Defensores solicitan protección para integridad de migrantes que intentan llegar a EE.UU.

Comisionados de Derechos Humanos de Iberoamérica solicitaron “medidas urgentes” para proteger la integridad y los derechos humanos de los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

En la inauguración del Encuentro Iberoamericano, Ismael Rins, defensor del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto (Argentina), destacó la importancia de que los Estados “tomen medidas urgentes de contención y de reparación de víctimas” frente al fenómeno migratorio.

Rins dijo a la agencia de información EFE que el Triángulo Norte de Centroamérica, que integran El Salvador, Guatemala, Honduras, y el sur de México, requieren “medidas de contención, como la inversión”, para prevenir la migración irregular.

“Hemos venido pregonando la necesidad de intervención en este tipo de procesos para que (no) se repliquen modelos de mal desarrollo en estos sectores tan vulnerables, donde no sólo no se va lograr la contención, sino que además se va seguir debilitando a la población“, subrayó.

“La muerte de 53 migrantes tras permanecer varias horas encerrados en un camión en San Antonio, Texas, es un presagio de lo que viene. La migración debe abordarse con una perspectiva de derechos humanos”, señaló Rins, quien abogó por políticas públicas activas y el cumplimiento de mandatos constitucionales.

El defensor destacó la importancia de vincular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al fenómeno de la migración, para encontrar el camino para poner la migración en un marco que permita progresividad, inclusión, desarrollo.

“Esto no se va a lograr generando esquemas de seguridad”, afirmó Rins, quien precisó que la defensa de los pueblos tienen una voz fuerte que puede dialogar con los Gobiernos sobre acciones frente a la migración irregular.

“Los Estados están obligados a crear políticas estatales que atiendan las causas estructurales que generan la migración”, compartió a la misma agencia, la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre.

“Sabemos que la falta de oportunidades, la no garantía de derechos humanos, la situaciones económicas, sociales y culturales de los derechos civiles y políticos y, en el caso de Honduras, tenemos la extorsión y el crimen organizado, son causas de la migración irregular” añadió.

Izaguirre, quien también es vicepresidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), lamentó que las personas se vean en la necesidad de migrar, incluso buscando rutas peligrosas, prestándose a ser víctimas de trata, explotación sexual, y en caso peores la muerte.

Señaló que “las organizaciones, redes y alianzas de derechos humanos activan protocolos para atender de manera integral e interinstitucional a los migrantes en los países de origen, tránsito y destino.

“Los Estados tenemos la obligación de atender con condiciones de calidad y calidez la situación de los migrantes, con un enfoque de derechos humanos diferenciado. No seguir criminalizando ni estigmatizando la migración, ya que es un derecho que tenemos todos los seres humanos y hacerlo en las mejores condiciones es una obligación que tienen los Estados”, puntualizó.

Los Estados también tienen que garantizar “la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales” de sus habitantes para evitar que migren de manera irregular, indicó el ombudsman salvadoreño, José Apolonio Tobar.

“Está demostrado que las personas deciden migrar de manera irregular arriesgando sus vidas por la falta de seguridad y de oportunidades en educación y laborales, y eso repercute en que no se tenga la capacidad de alimentarse y vestirse adecuadamente”, subrayó Tobar.

Los Estados de la región están incumpliendo los derechos económicos, sociales y culturales a sus pueblos, razón por la que deciden arriesgar sus vidas, para tener un mejor estilo de vida.

Tobar insistió en que los Gobiernos deben promover la eliminación de todas las barreras burocráticas que dificultan la prestación de servicios y la satisfacción plena de los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población.

“La responsabilidad compartida para respetar y reforzar la protección de los derechos humanos de los migrantes en los países de origen, tránsito y destino“, explicó.

Además, hizo un llamado a los Estados a tratar de manera humana a los migrantes en tránsito, para evitar tragedias como la ocurrida el lunes 27 de junio en San Antonio.

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