Qué es la acción discrecional de ICE contra inmigrantes que es clave en la Corte Suprema sobre deportaciones

La semana pasada, la Corte Suprema escuchó los argumentos orales sobre las prioridades de deportación del presidente Joe Biden, la cuales buscan enfocarse en los inmigrantes indocumentados con récord criminal, apelando la acción discrecional de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los demandantes, los estados republicanos de Texas y Louisiana, piden a la Corte Suprema que los agentes migratorios deben detener a “cualquier indocumentado”, ya que de lo contrario se estaría violando la ley migratoria.

Como parte de los cuestionamientos del juez Brett Cavanaugh, la procuradora general federal, Elizabeth Prelogar, alertó que en caso de que la Corte Suprema decidiera en contra de las prioridades migratorias de la Administración Biden, eso obligaría a la agencia a deportar a todos los inmigrantes, lo cual resultaría imposible.

“Juez Cavanaugh, usted preguntó cuáles serían las consecuencias… si este tribunal realmente dijera que desplazará toda discreción de ejecución [migratoria], entonces el DHS estaría bajo la obligación judicialmente exigible de tomar medidas de ejecución contra cualquier persona”, advirtió Prelogar en la audiencia del lunes pasado.

La procuradora general señaló también que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tendría posibilidad, incluso, de enfocarse principalmente en aquellos inmigrantes con récord criminal.

“Eso significa que no tendríamos los recursos o la capacidad para perseguir a las personas que son amenazas para la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza”, expuso Prelogar.

Sin embargo, expertos en inmigración destacan que los oficiales de campo y administrativos de ICE y otras agencias migratorias, como Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), aplican la “discreción procesal” como parte de su trabajo cotidiano.

“La Administración Biden, al igual que las administraciones anteriores, ha intentado usar la discreción procesal para determinar cómo y dónde se asignan los recursos gubernamentales para hacer cumplir la ley de inmigración”, expone el American Immigration Council.

Los expertos reconocen, sin embargo, que algunos estados han utilizado con éxito los tribunales federales para influir en la política federal de inmigración, lo que ha abierto la puerta a nuevos desafíos.

“La Corte Suprema ahora tiene la oportunidad de defender la autoridad de largo tiempo del Gobierno federal para definir sus propias prioridades de cumplimiento y seleccionar a quién priorizar para la deportación”, indica esa organización civil.

Cómo aplica la discreción procesal

Ante los límites de recursos, las diversas agencias migratorias pueden aplicar la llamada “discreción procesal”, eso ocurre con ICE, USCIS, incluso con los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Patrulla Fronteriza.

“La discrecionalidad procesal… determina si el gobierno buscará la ejecución en un caso, las decisiones iniciales las toman los oficiales de inmigración asignados al caso”, exponen los expertos del Immigration Policy Center (IPC).

Los oficiales toman la decisión sobre los inmigrantes a perseguir emitiendo un Aviso de Comparecencia (NTA, en inglés), el cual inicia formalmente los procesos de deportación de una persona señalada por violar las leyes migratorias.

Ese documento permite dar seguimiento a las siguientes acciones, es decir, la detención de la persona y su proceso formal de deportación, aunque el inmigrante tendría posibilidad de defenderse a través de un abogado.

En el caso de ICE, la especificación de la “discreción procesal” fue marcada por el exdirector John Morton, quien el 17 de junio del 2011 emitió un memorando sobre cómo aplicar la detención de inmigrantes, considerando distintos factores, es decir, tomar decisiones caso-por-caso.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, confirmó la decisión y emitió un memorando a todas las divisiones del DHS para que sus oficiales se enfocaran en la detención de personas que fueran las “más peligrosas” para el país.

En septiembre del 2021, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sigue una orden del presidente Biden y marca las prioridades de deportación enfocadas en considerar todas las circunstancias de un inmigrante, no solamente el hecho de que sea indocumentado.

Una decisión de la Corte Suprema en contra de la aplicación de esa “discreción procesal” complicaría las acciones de ICE y la situación de los inmigrantes indocumentados, incluso si no tienen récord criminal o alguna falta administrativa.

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