La lucha contra los pozos petroleros urbanos no termina
Las empresas petroleras luchan por suspender una ley que prohibe nuevos pozos petroleros en zonas urbanas. Expertos y activistas explican.
(Photo by Mario Tama/Getty Images) Crédito: Mario Tama | Getty Images
En una reunión para divulgar las tareas de organizaciones comunitarias en defensa del medio ambiente, Tzunu Strategies y la Energy Foundation presentaron la semana pasada una rueda de prensa de medios étnicos hispanos californianos.
El panel consistió de: Catherine Garoupa, Directora Ejecutiva de la Coalición de Calidad del Aire del Valle Central (CVAQ); Mabel Tsang, co-directora ejecutiva interina de California Environmental Justice Alliance (CEJA), Amee Raval, Directora de Política e Investigación, Red Ambiental del Pacífico Asiático (APEN) y Cesar Aguirre, Director de la Oficina del Condado de Kern de la Red de Justicia Ambiental de California Central (CCEJN).
Pozos de petróleo cerca de casa
En el estado de California tiene lugar un duelo de titanes por el futuro del aire que respiramos y el agua que consumimos. Es una lucha entre las corporaciones que por décadas han hecho negocios en los que se juega la salud de la comunidad, y los gobiernos y organizaciones que finalmente han avanzado en el camino para recuperar el control.
Se trata, más específicamente de los miles de pozos de petróleo de todos los tamaños que pululan en nuestros centros urbanos, especialmente en Los Ángeles y sus alrededores.
Estos pozos causan mayor incidencia de defectos de nacimiento, infertilidad y abortos espontáneos, un mayor riesgo de aborto espontáneo, cáncer de próstata, defectos de nacimiento y disminución de la calidad reproductiva, todo por la exposición a la extracción de petróleo y gas. En otros estados los estudios relacionaron “la extracción de petróleo y gas con un mayor riesgo de leucemia en los jóvenes”.
En la reuníon de prensa, la activista Mabel Tsang de CEJA (California Environmental Justice Alliance) trajo como ejemplo de los problemas causados a la comunidad en la ciudad de Wilmington.
En la sesión que terminó en septiembre pasado la Legislatura aprobó y el gobernador Gavin Newsom firmó un paquete de leyes de medio ambiente que incluyen la The California Climate Crisis Act (AB 1279), una codificación de la meta del estado para llegar a cero neto para 2045, un marco para la implementación de tecnologías de captura de carbono y disposiciones de protección ambiental (SB 905) y la SB1137.
Esta última, que se convirtió en ley el 16 de septiembre de 2022, prohíbe nuevas excavaciones a menos de 3200 pies de zonas habitacionales, incluyendo viviendas, escuelas, guarderías, parques, centros de salud, recursos comunitarios, centros de detención y negocios abiertos al público y dispone de métodos para limitar el daño causado por los pozos existentes, mediante “normas específicas de salud, seguridad y medio ambiente”.
Sus autores fueron las senadoras estatales Lena A. González y Monique Limon.
La ley aborda un problema de salud concentrado en Los Ángeles, que constituye el campo petrolero urbano más grande del país. Son unos 1,300 pozos de petróleo y gas que están por todas partes, pero especialmente cerca de donde viven las personas de color: afroamericanos y latinos. De ellos, 700 están activos. En todo el estado, según un informe de 2021, hay 5,000 pozos en funcionamiento, en donde el 92% de los 1.8 millones de pobladores que viven a menos de una milla de un sitio de extracción pertenecen a estas comunidades.
“Lograr los objetivos climáticos de California es esencial, pero la forma en que logramos esos objetivos es muy importante. Al garantizar un requisito de retroceso para minimizar los impactos de la contaminación de los pozos de petróleo, California ha dado un paso importante en la dirección correcta”, dijo un portavoz del Fondo de Defensa del Medio Ambiente (EDF).
Hasta este momento, California es uno de los pocos estados productores de petróleo y gas sin requisitos mínimos de distancia entre los hogares y los sitios de combustibles fósiles.
No están solos
Complementa esta ley una ordenanza aprobada el 2 de diciembre de 2022 por el concejo municipal de Los Ángeles de eliminar gradualmente la perforación de petróleo y gas. Y de la Junta de Supervisores del Condado ya había aprobado en septiembre una ordenanza similar que atañe a las zonas no incorporadas a ciudades.
En Los Ángeles, el anterior alcalde Eric Garcetti ya había declarado en abril de 2021 una moratoria de nuevos pozos petroleros. La ciudad también participa en el presupuesto federal que el paquete de gastos de infraestructura federal destinó para la limpieza de pozos de petróleo, para un total nacional de $4,700 millones de dólares.
Sin embargo, no es una victoria total. Se pondrá en efecto en su totalidad recién en enero de 2025. La ley no impone el cierre de los pozos existentes sino que prohíbe la excavación de nuevos. Y si bien no se emitirán ya nuevos permisos de perforación, algunas empresas tendrán 20 años para cerrar sus actividades.
Además, en los meses subsiguientes a la aprobación de la ley, se registró un marcado aumento en el número de licencias para nuevos pozos petroleros en zonas residenciales emitidas por el gobierno estatal.
La semana pasada, el funcionario de California responsable de supervisar la industria del petróleo y el gas, como director de la División de Gestión de Energía Geológica de California,
renunció inesperadamente. Según FoxNews, defensores del medio ambiente “especulan” que Uduak-Joe Ntuk enfrentó presiones para renunciar después de supervisar el aumento reciente en los nuevos permisos de perforación.
“La división”, dice la fuente, “anteriormente llamada División de Petróleo, Gas y Recursos Geotérmicos, había enfrentado durante mucho tiempo críticas de que era demasiado cómoda con la industria que regulaba”.
La amenaza del referendo
Pero la peor amenaza para la meta de dar fin a los pozos petroleros en nuestros patios es la iniciativa de referendo lanzada por las petroleras y que intentan presentar ante los votantes en 2024.
La Asociación Independiente del Petróleo de California está luchando contra la ley estatal reuniendo firmas para una petición para “detener el corte de energía”. De hecho, la petición pide un referéndum sobre la SB-1137.
El problema es que una vez que los organizadores presenten al estado el número requerido de votantes registrados que firmen la petición y se presenten a tiempo, la SB-1137 no entrará en vigencia a menos que el referendo sea rechazado en 2024. Es decir, ni siquiera tienen que ganar unas elecciones en 2024 para detener la implementación. E incluso si pierden ese referendo, habrán ganado más de dos años de contaminación de las zonas residenciales.
El costo para lograr esa suspensión es mínimo comparado con sus ganancias, y se calcula en 20 millones de dólares. Esto causa alarma en los grupos de medio ambiente convocados en la rueda de prensa, para quienes la lucha contra los pozos petroleros urbanos todavía no termina.
En un editorial que critica fuertemente a las petroleras, el Los Ángeles Times dijo el 20 de octubre pasado: “Es importante tener en cuenta que los proponentes del referéndum, que tienen hasta el 15 de diciembre para recolectar 623,212 firmas válidas, obtendrían una victoria significativa con solo calificarlo para la boleta electoral. La ley, que está programada para entrar en vigencia el 1 de enero, se suspendería durante casi dos años hasta que los votantes decidan su destino en la boleta electoral de noviembre de 2024.”
Impuesto a ganancias extraordinarias
El segundo tema tratado en la conferencia de prensa fue iniciativa del gobernador de California Gavin Newsom y la consideración de la legislatura de una sanción por aumento de precios a las compañías petroleras que se beneficiaron el año pasado de aumentos récord de precios.
Si se implementa este plan, se tratará de un impuesto directo a las ganancias de los inversionistas petroleros, promulgado de manera tal que no puedan aumentar el precio de sus productos.
Es un castigo por su especulación de precios.
Según Anee Ravel de la organización APEN (Asian Pacific Environmental Network), cuando los precios de la gasolina subieron por encima de los 6 dólares el galón, las petroleras tuvieron ganancias récord, y en California, por la estructura de los precios, 30% más que en el resto del país. “Este castigo”, recalcó, “es crucial para que haya rendición de cuentas”.
“Han lucrado por generaciones a costa de nuestra salud y de la crisis climática”, destacó.
César Aguirre, un organizador de base en Bakersfield, detalló la situación en la comunidad y cómo cada momento que pasa sin solucionarse, el problema se agrava.
Los activistas no presentaron números respecto al calendario de aprobación de este impuesto, el porcentaje que gravará sobre las ganancias y la manera de colectar.
De todos modos, se trata de “un impuesto diseñado para obtener ganancias por encima de una tasa normal de rendimiento de la inversión o por encima de las ganancias promedio durante un período de referencia”.
