“Hermano Ramón”, protector de mujeres y niños migrantes en Chiapas, se exilió en EE.UU. ante amenazas de muerte

Junto a los periodistas, los activistas y defensores de derechos humanos en México corren un gran peligro por las labores que realizan, y el ejemplo más reciente es el del “Hermano Ramón”, un hombre que protegía a mujeres y niños migrantes de criminales, y que tuvo que pedir asilo a Estados Unidos por las amenazas recibidas.

José Ramón Verdugo Sánchez llegó a Chiapas procedente de Sonora, y en ese estado realizó activismo en pro de los migrantes, quienes frecuentemente son víctimas de delincuentes e incluso de la policía.

En 2011 abrió el albergue “Todo por ellos”, en Tapachula, en el cual daba comida y techo a niñas, niños y adolescentes no acompañados que buscan llegar a Estados Unidos. Además compartía la palabra de Dios, de ahí su sobrenombre.

Después de varios años de asedio, amenazas, atentados y golpizas, el activista huyó a Estados Unidos el pasado mes de agosto. Para lograrlo tuvo la ayuda de las organizaciones Proyecto Florence, Ayuda Humanitaria del Comedor “Kino”, Casa Alitas, así como la iglesia episcopal y evangélica de Los Ángeles, California.

Una vez en territorio estadounidense se entregó a las autoridades migratorias, quienes de inmediato lo liberaron para que inicie el proceso legal de asilo afirmativo.

Asedio por activismo

El “Hermano Ramón” no solo brindaba apoyo a los migrantes mediante su albergue, también acompañaba a los menores de edad que habían sufrido abusos a manos de policías, además destapó redes de pederastas y de tráfico de personas.

Derivado de ello comenzó a ser asediado en 2013, y un año después, en 2014, su hija sufrió un intento de homicidio cuando alguien trató de atropellarla, por esa razón la mujer solicitó asilo en Estados Unidos.

En ese mismo año Ramón Verdugo fue incluido en el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos luego de que policías federales allanaron su propiedad.

En julio de 2022 le fue retirada la protección bajo el argumento de que tras un análisis de riesgos, se determinó que lo que él vivía no era resultado de su labor como activista.

El 15 de abril del 2019, Guardias Privados del Centro de Atención Integral del Tránsito Fronterizo ubicado en el municipio de Huixtla, golpearon al activista cuando documentaba el encarcelamiento de un grupo de cubanos en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

A mediados de este año el activista recibió nuevas amenazas, presuntamente realizadas por integrantes de la Mara Salvatrucha.

Tras estas advertencias comenzó a refugiarse en distintos estados de México, pero sus detractores continuaron hostigándolo, hackeando sus redes sociales y su teléfono para tratar de activar su ubicación.

Refirió también que tanto el albergue como su domicilio particular fueron allanados, y los responsables se llevaron sus archivos.

Una denuncia que quedó sin concretar fue contra Irene “S”, funcionaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal quien, según él, se ha dedicado a la compra-venta de niños y niñas migrantes.

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