeles a celebrar el primer día de vigencia de la ordenanza que no permite el acoso hacia los inquilinos de la ciudad.

Entre ellos estaba Dionisia Ciprés y su esposo Oguilvie Toscano quienes aseguraron haber enfrentado el acoso del encargado (o manager) del edificio donde viven.

La pareja dijo que desde hace tres años alquila un departamento de una recámara en el área de Koreatown. Sin embargo, llegó un momento en que estaban recibiendo constantes notificaciones para desalojar el lugar sin motivo alguno.

“Nunca nos dieron alguna razón, solo decían que querían el apartamento pero no decían por qué”, dijo Ciprés estimando que probablemente lo querían para rentarlo más caro de los $993 que ellos pagan.

Cuenta que un día, mientras estaba en la clínica conoció acerca de la organización Strategic Actions for a Just Economy (SAJE) y la lucha que hacen por los inquilinos así que fue a asesorarse con ellos. Así pudieron detener el desalojo de su apartamento aunque el acoso continuó.

Toscano dijo que en marzo último, uno de los empleados que arregla el edificio y otro inquilino lo golpearon cuando les pidió que se movieran para que él pudiera estacionarse. Y alegó que los hombres fueron incitados por el manager del edificio.

La pareja dijo que ahora con esta ordenanza se siente más aliviada porque ya conoce sus derechos.

“Ahora sé que si me siguen acosando puedo poner una queja y que esta ordenanza me está protegiendo. ”, dijo Ciprés. “Es un gran alivio”.

La ordenanza, que fue firmada como ley por el alcalde Eric Garcetti, fue aprobada por el Concilio 13-0 votos a fines de junio.

En ella se especifica que los caseros no pueden acosar a sus inquilinos a través del retiro de servicios, como agua o luz o quitarle el estacionamiento. Los dueños tampoco pueden rehusarse a aceptar el pago del alquiler, dejar de hacer reparaciones necesarias en los apartamentos, hacer amenazas con daño físico al arrendatario, preguntar sobre el estado migratorio o tomar alguna otra represalia contra ellos.

La ordenanza indica que en caso de que ocurra algún tipo de acoso y el inquilino termine por ganar el caso en corte, éste podría recibir una indemnización por daños, reembolsos de alquiler por reducción de servicios de vivienda y una compensación por el pago a sus abogados.

Un casero o dueño de propiedad también podría recibir una multa de hasta $5,000 si el inquilino es mayor de 65 años o es discapacitado.

Dionisia Ciprés y su esposo Oguilvie Toscano han enfrentado acoso. (Jacqueline García/La Opinión)

Falta más ayuda

Aunque los inquilinos y defensores de la vivienda consideran la ordenanza como una gran victoria en la lucha por una protección para los inquilinos, también instaron al Ayuntamiento a hacer arreglos que incluyan hacerla retroactiva; es decir que no solo sea válida desde este 6 de agosto sino por lo menos desde que marzo de 2020.

Argumentan que los propietarios deben hacerse responsables por todo el abuso ocurrido durante la pandemia.

La Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) ha documentado hasta ahora 356 casos de acoso de propietarios a inquilinos reportados en los últimos cuatro meses.

La concejal Nithya Raman, quien ayudó a impulsar varias enmiendas a favor de los arrendatarios en el borrador final de la ordenanza, dijo que el acoso a los inquilinos ha sido generalizado en Los Ángeles por mucho tiempo.

“Estoy muy orgullosa de que esta ordenanza alivie algunas de las intensas presiones a las que están sometidos tantos inquilinos de Los Ángeles”, expresó Raman en un comunicado.

Edna Monroy, organizadora comunitaria de SAJE, dijo que ellos han recibido testimonios de inquilinos que experimentaron situaciones hostiles como recibir notificaciones de desalojo sin motivos, cierre del servicio de agua y abuso emocional.

“Ahora tenemos una herramienta para que los inquilinos se defiendan en la corte”, indicó . “Pero queremos que esta ley sea más fuerte y por eso pedimos que se agreguen las enmiendas que no pasaron”.

Estas incluyen que Los Ángeles notifique a los propietarios que la ley ha sido aprobada y que sea retroactiva para incluir incidentes de acoso ocurridos antes de agosto del 2021.

Además, piden que los inquilinos que prevalezcan en la corte “deban” en lugar de “puedan” recibir honorarios de abogados, daños compensatorios y otras reparaciones.

“Tenemos esperanzas porque esta es una gran victoria, una muy necesaria. Y continuaremos haciéndola realidad”, dijo Monroy.

“Queremos asegurarnos de que todos los inquilinos conozcan esta protección… Tal vez estén sufriendo acoso y esa es una de nuestras prioridades para asegurarnos de que todos sepan”.

Plan de protección

El concejal del Distrito 14, Kevin de León, celebró la ordenanza anti-acoso y ayer también presentó una moción con el fin de acelerar el cronograma para que los propietarios reciban el alquiler atrasado por inquilinos que no pudieron pagar la renta debido a la pandemia del covid-19.

Agregó que el programa de ayuda para el alquiler recibió más de 113,000 solicitudes y que la ciudad tiene alrededor de $235 millones para distribuir. Sin embargo, la ciudad solo ha pagado alrededor de $35 millones, dijo.

“El problema al que nos enfrentamos no es de financiación… Es la falta de urgencia, creatividad y compromiso para estar a la altura del desafío de es esta crisis sin precedentes”, agregó.

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