Juez ordena detener a 83 militares y policías ligados al caso Ayotzinapa
Los delitos por los cuales se giraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia
Crédito: Rodrigo Arangua | AFP / Getty Images
A poco más de un mes de que se cumplan ocho años del ataque contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el que desaparecieron 43 normalistas, las investigaciones avanzan y se liberan órdenes de aprehensión para presuntos implicados en el caso.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, girara 83 órdenes de aprehensión contra personas que tuvieron alguna participación en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Se trata de cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala; 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Los delitos por los cuales se giraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia, estos últimos tres delitos son los mimos por los cuales se detuvo el viernes 19 de agosto al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien dio voz a la “Verdad histórica”.
“Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice”, informó la FGR.
Un día antes de la detención de Murillo Karam, la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa presentó su más reciente informe, el cual señala que la desaparición de los normalistas fue un crimen de Estado, en cuya atención también ocurrieron errores institucionales por acción, omisión o negligencia.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fue el encargado de presentar el informe, en el que dijo que había un soldado infiltrado en la Normal Rural de Ayotzinapa, el cual desapareció junto a 42 normalistas.
De acuerdo al informe, el soldado Julio César López Patolzin estaba infiltrado en la Normal Raúl Isidro Burgos, con la encomienda de informar sobre las movilizaciones de los estudiantes.
Encinas agregó que los mandos militares no hicieron nada para buscar a su compañero, pese a que era su obligación.
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