Todos los poderes que López Obrador ha dado al Ejército

MEXICO.-  Pocas veces se ha visto sonreír al presidente Andrés Manuel López Obrador más que el pasado 19 de febrero Día del Ejército. En un acto masivo en el Zócalo de la capital mexicana, levantó las manos por todo lo alto en señal de triunfo sobre una tarima ubicada frente al Palacio Nacional. A un costado de él, su esposa Beatriz Gutiérrez; al otro, el general Luis Crescencio Sandoval.

Cientos de militares aplaudían a su alrededor, el sol brillaba y la bandera ondeaba sostenida por el asta. Caminó con la cabeza en alto y se sentó para ver un espectáculo folclórico. Detrás de él, la decoración era una gigantesca pantalla con la fotografía de unos soldados caminando con armas largas atravesadas hasta los costados y, a su paso, hombres, mujeres, niños y viejitos aplaudían.

En el escenario real, empezó una fiesta de danzas que encabezó una mujer vestida con el traje típico de Tuxtepec y una piña en el hombro que pronto dejó en el piso para mirar a su acompañante en el juego de la música: una mujer militar vestida con el uniforme y las botas taconeando frente a los huaraches de su pareja de baile. 

Poco después del jolgorio del Zócalo, pronunció uno de los discursos más simbólicos para dar el respaldo total y absoluto a las Fuerzas Armadas después de tres años de haberlas hecho sus aliados principales de gobierno como ningún otro y dejar atrás su retórica de “regresar a los militares a los cuarteles”.

Explicó muy a su estilo el porqué durante su gobierno no regresó a las Fuerzas Armadas a los cuarteles ni mucho menos sino que incrementó su presupuesto al 80% y le dio, como nunca, más poder:

El control total de la seguridad, la administración de bancos, injerencia en temas de salud, educación, obras públicas y política social; de la edificación del nuevo aeropuerto ubicado en Santa Lucía, Estado de México, a la obra del Tren Maya, dos de sus proyectos colosales; la distribución de gasolina, libros de texto, fertilizantes y medicamentos.

“Hablamos de que el Ejército Mexicano es un ejército surgido del pueblo y de un movimiento revolucionario y, por lo mismo, un Ejército leal a las instituciones democráticas. No sólo en el origen, en la evolución del Ejército siempre se ha caracterizado por el respeto a la autoridad civil”, explicó y fue más lejos, al detalle central al que ninguno de sus predecesores había descrito con precisión.

“Nunca este Ejército ha dado un golpe de Estado, no ha habido rebeliones, la última se suscitó 1939, encabezada por el general Cedillo. Pero desde entonces, hasta la fecha, nunca una rebelión”.

La estela de muerte y dolor que acompañaron los golpes de Estado en Centro y Sudamérica han sido durante décadas un temor latente para los múltiples gobiernos mexicanos renovados cada sexenio.

Analistas de seguridad coinciden en que los gobernantes en turno han frenado esta amenaza dando a las Fuerzas Armadas mexicanas poder económico a cambio de discreción política y protagónica; sin embargo la preocupación actual es por el mayor número de tareas que López Obrador les ha dado sin esperanza de que esas labores vuelvan a la sociedad civil.

“Estamos haciendo uso de las fuerzas militares como si fueran el último recurso y como si fueran incorruptibles y eso es falso. Los militares también se corrompen y evidentemente no estamos construyendo los mecanismos civiles que nos permitan seguir avanzando en materia de seguridad para proteger a los ciudadanos y, mientras tanto, hay más soldados”, dijo el investigador Luis Daniel Velazquez de la UNAM.

De acuerdo con cifras oficiales, actualmente hay alrededor de 80,000 realizando tareas de vigilancia. En tiempos de Felipe Calderón (2006-2012), el primer mandatario en militarizar las calles, el número máximo fue de 52,000.

De forma paralela al despliegue del Ejército convencional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha fortalecido su intervención en labores de seguridad pública a través de la Guardia Nacional con AMLO: el 76% de los 102 mil 944 efectivos enlistados en esta fuerza son elementos de las Fuerzas Armadas.

Del odio al amor

Cuenta el presidente mexicano que cuando se vio sentado frente al poderoso escritorio de las decisiones al inicio de su administración, se encontró con el reto de elegir a su secretario de Defensa Nacional. Hojeó y hojeó los currículums de 30 generales y así se encontró con la sorpresa de que la mayoría de ellos eran hijos de campesinos, obreros, comerciantes, militares, mecánicos…

Entonces pensó, caray, “los generales integran a un Ejército popular, los altos mandos del Ejército Mexicano no pertenecen a la oligarquía, no están involucrados en negocios que se hacen al amparo del poder público”.

Por eso le costó trabajo seleccionar a uno de ellos, reveló en Coahuila durante el discurso posterior al baile del Zócalo en febrero pasado. ¿Por qué escogió al general Luis Cresencio Sandoval González? Ahí mismo lo reveló: “porque en su expediente no encontró mancha alguna”, o sea, que era “incorruptible”. 

Con “El Incorruptible” al mando, AMLO inició el combate al robo de combustible —conocido como huachicoleo—. En ese tiempo se robaban al año alrededor de 800 pipas de combustible al día  a través de tomas clandestinas a las que no le metía mano quien no quería,según denunció el presidente que redujo el crimen a 80 pipas al día. 

“Sin ustedes no hubiera podido”, ha dicho a los militares a los que poco a poco soltó más y más. Un análisis denominado “Inventario Nacional de lo Militarizado” realizado por expertos del CIDE y la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) evidencia que actualmente hay 26 instituciones federales que han delegado funciones y presupuestos a las Fuerzas Armadas a través de múltiples convenios.

Además, tras la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el próximo año el Ejército tendrá control sobre 166,900 millones de pesos (casi 8,000 millones de dólares), lo que representa un aumento de 80% con respecto a lo pagado en el 2018.

Obras, administración y beneficencias

Antes de que salieran a combatir frontalmente al crimen organizado y encabezaran las listas de quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los militares mexicanos tenían otra fama. Eran principalmente los que se alzaban gloriosos frente a desastres naturales y otras adversidades. Los que alzaban en hombros a sobrevivientes de terromotos, inundaciones, y fuegos niños, viejitos, mujeres, perritos, gatos…

Estas actividades le dieron a la institución un prestigio muy alto en México al punto de que, a pesar de las violaciones a los derechos humanos, la población sigue viendo a la institución como a un aliado incluso en muchas regiones donde el crimen organizado ha tomado el control porque la presencia de los militares, aunque sea meramente de vigilancia, significa un bálsamo.

“Por lo menos los criminales no se andan paseando a sus anchas con los cuernos de chivo por las calles”, comentó Enedina Zagal, una vendedora del municipio de Taxco de Alarcón, en entrevista telefónica.

El investigador y ex colaborador de la ONU para temas de seguridad, Edgardo Buscaglia, deduce que el objetivo de los militares en la administración de AMLO es mejorar su imagen con las nuevas y variadas tareas y así exigir un presupuesto más grande como una “compensación” por su desgaste social en las tareas de seguridad.

“El problema es que, como no hay ninguna otra institución funcional en México, se tiene que ocupar de la seguridad. Y como forma de compensar eso que no quiere hacer, el presidente le da proyectos aquí y allá”, dijo el analista a la prensa local.

A la par hacen tareas de lo más variadas. En la construcción empezaron por hacerse cargo del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México, tras la cancelación del proyecto de Texcoco ante diversas denuncias de corrupción por parte de la administración de Enrique Peña Nieto. 

Después se informó que las Fuerzas Armadas también se harían cargo de la administración y operación (hasta el año 2071, según quedó legalizado) y se quedarán con las ganancias. Situación similar ocurre con el Tren Maya que conectará puntos clave del sureste, desde la selva Lacandona (en Chiapas) hasta el Caribe: será patrimonio del Ejército. 

La construcción que se ha topado con la oposición de un centenar de comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas estará  bajo la operación y logística de la Secretaría de la Defensa.

El objetivo es blindar este proyecto a una posible privatización en años posteriores, explicó recientemente el encargado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez, la entidad que coordina la construcción del proyecto:  “Tenemos una visión nacionalista de largo plazo patrimonial, que esto sea un negocio, pero del Estado”.

Para garantizar este plan AMLO emitió un decreto para que sean consideradas como “seguridad nacional” todas las obras y proyectos del gobierno  relacionadas a los sectores de comunicación, aduanero, fronterizo hidráhuico, energético, puertos y aeropuertos y aquellos que se consideren prioritarios y por ello ha sido blanco de críticas.

Básicamente porque esta categorización permite la discreción del gasto del dinero que ingrese y el que salga y mucho de éste estará en manos de los militares. “Entregó instituciones al Ejército porque supuestamente ahí se cometían actos de corrupción y ahora está dando a los militares la posibilidad de gastar sin que nadie pueda exigir cuentas”, advirtió la politóloga Denisee Dresser 

AMLO ha visto en el Ejército una opción para que realice el trabajo en áreas donde detectó corrupción. Otro ejemplo es el Banco de Bienestar, responsable de dispersar mensualmente alrededor de 10,000 millones de pesos (unos 500 millones de dólares) en programas sociales. Después de miles de denuncias por corrupción y enriquecimiento ilícito, la institución pasó al mando administrativo del Ejército igual que las aduanas fronterizas del país. 

En otros casos, tras acusar a empresas distribuidoras de medicamentos del gobierno de robo, desvío de recursos, fraudes o actos truculentos, López Obrador anunció que serán los militares quienes en adelante repartirán medicamentos y material de curación para la salud publica, a través de un Comando Nacional de Insumos para la Salud como se hizo con las vacunas contra el COVID.

Grupos de militares se hicieron cargo previamente también de repartir gasolina, libros de texto y hasta fertilizantes. Y en eso siguen.

¿Y la seguridad?

En los últimos meses, el gobierno federal ha movilizado a más 80 mil elementos del Ejército para realizar labores en apoyo a la seguridad pública y combate a la delincuencia. Esta cifra duplica lo registrado en sexenios anteriores con polémicos resultados. 

El presidente dice que, a pesar del incremento de la Fuerzas Armadas en las calles, la pacificación del país se realiza “sin violación a los derechos humanos, sin masacres ni torturas”, pero desde el 1 de diciembre y hasta abril del 2021 se presentaron 1,742 quejas contra miembros de Fuerzas Armadas, según datos de transparencia divulgados en medios. 

Además, la reforma constitucional publicada en marzo del 2019 en materia de Guardia Nacional estableció que mientras se consolidaba la creación y formación de esta fuerza civil el gobierno federal podría disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública de forma “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Un año después, el presidente ordenó de forma general la movilización de los militares en el país para intervenir en tareas de seguridad y se dio facultad al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, para coordinar los despliegues. A la fecha, más del 75% de la Guardia Nacional son militares. Tres gobiernos municipales y la Cámara de Diputados interpusieron cuatro controversias constitucionales ante la Corte en contra de este acuerdo, en los que solicitaron que sus efectos sean anulados. Hasta ahora sigue pendiente que el máximo tribunal del país se manifieste.

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