“Los condados del terror nos quitaron la ropa solo por ser indocumentados”

En el tiempo en que Natalio Reyes llegó a Georgia todo era miel sobre hojuelas. Las autoridades se habían comprometido a organizar la mejor olimpiada de todos los tiempos en Atlanta pero cumplir la promesa requería de personal humano con el que no contaban en 1996 y por eso se hicieron de la vista gorda, los papeles pasaron a segundo plano, los contratos llovieron y el evento se consolido con éxito excepto por un pequeño detalle.

¿Qué hacemos con los indocumentados?, se preguntaban en medio de la resaca tras la fiesta deportiva internacional

La respuesta fue clara y contundente: ¡Echarlos!

¿Cómo? A punta de leyes y acoso, racismo y desprecio, recuerda Natalio Reyes quien vivió en carne propia el proceso, paso a paso, golpe a golpe.

“Las cosas se pusieron así: si llevabas vidrios polarizados te detenían, si no tenias luz en la placa trasera, te detenían, si se te descomponían las luces, te detenían. Llegaba la policía y no te preguntaba si necesitabas ayuda, solamente te preguntaba si eras ciudadano o residente y si no tenías licencia de conducir te detenían y quienes no tenían las licencias eran principalmente los indocumentados que construyeron toda la infraestructura para las olimpiadas”, recuerda Natalio Reyes.

En 1996, el congreso estadounidense enmendó la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Agregó la sección 287(G) que autorizó a los estados y localidades a celebrar acuerdos con el gobierno federal, por lo cual, daría autoridad a los funcionarios estatales y locales para arrestar y detener a personas acusadas de violar las leyes federales de inmigración.

Los estados y localidades que estuvieron de acuerdo con esta adición a la Ley de Inmigración y Nacionalidad recibieron capacitación especial y la supervisión requerida por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Georgia fue uno de estados que solicitó esa capacitación.

“Empezó un tiempo de miedo y estrés difícil de soportar y del que no hemos salido totalmente: hace dos años yo decidí mejor irme de Atlanta, resistí, pero era muy feo. Ahora vivo en Tennessee”.

De acuerdo con abogados y activistas, la firma de acuerdos por parte del gobierno federal con las agencias policiales estatales y locales permitió que tanto inmigrantes legales como los ilegales fueran susceptibles de explotación por el poder otorgado a las fuerzas del orden para ejercer el papel del  Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A partir de octubre de 2008, ICE informó que inscribió a 67 agencias y capacitó a 951 agentes del orden público estatales y locales a pesar de las denuncias de que programa carece de objetivos documentados y falta de supervisión, lo cual permite que las fuerzas del orden locales actúen por instinto y prejuicios personales sin temor a las consecuencias.

Rogelio Arizmendi, un migrante quien pidió omitir más detalles de la ciudad en donde vive, dijo en entrevista con este diario que a él lo detuvieron hace cinco años en Cobb por no tener licencia de conducir y en ahí lo obligaron a desnudarse. Natalio Reyes, cuenta que la esposa de un familiar quien cayó presa en un retén (también por falta de licencia) la llevaron a Smirla y ahí le quitaron la ropa y le hicieron una revisión como si fuera médica. Luego la deportaron a Nuevo Laredo, donde vive actualmente.

Las redadas en los centros de trabajo también fue una realidad hasta poco antes de la pandemia, antes de que hubiera una crisis por falta de personal. De igual forma, la vigilancia carretera. En la 75 norte, cerca del viejo estadio de los Bravos de Atlanta, detuvieron a un amigo de Reyes sólo por ir dos millas arriba del límite y ya no lo llevaron al centro de detención sino directo al avión.

“Los condados del terror contra migrante en EE.UU deben pagar el costo de los abusos”, detalla Natalio Reyes.

Adriana Helleneck, abogada activa en mitigación en casos de pena de muerte y mediadora en EEUU considera que Georgia aún sigue siendo uno de los estados más racistas y discriminatorios, pero se ha avanzado.

Victor Hill, el ahora ex alguacil del condado de Clayton condenado en octubre en un juicio federal por abuso de reclusos, por ejemplo, ya no puede trabajar como agente de la ley en Georgia por amarrar a los detenidos e impedirles movilizarse. Su sentencia final será en febrero próximo.

“El caso de Clayton es interesante porque fallaran a favor de las víctimas, las acciones de la policía en algún momento como amarrar a persona o limitarla a que vaya al baño crea un antecedente para que la gente no se quede callada porque le da miedo hacer la denuncia”, detalla la abogada.

“Yo me encuentro en el día a día con situaciones similares pero que no quieren denunciar porque en general la dinámica de los políticos en los estados más antiinimigración es tratarlos como ciudadanos de segunda y Estados Unidos no sería lo que es sin los migrantes, sin embargo, aún hay muchos condados que siguen con las mismas políticas”.

En los últimos tiempos, algunos afectados sí se han animado. Jesús Eberth Martínez, es uno de ellos. Su demanda legal está en marcha. Su caso inició cuando, al leer el parte policíaco de cómo el padrastro de su hijo había abusado reiteradamente del menor hasta darle muerte de un golpe severo en la cabeza en el mes de septiembre de 2012 en el condado de Newton, su dolor se torno en violencia y golpeó la pared de su casa.

Su mujer sorprendida llamó al 911 tratando de buscar ayuda y oficiales del condado de Gwinnett llegaron hasta su apartamento de Duluth y lo arrestaron. Cuando llegaron a la cárcel de Gwinnett lo llevaron a un calabozo donde lo desnudaron, le amarraron con una camisa de fuerza. Por ayuda de abogados no lo deportaron, pero el dolor del encierro permanece.

También permanece entre muchos otros que sí fueron deportados y ahora no pueden regresar para reclamar. “Están en México, tratando de rehacer su vida, pero creo que alguien debería ayudarlos a reclamar por esos abusos”, dice Reyes.

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