Editorial: En defensa de la educación pública

En 1954, cuando la Corte Suprema prohibió la segregación en las escuelas, en su decisión Brown v. Board of Education of Topeka, nació el concepto de vales educativos (vouchers). En muchos distritos las autoridades cerraron o abandonaron las escuelas públicas y suministraron fondos para la educación privada de los alumnos blancos. 

Desde entonces los “vouchers” han adoptado diversos nombres. Actualmente se llaman Education Saving Accounts (ESA). Permiten a los padres retirar a sus hijos del distrito público y recibir un depósito de fondos públicos en cuentas de ahorro.

Es otra forma de lo mismo: pagar a establecimientos educativos privados con dinero de los contribuyentes. 

En muchos casos, las escuelas privadas, concentradas en centros urbanos,  no tienen que contratar maestros con licencia, su plan de estudio carece de requisitos y pueden elegir a los estudiantes que admiten. Su sistema de rendición de cuentas, si existe, es limitado. 

El impulso para la privatización de la educación creció durante la presidencia de Donald Trump. Pero sigue avanzando incluso ahora, en los estados dominados por los republicanos. 

Quienes se perjudican son las familias de bajos ingresos, la comunidad afroamericana y la comunidad latina. 

Quienes se benefician son grupos empresariales y cadenas de escuelas privadas, y sus representantes, como Americans for Prosperity (AFP), un grupo respaldado por el billonario Charles Koch.

Los estudios no muestran mejoras en el nivel de aprendizaje de los alumnos en aquellas escuelas. 

Este proceso ya es parte de la incesante campaña electoral. 

La pandemia creó una “tormenta perfecta” para los republicanos enemigos de la educación pública, aprovechando las frustraciones por el cierre de las escuelas. Le agregaron temas de “guerra cultural” como la enseñanza de la raza o los derechos de los niños transgénero; la educación es hoy un importante foco en las campañas electorales republicanas. 

A esto se le agrega que durante años, los distritos escolares en numerosos estados han recortado sus presupuestos, con el consiguiente deterioro en la calidad de la educación. 

Ahora, gobernadores republicanos de todo el país ponen las cuentas de ahorro para la educación privada en el centro de sus agendas legislativas.

La semana pasada, el estado de Iowa se unió a West Virginia y Arizona como estados que dan dinero público a todos los estudiantes de escuelas privadas sin supervisión ni rendición de cuentas. 

En Virginia, el gobernador Glenn Youngkin logró su puesto apoyando la educación privada como un “derecho fundamental” de los padres a participar en la educación de sus hijos.

Es un argumento atractivo. 

En Florida, el estado líder en la privatización desde 2014,  el gobernador Ron DeSantis, amplió la elegibilidad para recibir el “voucher”; mientras, avanza en su legislatura la ley Universal Voucher, HB1, según la cual todos los padres de niños en escuelas públicas serían elegibles para recibir ese cupón. 

En Arizona el entonces gobernador Doug Ducey firmó una ley similar antes de perder las elecciones a una demócrata en noviembre pasado. 

En Utah una propuesta de ley, la HB215, hará lo mismo. Enfrenta oposición de los sindicatos de docentes, distritos escolares y hasta organizaciones de padres. 

En otros estados, obstáculos legales han descarrilado estos programas. En Kentucky, la Corte Suprema estatal encontró inconstitucionales las “cuentas de oportunidades educativas”. La ley estatal, dijo,  permite que fondos públicos se gastaran solo en escuelas públicas. El año pasado, la Corte Suprema de Nevada prohibió incluir la ESA en la boleta electoral, calificándola de “mandato sin fondos”.

En otros estados emerge la defensa de la educación pública. 

En Minnesota el gobernador Tim Walz ha propuesto miles de millones para reponer los presupuestos de educación pública, principalmente educación especial y servicios para la enseñanza del inglés. 

En California, la propuesta de “Financiamiento Estatal de Educación Religiosa y Otras Escuelas Privadas” no logró suficientes firmas para aparecer en la boleta electoral. En Nueva York, si bien el nuevo alcalde Eric Adams defiende las escuelas chárter, no prospera ninguna medida de privatización. 

En Michigan fracasó la iniciativa “Let MI Kids Learn”, financiada por la ex secretaria de Educación de Trump, la billonaria Betsy DeVos. 

La lucha para que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad es encarnizada. Pasa por implementar estándares estatales y aumentar los fondos para la capacitación de los maestros; reducir la cantidad de alumnos por clase, ampliar la educación complementaria. 

Pero los planes de privatización por medio de vouchers sacan a los mejores estudiantes de las escuelas públicas. Utilizan los escasos fondos de las escuelas públicas, que atienden al 90% de los estudiantes, para escuelas privadas que no rinden cuentas a los contribuyentes.