Autoridades de Los Ángeles buscando mejores oportunidades para los jóvenes encarcelados

Moción aprobada por la Junta de Supervisores busca dar rehabilitación y no solo castigos

Kent Mendoza ahora trabaja para la Coalición Contra la Reincidencia (ARC).

Kent Mendoza ahora trabaja para la Coalición Contra la Reincidencia (ARC).  Crédito: Kent Mendoza | Cortesía

Entidades en pro de la rehabilitación de jóvenes sentenciados celebraron el martes que la junta de supervisores del condado de Los Ángeles votó a favor de alejar a delincuentes juveniles de instalaciones como Barry J. Nidorf Juvenile Hall, consideradas dañinas; ahora se explorarán instalaciones permanentes que apoyen su rehabilitación.

Estas instalaciones incluyen los campamentos Camp Kilpatrick y Camp Scott para Niños y Dorothy Kirby Center para Niñas los cuales son considerados Centros Seguros de Tratamiento para Jóvenes que facilitarían el cambio del condado de un modelo punitivo a uno restaurativo.

Los jóvenes afectados incluyen a quienes están en las prisiones juveniles de California, las cuales son administradas por el Departamento de Justicia Juvenil (DJJ) del estado y tienen pautado cerrar permanentemente el 30 de junio del 2023 tras acusaciones de extrema violencia.

Urgen cambios positivos

Kent Mendoza, de 28 años, dijo que presentar oportunidades y educación es lo más justo por hacer en lugar de solo pensar en seguridad y confinamiento.

“Ningún joven te va a venir a decir, ‘oh, estando encerrado pensé que quiero ser doctor o quiero ser abogado’ porque no tienen motivación para llegar a serlo”, dijo Mendoza.

Él conoce de primera mano la destrucción que estos lugares causan a jóvenes cuyos cerebros no han terminado de desarrollarse. Él estuvo entrando y saliendo de las correccionales para menores de 15 a 20 años y aseguró que esos lugares solo dejaron trauma en su vida.

Mendoza, quien ahora trabaja para la Coalición Contra la Reincidencia (ARC), dijo que tenía 6 años cuando emigró con su familia a Los Ángeles. Creció en un hogar en el área de Pico Union donde no había una figura paterna y los pandilleros se convirtieron en sus mejores aliados.

A los 14 años el inmigrante mexicano ya era parte de una pandilla. A los 15 años fue encarcelado por primera vez en la prisión juvenil y sentenciado a 18 meses por una ofensa de robo.

Su educación, contó, era indignante. Solo les ponían a copiar literalmente la información de un libro hacia sus libretas.

“¿Cómo puede avanzar un joven que está en esa situación?”, cuestionó.

Así que una vez que fue liberado y tras no haber aprendido absolutamente nada bueno o ejemplar en la correccional, solo duró un mes antes de ser encarcelado nuevamente.

Esta vez el trauma fue mayor, aseguró, ya que se encontraba encerrado en una parte del reformatorio Barry J. Nidorf, donde están los menores de edad que son sentenciados como adultos y están en espera de ser removidos.

En ese lugar las celdas no tenían baño así que cuando querían usarlo tenían que gritar al guardia y esperar hasta que ellos quisieran venir a abrir la puerta.

“Pero qué pasa cuando no te puedes aguantar, tienes que hacer del baño en una toalla o en un cartón ahí mismo en tu celda y eso no es correcto”, dijo Mendoza.

Adicionalmente, su periodo de diversión era ver una película diario y nada más. En esta área conocida como el “compound” ya no había ni siquiera acceso a la educación mediocre que dijo recibían los menores de edad.  

Cuando salió de la cárcel, a los 20 años, no tenía hogar, no tenía educación y fue la ARC quien le tendió la mano para salir adelante.

Kent Mendoza estuvo en cárceles juveniles de los 15 a los 20 años. (Suministrada) Crédito: Kent Mendoza | Cortesía

El apoyo

En mayo del 2020, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que la División de Justicia Juvenil (DJJ) del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California se cerraría.

Esto debido a problemas de mucho tiempo asociados con el sistema penitenciario juvenil estatal y la Esto debido a problemas de mucho tiempo asociados con el sistema penitenciario juvenil estatal; además de la necesidad de mejorar la rehabilitación de los jóvenes y redefinir la seguridad pública, brindando un tratamiento apropiado para su edad y manteniéndolos  más cerca de sus comunidades y familias.

Un reciente reporte de la Comisión de Supervisión de Libertad Condicional, demostró que las cárceles juveniles están en condiciones deplorables y el trato a los jóvenes no es apropiado.

Wendelyn Julien, directora ejecutiva de la Comisión de Supervisión de Libertad Condicional, dijo que hace una semana votaron para apoyar la moción escrita por la supervisora Holly Mitchell y co-escrita por la supervisora Sheila Kuehl.

“La decisión de apoyar esta moción no se tomó a la ligera; de hecho, este tema ha estado en la agenda de reuniones ordinarias de la Comisión cuatro veces durante el año pasado, organizamos dos asambleas públicas y participamos en otras dos asambleas sobre el tema”, explicó Julien.

La supervisora Hilda Solís explicó que apoyó la moción porque los jóvenes han estado en el limbo por mucho tiempo. Indicó que hay jóvenes interesados en oportunidades como educación y capacitación vocacional pero no la reciben.

“Esto es irresponsable e injusto para nuestra juventud”, dijo la supervisora Solís en un comunicado. “La programación no debería esperar hasta que aquellos que están en el limbo en las instalaciones Barry J. Nidorf tengan una ubicación permanente a donde ir, sino que debe ocurrir ahora”.

La supervisora Sheila Kuehl concordó con Solís, añadiendo que también hay centros de detención juvenil y locaciones permanentes para los jóvenes en la misma condición.

“Berry J. es un centro de detención juvenil. No es una locación permanente. Nunca fue pensado como algo permanente, no está designado como tal y en realidad puede no serlo legalmente”, aseguró. “Estos pasillos tienen una sala de audiencias en ellos. No al lado porque están destinados a ser lugares donde los jóvenes obtengan su disposición de la corte”.

La moción aprobada ordena a varios departamentos relevantes del Condado, incluyendo el Departamento de Libertad Condicional junto con los Tribunales y los socios sindicales que estudien la viabilidad del cierre del Centro Juvenil Central y preparen un informe dentro de los 120 días que incluya plazos, costos y otra información relevante para su cierre y la demolición.

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