Trabajadores sin documentos con mayor inseguridad económica en California: estudio

“Pregúntele a cualquier trabajador sin papeles que también haya trabajado en otros estados”, sugirió Antonio Martínez, “y, no, pues, ni se compara, porque aquí en California te dejan trabajar en paz”.

Martínez colocaba tejados en Texas y en el sur de Arizona cosechó frutas un verano; en el sur de California ha trabajado “de lo que encuentro, de lo que se ofrece” y aunque la renta le parece excesiva –“está de locos”—sus ingresos le alcanzan para cohabitar un departamento, para sus gastos y para remesa cada dos meses.

En el 2020 se contagió de Covid 19 y el año pasado tuvo una recaída. Sin trabajar esos periodos, salió adelante con préstamos de sus amigos y conocidos, platicó en una llamada telefónica.

Las circunstancias que Antonio Martínez, de 35 años, enfrenta en California son similares a las que viven cada día unos 150,000 trabajadores indocumentados o “trabajadores en situación irregular”, de acuerdo con un estudio de la Universidad de California.

El estado de California ha otorgado hasta ahora a los trabajadores irregulares licencias de conducir, servicios de atención médica, colegiaturas similares a las que tienen los residentes legales y los ciudadanos.

También tienen un “estado santuario” en el que la policía y los funcionarios tienen prohibido colaborar con agentes de migración, y una nueva ley les dará identificaciones oficiales, entre otras ventajas.

Pero también son los trabajadores que enfrentan la mayor inseguridad económica, los niños que dependen directa o indirectamente de ellos, por lo menos seis de cada diez en el estado, son menores de familias de bajos ingresos.

También enfrentaron inicialmente en la pandemia las condiciones más vulnerables y letales, y, aunque todos los residentes en California corren potenciales riesgos de desastres ambientales, el peligro es más latente en las áreas en las que habitualmente viven los inmigrantes que trabajan en condiciones irregulares o indocumentadas.

Esto es lo que encontraron los investigadores Edward Flores, Ana Padilla, Rodrigo Alatriste Díaz and Karina Juárez en la Universidad de California en Merced, en una averiguación que financió la Fundación California Endowment.

Los trabajadores irregulares son el seis por ciento de la fuerza laboral de California, pero desempeñan uno de cada 16 trabajos importantes y generan, por lo menos, $3,700 millones anuales en impuestos estatales y locales.

Esa cantidad se traduce en más de diez millones de dólares en impuestos todos los días del año.

Más de la mitad de los trabajadores irregulares ocupan puestos principalmente en fábricas, restaurantes y servicios de alimentación; construcción; en servicios profesionales, agricultura, comercio al menudeo y otros servicios.

Pero pese a que su aportación es considerable, “los trabajadores indocumentados enfrentan niveles mucho mayores de inseguridad económica; el doble de los que enfrentan los residentes legales y los ciudadanos”.

La mayoría de los trabajadores irregulares tiene ingresos que se consideran por debajo de un “salario digno”, concluyeron los investigadores.

Como consecuencia, “la mayoría de los niños que viven con al menos una familiar indocumentado experimentan inseguridad económica”.

En términos generales, el 61 por ciento de los niños que viven en hogares de trabajadores de condición irregular son menores de familias con ingresos por debajo del salario digno, de acuerdo con la UC; solo el 36 por ciento de los niños de familias con trabajadores regulares enfrentan esas circunstancias.

Por sus circunstancias, los trabajadores irregulares enfrentaron más riesgos y estragos por la pandemia, y cuando menos al inicio, en el 2020, fue más probable que llevaran el virus a sus hogares.

El estudio también aclara que “California se enfrenta al mayor riesgo de grandes desastres ambientales, incluidos incendios forestales e inundaciones. Si bien el riesgo es alto en casi todos los condados, es más en aquellos con tasas más altas de trabajadores no ciudadanos”, es decir las áreas donde hay más fuerza laboral irregular.

El análisis de la UC Merced habría servido para influir en que el gobernador Gavin Newsom aprobara la semana pasada una ley estatal que otorgara seguro por desempleo a los trabajadores irregulares, pero el gobernador vetó la propuesta porque, dijo, el presupuesto para financiar una ley como esa depende de la legislatura, no de él.

Aunque el tema de la inmigración irregular está nuevamente al centro de plataformas electorales republicanas, en California los candidatos de ese partido se han abstenido de hacer campañas antiinmigrantes.

El representante ante la legislatura de California por parte de la Federación para la Inmigración Americana, una organización sin fines de lucro opuesta a la inmigración irregular, David Jaroslav, dijo que su grupo está en desacuerdo con el apoyo a los trabajadores indocumentados.

El representante explicó que otorgar beneficios a los trabajadores irregulares “contradice la ley federal de migración”, aseguró que los pagan los contribuyentes y que, por tanto, son aportaciones que merecen invertirse en otras áreas.

Advirtió que en tanto California otorgue beneficios a los trabajadores irregulares, actuará como un imán para que lleguen más migrantes.