Corte Suprema avanza sobre detención de indocumentados por ICE que podría beneficiar a miles de inmigrantes
El Máximo Tribunal de Estados Unidos escucha los argumentos sobre la detención de inmigrantes indocumentados por parte de ICE; en caso de una decisión positiva los no ciudadanos tendrían derecho a una audiencia de fianza después de seis meses bajo arresto
Los jueces de la Corte Suprema escucharon los argumentos a favor y en contra sobre el derecho a fianza de inmigrantes indocumentados detenidos por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de seis meses bajo custodia.
El Máximo Tribunal atendieron los casos relacionados, Johnson v. Arteaga-Martínez y Garland v. Alemán González, los cuales plantean que los indocumentados que están bajo órdenes de deportación pueden impugnar su detención prolongada, a fin de que un juez migratorio decida si pueden o no salir pagando una fianza.
Una de las demandas colectivas es defendida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) alega que el caso no es para detener la deportación de una persona, sino que pueda seguir su proceso bajo supervisión del Gobierno federal.
En una de los casos, el de Arturo Martínez, se indica que fue secuestrado por policías después de ser deportado a México, torturado y retenido para pedir rescate.
En otro, el de Eduardo Gutiérrez, indica que fue torturado por pandilleros por su orientación sexual.
Los jueces cuestionaron al Departamento de Justicia sobre las reglas que permiten mantener detenida indefinidamente a una persona, sin derecho a fianza.
En caso de que haya una decisión positiva, miles de inmigrantes podrían ser beneficiados, ya que algunos llevan años bajo custodia.
En agosto del 2021, el Máximo Tribunal de los Estados Unidos acordó revisar la decisión de la corte de apelaciones, luego de que hubiera un fallo a favor de la demanda colectiva por residentes de California, a quienes les negaron las audiencias de fianza, a pesar de llevar varios meses detenidos.
La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en 2018, la cual impugna la decisión de ICE de detención prologanda.
La primera batalla fue ganada en junio de 2018, pero bajo el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Justicia (DOJ) llevó el caso a la Corte Suprema.
Las organizaciones civiles confían en que el caso sea un nuevo triunfo para los inmigrantes, aunque no ocurriría este martes, sino que se presentarían los argumentos para que los jueces decidan.
Dadas las nuevas políticas del Gobierno del presidente Joe Biden, defensores de inmigrantes consideran que el DOJ debería desistir en su batalla legal contra este caso.
“La Administración Biden no debería estar peleando las batallas judiciales de Trump. El fallo del Noveno Circuito que permitió una audiencia de fianza después de seis meses de detención fue un paso en la dirección del trato humano hacia los inmigrantes”, consideró Cynthia García, gerente nacional de Campañas para la Protección Comunitaria de Unidos Soñamos (United We Dream). “La administración Trump apeló esa decisión, ahora el Departamento de Justicia de Biden debería retirar esa apelación”.
García agrega que la Administración Biden ya ha mantenido otros programas del expresidente Trump, como el programa Permanecer en México y el Título 42.
Agregó que actualmente, los inmigrantes corren un mayor riesgo de contraer COVID-19, debido a la negligencia médica generalizada en los centros de detención de ICE.
Un reciente reporte de la organización Al Otro Lado indicó que al menos 1,200 inmigrantes bajo detención fueron contagiados de coronavirus.