Hay que evitar que las empresas de utilidades corten el suministro a los deudores

El calor, en estos días agobia. Los incendios contaminan el aire dispersando humo tóxico. Y la ayuda que puede suministrar el aire acondicionado, el agua fresca, hasta un ventilador, hasta un techo encima de nosotros, nos parece sobreentendida. Imprescindible, infaltable en California.

Todo es posible, hasta que recibimos la cuenta de luz. Una considerable parte de los californianos ya no pueden pagarla.

La crisis económica causada y exacerbada por la innecesariamente prolongada pandemia está terminando de agotar los ahorros y magros ingresos de centenares de miles de familias.

En esta situación, la deuda que los usuarios deben a las empresas de generación y de suministro de energía está creciendo amenazadoramente.

Según estimados, los consumidores deben más de 2,000 millones de dólares, 300 millones de ellos del Departamento de Agua y Energía (Department of Water and Power).

Se impone entonces un acto del gobierno para aliviar la situación y para impedir que la crisis se transforme en lamentable desastre social.

Y si bien la Legislatura californiana ha contemplado reservar una ayuda de 1,000 millones de dólares para ayudar a los consumidores así endeudados, la suma está lejos de alcanzar.

¿Qué se puede hacer?

Mucho. Greenlining Institute de común acuerdo con The RePower Coalition han elaborado y están difundiendo un documento que demanda que los gobiernos adopten una serie de medidas específicas para mejorar la situación.

De importancia en la lista está la suspensión de las desconexiones hasta fin de año. Eso, dice el documento, asegurará “que los californianos no pierdan el acceso a servicios vitales durante la recuperación económica en curso”.

Otro elemento en la serie de medidas urgentes que ambas instituciones proponen es que las empresas de servicios públicos acrediten de manera directa a los consumidores, y que renuncien a la prolongada verificación de información que generalmente requiere una solicitud crediticia, y que acepten de los usuarios el mecanismo de auto-atestación, es decir, reconocimiento propio.

Más allá de ello, las recomendaciones demandan que las empresas de servicios públicos beneficien primero, a los clientes con los mayores atrasos, a los que viven en barrios de bajos ingresos, y a quienes están en riesgo de una desconexión inmediata de su suministro eléctrico.

Muchos miembros de la comunidad latina pertenecen no a un solo grupo de los tres, sino a todos ellos.

Al insistir que los fondos así asignados sean “proporcionales a la deuda de los clientes”, el documento pide no incluir cargos por pagos atrasados. “Apoyamos firmemente que no haya gravámenes, cargos por pagos atrasados ni informes de clientes a las agencias de crédito”, dicen.

Y una vez que la situación mejore y después de fin de año los clientes reanuden los pagos, deben ofrecer planes de pago flexibles y tomar medidas que prevengan que la deuda a los servicios de energía no siga subiendo.

Greenlining Institute y The RePower Coalition urgen al gobierno a que no solo garantice que todos los californianos, especialmente los más vulnerables, reciban las protecciones necesarias para superar este período de crisis, sino que también establezcan soluciones a largo plazo para garantizar que las familias tengan estabilidad en el futuro.

 ¿A quién beneficiarán estas medidas?

Anteriormente, a fines de mayo, el gobernador de California Gavin Newsom había apoyado prolongar la moratoria y anunciado el fondo de $2,000 millones para alivio directo de los deudores, una medida aplaudida por Greenlining y RePower pocos días después.

Esta ayuda del ejecutivo californiano es parte del gigantesco presupuesto de 100,000 millones de dólares (100 billions en inglés) establecido por Newsom, que beneficia también de manera directa a inquilinos y cesantes.

Estas propuestas son de sentido común y tienen como objetivo limitar la capacidad de las grandes corporaciones de utilidades de mantener a toda costa su balance en momentos en que una parte importante de la población sufre bajo condiciones sin precedentes.

Merecen el apoyo de los gobiernos, los medios y la ciudadanía