Por qué aumenta a $1.85 billones la ley de gasto social con la protección a inmigrantes indocumentados
Aunque el proyecto económico de gasto social se ha manejado como de $1.75 billones de dólares, la integración de una protección migratoria para indocumentados aumentaría el plan a $.1.85 billones de dólares, debido a la forma en que fue contemplado en el llamado "marco de trabajo" de la Casa Blanca
Activistas presiona a los demócratas para que aprueben una reforma migratoria. Crédito: Impremedia
El 28 de octubre, la Casa Blanca dio a conocer los lineamientos para que el Congreso redactara el proyecto de ley Build Back Better (BBB – Reconstruir Mejor) proyectado a $1.75 billones de dólares, pero ese monto aumentará si se aprueba la protección a inmigrantes indocumentados.
La razón de que el plan aumente a $1.85 billones de dólares es porque, aunque el Gobierno del presidente Joe Biden integró un plan migratorio, el monto correspondiente de $100,000 millones de dólares se integró por separado en la lista de cada uno de los rubros.
La lista de inversión por cada programa se expuso:
>> Cuidado para niños y preescolar – $400 millones
>> Cuidado en el hogar – $150 millones
>> Créditos fiscales por Hijo y por Ingreso – $200 millones
>> Inversión para Energía Limpia e Inversiones en Cambio climático – $555 millones
>> Seguro médico ACA, incluyendo estados no cubiertos – $130 millones
>> Seguro médico para el oído – $35 millones
>> Vivienda – $150 millones
>> Educación Superior y Fuerza Laboral – $40 millones
>> Equidad y otras inversiones – $90 millones
>> Total – $1.75 billones de dólares
>> Inmigración – $100 billones
El ‘framework’ no lo integra, pero la suma final fue de $1.85 billones del proyecto integral.
Cuando fue cuestionada sobre que los fondos migratorios pudieran no ser contemplados, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), aseguró que estaban “dentro”, pero es posible que esta reforma se convierta en otro dolor de cabeza para los legisladores una vez que la Oficina de Presupues del Congreso (CBO) de a conocer el impacto fiscal.
Actualmente, la Cámara revisará la propuesta del llamado plan C, el cual otorgaría una protección a la deportación o ‘parole’ a los inmigrantes, además de darles Autorización de Empleo por 10 años o al 2031, lo que ocurra primero.
Aunque los representantes aprueben esa protección, el problema vendrá en el Senado, donde la parlamentaria Elizabeth MacDonough deberá decidir si ese plan cumpla con las reglas del proceso de Reconciliación, es decir evalúa el impacto fiscal del proyecto.
