Fiscal de Texas demanda al gobierno de Biden para restablecer el programa migratorio “Quédate en México”

La demanda acusa a la administración de Biden de ignorar las sentencias de la Corte Suprema y los tribunales inferiores sobre reinstaurar "Quédate en México"

Inmigrantes llegan a EE.UU. a procesar solicitudes de asilo.

Inmigrantes llegan a EE.UU. a procesar solicitudes de asilo. Crédito: Jesús Rosales | EFE

El fiscal general de Texas Ken Paxton presentó una demanda en un esfuerzo por obligar al gobierno de Biden a restablecer la política de “Permanecer en México” del expresidente Trump después de que la Corte Suprema se negara a bloquear un fallo de un tribunal inferior de que la política debe restablecerse.

“A nosotros nos parece que simplemente se están estancando”, dijo Paxton a Fox News cuando le preguntaron sobre lo que ha hecho la administración de Biden para restablecer esa política. “No sabemos con certeza todos los hechos, por eso queremos que se descubran. Pero parece que están usando la excusa de que no han llegado a un acuerdo con México”.

Con el programa “Quédate en México”, instaurado por el gobierno de Donald Trump, unos 70,000 migrantes fueron obligados a esperar en el país vecino a que se tramiten sus pedidos de asilo.

Esta moción llega después de que el pasado 24 de agosto el Tribunal Supremo rechazó un pedido del gobierno federal para suspender la aplicación de la orden de un juez en Texas, que restableció el programa de inmigración que la Administración de Trump instauró en enero de 2019.

En su fallo, el juez de Texas le daba 14 días al gobierno de Biden para volver a aplicar el programa, llamado oficialmente “Programa de Protección de Migrantes” (MPP), pero desde entonces no hay confirmación oficial de que se haya hecho.

Dado que, según Paxton, el gobierno demócrata ignoró “descaradamente” la orden judicial, este jueves presentó la moción, indicó la Fiscalía estatal de Texas en un comunicado.

“La negativa de la Administración Biden a seguir la ley ha creado un caos en nuestra frontera. Nuestros oficiales están trabajando sin cesar para tratar de manejar la crisis que agobia a nuestro estado”, dijo Paxton en un comunicado.

Y en un mensaje en Twitter, el fiscal criticó que el gobierno de Biden, que necesita el acuerdo de México para poder devolver a ese país a los solicitantes de asilo, siga “ignorando la ley”, incluso cuando un tribunal federal le dice “exactamente qué hacer”.

Y recordó que la Fiscalía que él representa ya ganó a la Administración de Biden en los tribunales en su intento de que se restablezca el MPP.

“Ahora estoy de vuelta en la corte exigiendo que cumpla”, indicó Paxton.

Los republicanos atacan duramente al Gobierno federal en los últimos meses por el elevado número de migrantes que son interceptados por agentes fronterizos en la linde con México, donde en los últimos meses se han registrado cifras récord en al menos 20 años.

Esta situación se ha recrudecido en la última semana a raíz de que miles de migrantes, en su mayoría haitianos, están hacinados bajo un puente internacional que conecta a EE.UU. con México en Texas a la espera de que los agentes migratorios anoten su pedido de asilo.

El programa “Quédate en México” ha sido objeto de numerosas demandas por parte de detractores y partidarios del MPP desde que el Gobierno de Trump lo puso en marcha en enero de 2019 para dificultar el proceso de asilo, al obligar a permanecer en el país latinoamericano a los solicitantes mientras se resuelve su caso en territorio estadounidense.

Biden suspendió en su primer día en la Casa Blanca las inscripciones en MPP y en febrero el gobierno empezó a permitir la entrada a Estados Unidos de migrantes con casos activos bajo el MPP.

Y en junio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso fin definitivamente al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.

El pasado 13 de agosto, el juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump para su cargo en una corte de Texas, dio la razón a los fiscales generales de Texas y Missouri, que habían demandado a la actual Administración en abril por su decisión de acabar con el programa, y días después el Supremo rechazó un pedido del Gobierno de suspender su aplicación. 

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