Georgia se suma a los estados que prohíben el aborto después de 6 semanas
Un tribunal admitió que entrara en vigor en Georgia una ley de 2019 que prohíbe el aborto y estaba suspendida, como resultado del fallo de la Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade
Activistas en defensa del derecho al aborto protestan en Santa Monica, California. Crédito: RINGO CHIU | AFP / Getty Images
WASHINGTON – Georgia se sumó este miércoles a los estados que prohíben el aborto más allá de las seis semanas, cuando un tribunal de apelaciones admitió que entre en vigor una ley de 2019 que había sido bloqueada, gracias al fallo del Tribunal Supremo que anuló la sentencia Roe vs Wade.
Según denunciaron este miércoles varias organizaciones no gubernamentales, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito emitió un fallo por el que la ley de Georgia entra en vigor este mismo miércoles, “una medida muy poco ortodoxa”, “en lugar de esperar el período normal de 28 días para que se emita el mandato oficial” según dijo el Centro de Derechos Reproductivos en un comunicado.
“El tribunal tomó esta medida por su cuenta, sin ninguna solicitud del estado y fuera de los procedimientos judiciales normales”, añadió esta organización.
Esta ley no solo prohíbe el aborto a las seis semanas de embarazo sino que también redefine el concepto “persona” para incluir un embrión o feto en cualquier etapa de desarrollo y afectará también a los médicos y su actuación ante el aborto espontáneo.
Así, habrá “sanciones penales draconianas” para los médicos que brinden atención ante un aborto espontáneo, a menos que la salud de su paciente ya se haya deteriorado hasta el punto de una “emergencia médica”, apuntó la organización.
La prohibición del aborto después de seis semanas, aprobada en 2019, fue bloqueada previamente por un fallo de la corte de distrito que la declaró inconstitucional.
Pero el Tribunal del 11° Circuito revocó esa decisión como consecuencia del fallo del Tribunal Supremo, que con una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres liberales, acabó con la protección federal del derecho al aborto, vigente desde 1973 gracias a la sentencia “Roe contra Wade”.
Hasta ahora en el estado de Georgia, gobernado por el republicano Brian Porter Kemp, el aborto era legal hasta las 21 semanas y seis días de embarazo, a partir del último período menstrual de la paciente.
“En solo unas pocas semanas, ya hemos visto que grandes franjas del sur eliminaron prácticamente todo el acceso al aborto”, denunció Alice Wang, abogada del Centro de Derechos Reproductivos.
Ahora, lamentó Wang, serán las georgianas quienes “se verán obligadas a viajar cientos de millas para acceder a la atención médica esencial si tienen los medios para hacerlo, o se verán obligadas a llevar a término sus embarazos y dar a luz en contra de su voluntad”.
“Es horrible que políticos y jueces extremistas hayan obligado a las personas embarazadas y a sus proveedores de atención médica a esta pesadilla. Continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para luchar por el acceso al aborto en Georgia y en todo el país para que todos tengan el poder de decidir si tener un hijo y cuándo”, apuntó por su parte Julia Kaye, del Proyecto ACLU de Libertad Reproductiva.
Según datos del Instituto Guttmacher, 25 de los 50 estados tienen restricciones considerables para acceder al aborto, 11 de ellos “fuertes restricciones”. En algunos casos, como en Texas, hay un veto total, según los últimos datos de la organización Planned Parenthood.
En un intento por paliar la decisión del Tribunal Supremo, el presidente Joe Biden firmó el 8 de julio una orden ejecutiva que daba poder a los departamentos de Salud y de Justicia para proteger el acceso a las píldoras anticonceptivas y permitir que las mujeres puedan viajar entre estados para acceder al aborto en territorios donde sí es legal.
Además la Cámara Baja, de mayoría demócrata, dio su visto bueno el pasado viernes a la protección del derecho al aborto con la aprobación de dos proyectos de ley cuya tramitación depende del Senado, donde los demócratas tienen una mayoría tan ajustada que necesitarían convencer a al menos diez republicanos para aprobar ambos proyectos de ley.
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