Trabajadores que denunciaron masiva redada de ICE en 2018 podrían recibir más de $1 millón como compensación
El acuerdo preliminar aprobado cerraría una demanda presentada por trabajadores hispanos que fueron detenidos sólo por el color de su piel en una gran redada realizada por ICE en Tennessee
Crédito: John Moore | Getty Images
Un juez federal aprobó preliminarmente el miércoles un acuerdo colectivo que cerraría una demanda civil presentada por National Immigration Law Center y Southern Poverty Law Center, que impugnó una redada de ICE realizada en abril de 2018 que tuvo lugar en una planta procesadora de carne en el este de Tennessee.
El acuerdo otorga más de $1 millón de dólares a los trabajadores detenidos en la redada, ocurrida el 5 de abril de 2018 en una planta empacadora de productos cárnicos en Tennessee, que fue, en ese momento, la redada más grande en un lugar de trabajo en casi una década.
Los demandantes alegan que agentes armados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Impuestos Internos (IRS) tomaron como objetivo ilegalmente a los trabajadores latinos para sujetarlos a detención, fuerza excesiva y arresto falso.
La querella legal alega que los agentes federales usaron tácticas militares y detuvieron a trabajadores y trabajadoras debido al color de su piel y su apariencia.
De acuerdo con documentos presentados en corte, los agentes violaron los derechos constitucionales de los trabajadores por una detención basada únicamente en un perfil racial y sin que hubiese una causa probable. En la demanda se señala que, a diferencia de los trabajadores hispanos, los trabajadores blancos no fueron arrestados ni acorralados por policías fuertemente armados.
“No puedes llegar y solo arrestar a alguien basado en que se mira como latino. No había una causa probable para arrestarlos y ICE lo hizo de todas formas”, declaró Michelle Lapointe, abogada sénior del National Immigration Law Center.
El Tribunal del Distrito Este de Tennessee concedió la moción de los demandantes y de los demandados individuales para aprobar preliminarmente la resolución de las demandas colectivas contra los agentes federales del IRS y el DHS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), informó en un comunicado el Southern Poverty Law Center.
Los miembros de la clase son aproximadamente 100 trabajadores latinos que fueron detenidos durante la redada en el lugar de trabajo.
El Tribunal ordenó a los abogados de la clase que notifiquen a los miembros de la clase sobre sus derechos en virtud del acuerdo. Los miembros de la clase deben presentar formularios de reclamo dentro de los 90 días posteriores a la recepción del aviso del acuerdo para reclamar sus beneficios.
El acuerdo también resuelve los reclamos de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravio (FTCA) de seis demandantes individuales contra los Estados Unidos.
En agosto, el Tribunal certificó el caso como una demanda colectiva en una decisión que sentó un precedente, allanando el camino para una amplia reparación colectiva por la vigilancia policial ilícita y el perfilado racial alegados en la demanda.
Según el acuerdo de $1,175 millones de dólares, los miembros de la clase recibirán un total de $550,000 dólares y, previa solicitud, una carta de ICE que confirme su membresía en la clase que se puede incluir en cualquier solicitud de alivio de inmigración.
El acuerdo también requiere que Estados Unidos pague $475,000 dólares a los seis demandantes individuales para resolver sus reclamos de la FTCA, incluida la fuerza excesiva y el arresto ilegal, y $150,000 dólares en honorarios y gastos de abogados a SPLC y NILC. El Tribunal ha programado una audiencia de aprobación final para el 27 de febrero de 2023.
Meredith Stewart, abogada supervisora sénior del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center, dijo: “Este acuerdo marca un momento histórico para los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos. Los trabajadores latinx se opusieron a los agentes federales que los atacan por su origen étnico. Este acuerdo sin precedentes, una vez finalizado, mostrará a los agentes del orden público que existen consecuencias por la vigilancia policial ilegal y la discriminación racial, incluso cuando están dirigidas a trabajadores inmigrantes de bajos salarios. La resolución de este caso restablece una medida de justicia a los trabajadores y reafirma los derechos de todos los trabajadores de este país”.
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