Supervisores extienden protecciones contra desalojo para inquilinos afectados por covid-19

La Junta de Supervisores aprobó esta semana ampliar las protecciones de desalojos por covid-19 para los inquilinos, y promover programas de asistencia de alquiler para inquilinos y propietarios.

Esta moción de las supervisoras Hilda Solís y Lindsey P. Horvath extiende hasta finales de marzo las protecciones existentes contra los desalojos por falta de pago del alquiler debido a covid a los inquilinos de bajos ingresos y para ocupantes no autorizados y mascotas.

Dichas protecciones buscan mitigar el impacto devastador de covid-19 en el mercado inmobiliario.

“Todos reconocemos que la pandemia de covid-19 interrumpió drásticamente en nuestras familias y nuestra economía al tiempo que impactó desproporcionadamente a los más vulnerables. Con ese fin, debemos liderar con compasión para evitar que las personas caigan en la falta de vivienda”, dijo la supervisora Solís.

“Si bien estoy profundamente decepcionada de que toda la Junta de Supervisores no apoyó una extensión de seis meses a nuestras protecciones de desalojo de emergencia, sigo comprometida a abordar la crisis que tenemos ante nosotros”. 

Precisó que la moción aprobada protegerá contra los desalojos ilegales derivados de mascotas e invitados no autorizados, y también identifica $5 millones del Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible del Condado y/o de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense para apoyar a los pequeños propietarios de vivienda. 

La supervisora Lindsey P. Horvath, dijo que con la magnitud de las personas que aún se enferman, siguen sin trabajo y muriendo a causa de esta emergencia, es esencial que mantengamos a las personas en viviendas estables. 

“Las protecciones continuas y ampliadas son fundamentales tanto para los inquilinos como para los propietarios, y el costo y las consecuencias de no hacer nada serán terribles. Simplemente no podemos darnos el lujo de abandonar a nuestros residentes más vulnerables que enfrentan estas crisis agravadas”.

Días atrás, el Concejo de la Ciudad de Los Ángeles había votado de manera unánime por nuevas protecciones para los inquilinos justo a pocos días de que expiraran el 1 de febrero.

Los principales componentes de las protecciones municipales son:

• Causa justa universal: Todos los inquilinos de la ciudad ya no enfrentarán el desalojo a menos que haya una “causa justa”, como falta de pago del alquiler, violaciones documentadas del contrato de arrendamiento, mudanzas del propietario u otras razones específicas. Estas protecciones ya estaban vigentes para los inquilinos que vivían en unidades de alquiler construidas antes de 1978, pero la nueva disposición se extenderá a 400,000 nuevos hogares adicionales que viven en edificios más nuevos. Las protecciones por causa justa entrarán en vigor después de seis meses o cuando expire el contrato de arrendamiento, lo que ocurra primero. En los casos en que los propietarios desalojen a los inquilinos sin una causa aprobada (lo que se denomina desalojo “sin culpa”), el propietario debe pagar los costos de reubicación del inquilino.
• Asistencia de reubicación para inquilinos sujetos a grandes aumentos de alquiler: En los casos en que un propietario aumenta el alquiler de una unidad sin control de renta en más del 10 %, esta nueva política exige que le pague al inquilino los gastos de reubicación. Esta política está diseñada específicamente para combatir la especulación de rentas en los casos en que el control de rentas no se puede hacer cumplir. 
• Mínima cantidad permitida por falta de pago de desalojos: los propietarios no podrán desalojar a los inquilinos que se atrasen solo un poco en el alquiler. El desalojo solo se permitiría si la falta de pago supera el valor de un mes de alquiler justo en el mercado (actualmente $1,747 para una habitación, $2,222 para dos habitaciones).
• Mascotas e inquilinos adicionales: Los compañeros de cuarto y las mascotas adoptadas durante la pandemia no autorizadas por los propietarios o en violación de un contrato de arrendamiento o alquiler podrán permanecer en el lugar por otro año. El Concejo aprobó una extensión hasta el 30 de enero de 2024.

Reacciones

Sarah Beatriz López, una inquilina que el año pasado tuvo problemas para pagar la renta de su departamento en Van Nuys, logró que el Estado la apoyara con el pago de tres meses de renta a través del Fondo de Alivio para Covid-19 de California, cuyos recursos ya se agotaron.

“Estas nuevas protecciones son buenas a medias. En realidad son insuficientes. No me quitarían la preocupación si estuviera pasando por la situación que viví el año pasado cuando no pude pagar mi renta debido a que me quedé sin empleo por la pandemia”.

Dijo que entendía la parte de los pequeños propietarios que rentan sus casas o departamentos, pero tampoco es justo que se castigue la pobreza por una pandemia que no fue creada por los inquilinos.

Ana Rosa Gutiérrez y su esposo Víctor Gutiérrez alquilan una casa en el este de Los Ángeles. 

“Por fortuna la pareja a la que rentamos la casa, siempre nos han pagado puntualmente desde 2010 cuando se mudaron a vivir a nuestra propiedad”.

Eso sí, Ana Rosa comentó que a sus inquilinos no les gustó cuando se vieron obligados a aumentarles la renta. 

“Les subimos $25 después de 4 años de cero incrementos, y no quedaron contentos, dijeron que nos iban a demandar y que se cambiarían. Yo les dije que hicieran lo que mejor les conviniera”.

Dijo que ellos también han sido inquilinos, y por lo mismo tratan de ser muy conscientes con la pareja a la que le renta su casa. 

“No conocemos a detalle las nuevas protecciones del condado, pero ojalá que no tengamos que recurrir nunca a un desalojo ni a solicitar ninguna ayuda del gobierno porque nuestros inquilinos no puedan pagar su renta”.